El enfoque internacional hacia los refugiados e inmigrantes en Libia debe cambiar

El pasado 3 de julio, más de 50 inmigrantes y refugiados perdieron la vida en un bombardeo sobre el centro de detención de Tajoura, al este de Trípoli (Libia). Esta semana, pedimos a la Unión Europea y a la Unión Africana que eviten que una tragedia como esta vuelva a repetirse. La comunidad internacional debe considerar la protección de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados como elemento central en su interlocución con Libia.
 
Como prioridad, hemos pedido que se libere a los 5.600 refugiados e inmigrantes que se estima se encuentran detenidos en centros por todo el país, de una forma organizada y que se garantice su protección o se les evacúe a otros países desde donde habrá que poner en marcha reasentamientos de urgencia. Para ello, los países deben avanzar hacia un mayor número de evacuaciones y de plazas de reasentamiento. Además, aquellas personas que deseen retornar a sus países de origen deberían poder seguir haciendo. Para todo ello es esencial contar con más recursos.
 
La detención de las personas desembarcadas en Libia tiene que cesar. Hay alternativas: debe permitirse que puedan vivir en las comunidades locales o en centros abiertos, estableciéndose las debidas obligaciones de registro. Asimismo, se pueden crear centros semi-abiertos de carácter seguro, como las instalaciones de reagrupamiento y salida de ACNUR.
 
El Centro de detención de Tajoura está cerrado desde ayer; unos 400 supervivientes del ataque han sido trasladados a instalaciones de reagrupamiento y salida, actualmente desbordadas, por lo que se está gestionando la evacuación de Libia de aquellas personas en situación más vulnerable pertenecientes a este grupo.
 
Sin embargo, muchos otros refugiados e inmigrantes permanecen aún detenidos en otros lugares de Libia donde continúa el sufrimiento y el riesgo de abusos contra los derechos humanos. Es fundamental que se active un proceso de liberación, seguro y correctamente gestionado, que cuente con información adecuada sobre la ayuda disponible.
 
Los cerca de 50.000 refugiados y solicitantes de asilo registrados que se encuentran actualmente en Libia, junto a aproximadamente 800.000 inmigrantes, necesitan más ayuda para mejorar sus condiciones de vida, para que se proteja mejor sus derechos humanos y para que cada vez menos personas terminen cayendo en manos de las mafias y redes de trata.
 
Hay que hacer todo lo posible por evitar que las personas rescatadas en aguas del Mediterráneo sean desembarcadas en Libia, que no puede considerarse como puerto seguro. En el pasado, los barcos de los Estados europeos que llevaban a cabo operaciones de búsqueda y rescate han salvado miles de vidas, a través de desembarcos en puertos seguros. Esta labor tan vital debe retomarse, y debe también activarse con urgencia un mecanismo de desembarco temporal, con el objeto de se comparta la responsabilidad entre los Estados europeos.
 
Los barcos de las ONG han jugado un papel crucial en el Mediterráneo y no deben ser penalizados por salvar vidas en el mar; las embarcaciones comerciales tampoco deben ser dirigidas de vuelta a Libia para desembarcar a los pasajeros que hayan rescatado.
 
Cualquier ayuda y responsabilidades que vayan a asignarse a entidades libias relevantes deberían estar condicionadas a que no se produzcan más detenciones arbitrarias tras los rescates, y a que se garantice el respeto por los estándares de derechos humanos. En su ausencia, estos apoyos deberían interrumpirse.
 
No se puede permitir que ocurra de nuevo otra tragedia como la de Tajoura: la prioridad absoluta debe ser proteger vidas.