Aumentan acciones paramilitares en Colombia

Precisamente el 9 de mayo de 2017 fueron capturados en el  municipio de Arauca once (11) personas, nueve de ellas provenientes de Antioquia, una de la Costa y una araucana. La Policía les incautó armas de fuego, municiones y tres motocicletas de alto cilindraje, quienes fueron dejados en libertad por un Juez de control de garantías al parecer por fallas en el procedimiento de captura.

Sonia López presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel  Sierra expresó que “este hecho sucede, luego de haber alertado sobre las amenazas contra dirigentes sociales, como es el caso del compañero José Vicente Murillo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y la señora Yudith Rodríguez Cuenza del movimiento comunal en el municipio de Arauca”.

A esta situación se suman las denuncias de pobladores de la vereda Las Galaxias municipio de Tame, acerca de presencia de paramilitares que se desplazan en camionetas desde la sabana de Cravo Norte.

Frente a esta situación hay un absoluto silencio por parte de las autoridades civiles, militares y policiales en el departamento de Arauca, quienes no se han pronunciado respecto de la captura y posterior puesta en libertad de estos sujetos.

“No entendemos cómo es posible que a pesar de la gravedad que encierra que un grupo de personas armadas que además no son de la región y se transportaban en motocicletas de alto cilindraje, hayan quedado en libertad” expresó Sonia López.

López crítico a la justicia colombiana afirmando que “es un sistema  eficaz para judicializar a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, pero no lo es en casos como este en que se incautan elementos letales”.

En el departamento de Arauca en años anteriores  el eje del paramilitarismos contó con  la participación directa de la fuerza pública, líderes políticos y empresas transnacionales. Esto significó más de dos mil (2.000) personas asesinadas. También la utilización de recursos públicos para financiar a ese grupo.

El movimiento social y las organizaciones defensores de derechos humanos esperan que el Estado adopte las medidas necesarias para que no se repita la historia de sangre y dolor en el territorio araucano.