En un comunicado difundido a través de sus medios de comunicación oficial, el Patriarcado Latino de Jerusalén “condenó enérgicamente” la nueva ley que “el Parlamento israelí aprobó el pasado lunes 6 de febrero por la noche, por la que permite al Estado de Israel que se apropie de tierras palestinas de propiedad privada en las que los israelíes han construido viviendas de asentamiento sin autorización en los territorios palestinos.”

“Dicha ley -señala el comunicado del Patriarcado Latino- socava la solución de dos Estados, además de eliminar las esperanzas de paz y podría tener serias consecuencias”.

El Patriarcado Latino define esta medida como “injusta y unilateral”, y expresa su gran preocupación por el futuro de paz y justicia en Tierra Santa, llamando a los líderes a “tomar medidas decisivas en favor de la paz, la justicia y la dignidad para todos”.

Desde el pasado 20 de enero, Israel aprobó la construcción de 566 viviendas para colonos en tres áreas de los territorios de Jerusalén, y 5.502 nuevas viviendas en distintas zonas de Cisjordania.

El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, anunciaó el inicio de una “nueva era donde la vida en Judea y Samaria está volviendo a su curso natural”.

“De esta manera”, dijo hace unos días a la Agencia Fides el padre Raed Abusahliah, director de Caritas Jerusalén, “se continúa con la política de hechos consumados que desde el principio sabotearon con eficacia los acuerdos de paz de Oslo”. La consigna de los acuerdos de paz fue ‘land for peace’, tierra a cambio de paz. En 1993, la firma de los acuerdos preveía la retirada de Israel del territorio palestino en un margen de tres años de tiempo. 23 años después, siguen construyendo.

(RD/Aica)

Palestinos expulsados por colonos sueñan con volver a sus tierras

Después de 20 años de combate legal en los tribunales israelíes, los propietarios de las tierras palestinas esperan volver a un territorio que no conocen bajo el nombre de Amona, sino de Al Mazarea (‘las granjas’, en árabe).

Mariam Hamad recuerda perfectamente el día en el que los colonos se apropiaron de sus fincas. Fue hace 20 años y desde esa fecha esta palestina de 83 años nunca ha sido capaz de pisar lo que se convirtió en la colonia de Amona.

Al comienzo de febrero, 20 años después de ese funesto verano de 1996, las autoridades israelíes demolieron, entre gritos y enfrentamientos, decenas de viviendas prefabricadas instaladas por los colonos en esta colonia de Cisjordania, un territorio palestino conquistado por Israel en 1967.

Amona fue demolida por orden del Tribunal Supremo israelí, que la considera ilegal por haberse construido en tierras privadas palestinas, como las de Mariam Hamad.

Pero la situación en la que quedan las 40 familias judías que residían en Amona ha inspirado una propuesta de ley que, de aprobarse, prohibiría una evacuación similar en otros asentamientos. Un texto que escandaliza a los palestinos y alarma a la comunidad internacional.

Entre el tumulto de la evacuación y la respuesta política, los seis propietarios palestinos de las tierras han caído en el olvido.

Ellos quieren que el desalojo suponga su regreso a las tierras en las que Mariam Hamad y su familia cultivaban tomates y sandías un año y trigo al siguiente.

Después de 20 años de combate legal en los tribunales israelíes, Mariam Hamad y los demás esperan volver a un territorio que no conocen bajo el nombre de Amona, sino de Al Mazarea (‘las granjas’, en árabe).

Por el momento, todavía no pueden ir. El ejército israelí impide la entrada de civiles en la zona.

En su casa de Silwad, en una colina cercana, Mariam Hamad conserva sus herramientas agrícolas y un haz de trigo seco de la última cosecha de 1996.

‘Estaba trabajando en el campo con mi marido cuando los colonos nos obligaron a marcharnos’, cuenta. Su marido intentó resistirse, pero no pudo.

‘Volveremos’

Los colonos le dijeron: ‘Esta tierra no es tuya, es nuestra’, recuerda.

Ella intentó volver en dos ocasiones a sus dos hectáreas y media de terreno. La primera vez se lo impidieron los soldados israelíes que lo protegían. La segunda dio media vuelta por sí misma -cuenta- porque vio morir a una mujer que había ido a llevar comida a su marido.

Ibrahim Yaqub, de 56 años, otro propietario, cuenta que su madre resultó herida por disparos de colonos y que mataron a su tía. ‘El ejército israelí registró una demanda contra persona desconocida’, añade.

Desde la creación de Amona hasta su desmantelamiento, 13 palestinos murieron en los alrededores de la colonia cuando intentaban ir a sus tierras o durante manifestaciones, afirma Abdel Rahman Saleh, el alcalde de Silwad.

‘Silwad tiene una superficie de 1.800 hectáreas’, asegura el alcalde, enseñando los planos. Pero 1.300 de ellas no son edificables ni utilizables para el cultivo por tratarse de zona militar israelí.

Con el apoyo de ONG israelíes y palestinas, Mariam y los demás juntaron los títulos de propiedad, toda la documentación que tenían y recurrieron a los tribunales.

En 2014, el Tribunal Supremo ordenó que les devolvieran las tierras.

Desde ese día, Ibrahim Yaqub espera la hora en la que le autoricen a volver a sus más de tres hectáreas de terreno que sus hijos nunca han visto. ‘No tienen ningún vínculo con esta tierra, será la ocasión de crearlo’, declara.

Gilad Grossman, portavoz de la ONG Yesh Din, que ha ayudado a los propietarios, confía en que Israel abra ‘pronto’ la zona militar para que los palestinos regresen. Pero por experiencia sabe que hay que ser prudentes. ‘Teóricamente todo es posible’, afirma.

‘Volveremos a nuestras tierras’, promete el alcalde de Silwad, ‘sin enfrentamientos, sin lanzar piedras, pero con la fuerza del derecho y de todos los documentos que tenemos’.

Gran parte de la comunidad internacional considera la colonización como un obstáculo a la paz.