Iván Duque, investigado por presunto financiamiento ilegal de campaña en Colombia

Según la Constitución colombiana las campañas electorales de carácter nacional tiene prohibido recibir donaciones del extranjero. Cisneros es un empresario ligado a la industria petrolera y su familia figura entre las más ricas de Venezuela.

Escuchas telefónicas

El punto de partida a la investigación fueron unas escuchas telefónicas solicitadas por el Ministerio Público colombiano. En las mismas intervienen Nubia Stella Martínez, directora de CD; María Claudia Daza, que fue asesora del expresidente Alvaro Uribe y ahora se encuentra fuera del país; y José “Ñeñe” Hernández, empresario ganadero asesinado el año pasado en Brasil durante un robo. Daza habló con ambos sobre los supuestos aportes del empresario venezolano. En la charla entre Martínez y Daza, publicada por el diario El Tiempo, la exasesora de Uribe preguntó «¿Qué pasó con lo del venezolano?”. A lo que la directora del partido oficialista respondió: «Sí. ¿Sabes cuánto nos dio? 300.000 dólares».

Sin embargo, la propia directora del CD intentó justificar sus palabras argumentando que sufrió un «lapsus» al momento de hablar con Daza. «No era ‘dio’, sino ‘ofreció dar’ (…). Dije esa suma porque fue la que el empresario usó. Pero una cosa es lo que la gente ofrece en las campañas y otra lo que efectivamente terminan dando», explicó Martinez al diario colombiano. El CNE citó a declarar a ambas, así como a Luis Guillermo Echeverri, jefe de campaña del ahora mandatario. «En el auto se le solicita al (…) CD, que remita copia de los soportes contables de la campaña electoral del entonces candidato doctor Iván Duque Márquez, con el fin de determinar la procedencia y cuantía de los aportes consignados en el reporte de ingresos y gastos de la campaña a la Presidencia», pidió el organismo electoral.

Por su parte, el empresario Cisneros está ligado de múltiples desarrollos. Según la revista Forbes su familia posee una fortuna que supera los 1.100 millones de dólares, y se configura como una de las más ricas de Venezuela. Cisneros incursionó en diferentes áreas de negocios: Pepsi Cola Venezuela, Ditel (telecomunicaciones) y el sector petrolero. En Colombia cuenta con el 19,9 por ciento de las acciones de la filial colombiana de Canacol Energy, la empresa CNE Oil and Gas SAS. En Venezuela Cisneros no comercializa crudo hacia el exterior ya que sus pozos están parados hace tiempo y el Estado tiene una deuda con su empresa, según indicó el periodista venezolano Nelson Bocaranda en su cuenta de Twitter.

El caso

En marzo pasado la Fiscalía inició investigaciones contra aquellas personas que pudieran estar involucradas en las escuchas telefónicas. En una de ellas «Ñeñe» Hernández hace referencia a la compra de votos en favor de Duque en la zona de la Guajita. También menciona al expresidente Uribe (2002-2010). En esa elección Duque se impuso al candidato de izquierdas Gustavo Petro, que actualmente lidera la oposición al gobierno en el Senado. Por otra parte, Hernández era investigado como presunto testaferro de una organización de narcotraficantes. La misma funcionaba en los departamentos del Cesar y La Guajira (norte). «Ñeñe» también estaba en el ojo de la Justicia por el homicidio de Oscar Rodríguez, ocurrido en 2011.

De igual forma, el CNE citó a la excongresista Aída Merlano, presa en Venezuela, para que amplíe información con relación a las declaraciones que hizo en una entrevista con la Revista Semana. Merlano aseguró que el empresario Julio Gerlein y la familia Char, un poderoso clan político del Caribe colombiano, compraron votos para favorecer la elección de Duque en la segunda vuelta de la elección de 2018. La exparlamentaria fue condenada en Colombia a 15 años de cárcel por corrupción electoral. Se fugó en octubre pasado aprovechando una cita en un consultorio odontológico de Bogotá. Fue recapturada el 27 de enero en Venezuela por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maracaibo. El CNE informó que la citación de Merlano se realizará por los canales diplomáticos correspondientes.

La investigación fue anunciada en un momento complicado para el partido de derecha CD y sus figuras políticas, que nuevamente están siendo citas por denuncias de corrupción. El pasado martes 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó poner bajo detención preventiva a Uribe. Se lo investiga por supuesto fraude procesal y soborno de testigos. La resolución contra Uribe implicó que por primera vez en la historia de Colombia se imponga una medida así a un antiguo jefe de Estado elegido democráticamente.