Estado se responsabiliza por el asesinato de Vicky Hernández
En marzo del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que había suficientes indicios para responsabilizar al Estado de Honduras por la muerte violenta de Vicky Hernández, mujer y activista del Colectivo Unidad Color Rosa.
Catorce meses después, durante un acto público realizado en San Pedro Sula, el Estado reconoció y aceptó su responsabilidad.
Vicky Hernández fue ultimada por integrantes de la fuerza pública la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras el país sufría un sangriento golpe de estado.
El caso nunca fue investigado a nivel nacional y quedó en total impunidad.
Tres años más tarde, ante la inoperancia del sistema de justicia hondureño, la Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights, en representación de la familia de Vicky, presentaron una demanda en contra del Estado.
Finalmente el caso fue elevado hasta la Corte IDH que dictó una sentencia histórica: la primera en un caso de transfemicidio.
En la sentencia, los jueces resolvieron que Honduras es responsable por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal y a una vida libre de violencia, así como al derecho a la libertad personal, privacidad, libertad de expresión y al nombre.
Como su asesinato no fue investigado con la debida diligencia, la Corte IDH concluyó que también se vulneraron los derechos a las garantías al debido proceso y a la protección judicial.
Por último, los jueces declararon que Honduras violó el derecho a la integridad personal de los familiares de Vicky Hernández.
El órgano judicial con sede en Costa Rica fijó cinco medidas de verdad, justicia y reparación para las víctimas y las personas LGBTI.
“El caso de Vicky Hernández es altamente simbólico para Honduras. Fue el primer asesinato del golpe de estado y representa lo que hemos vivido en 12 años de dictadura”, dijo el canciller Enrique Reina.
“Nos comprometemos a que estos actos de violencia y discriminación nunca más se repitan”, añadió dirigiéndose a doña Rosa Hernández, madre de Vicky.
Gabriela Redondo, representante del Colectivo Unidad Color Rosa, dijo que este día quedará registrado en la historia de Honduras.
“Después de casi 13 años de impunidad se está comenzando a hacer justicia. Pero es una satisfacción a medias, porque no podemos olvidar todos los otros casos de asesinato de personas LGBTI que aún quedan en la impunidad”, dijo.
Redondo solicitó a la presidenta Castro y al Congreso la aprobación, lo antes posible, de la Ley de Identidad de Género, la Ley de Igualdad, así como “la implementación de políticas públicas que tengan impactos positivos para nuestra población”.
De manera virtual, la presidenta Xiomara Castro tomó la palabra.
“El Estado de Honduras, por convicción moral y por decisión política y en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte, reconoce, ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández, la responsabilidad de los hechos que culminaron en un vil asesinato”, manifestó.
La presidenta reconoció que la muerte violenta de la defensora de los derechos de las mujeres trans nunca fue investigada con la debida diligencia.
Acto seguido, solicitó públicamente perdón por este terrible hecho y dispuso varias medidas de reparación, acogiendo todo lo dispuesto por la Corte IDH el año pasado.
“Para mí fue difícil vivir todo esto. La muerte que le dieron a Vicky fue horrible. No más discriminación. Gracias a las Cattrachas y a todo este equipo maravilloso”, concluyó doña Rosa Hernández.
Foto: Cancillería Honduras
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