Chile. Trinchera para la impunidad: Tribunal Constitucional suspende causas de DDHH

El Tribunal Constitucional (TC) no sólo ha generado polémica por sus fallos en los últimos proyectos de ley en los que ha resuelto sobre requerimientos de inconstitucionalidad, sino que también ha mantenido suspendidas varias causas de derechos humanos convirtiéndose en una estrategia de los uniformados para dilatar sus condenas. De 30 causas de derechos humanos que han ingresado al TC entre noviembre de 2015 hasta el 1 de abril pasado, a 21 se les ha aplicado la suspensión del procedimiento y actualmente 12 se encuentran pendientes.

La causa que más tiempo ha estado detenida es el homicidio calificado Miguel Estol Mery, ocurrido el 23 de octubre de 1973, en Santiago. A la fecha, suma un año y ocho meses paralizada en el tribunal, es decir poco más de 600 días. La investigación sobre el asesinato de Estol Mery se inició en enero de 2011 y antes de eso no había sido tomada por ningún organismo ligado a la promoción de los derechos humanos. Incluso, los primeros antecedentes que se recogieron confundieron las circunstancias de su muerte con antecedentes de otro ejecutado político. Tiempo después se reconstruyó su historia: era ingeniero civil, no tenía militancia política, vivía en Las Condes y las balas que le disparó el cabo de la Academia Politécnica Militar, Víctor Muñoz, en realidad iban dirigidas a su hijo, José Miguel Estol Larraín, quién había tenido un altercado en la vía pública con dos integrantes de la institución antes del crimen de su padre.

Por este hecho, en enero de 2016, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó una condena de siete años de presidio para el ex brigadier del Ejército y jefe de la patrulla que llegó aquel día hasta la casa de Mery, Alfonso Videla, y de cinco años de presidio para el cabo Víctor Muñoz. Una sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema que aumentó a diez años la pena para el primer militar. Pero fue la defensa de Videla que recurrió al TC buscando declarar inconstitucional una serie de preceptos legales, presentando un requerimiento que fue admitido por los ministros de la Sala por cuatro votos contra uno. En agosto de ese mismo año, el TC suspendió el procedimiento del caso y sólo siete meses después llegarían a un acuerdo para fallar. Sin embargo, todavía no dictan sentencia.

Una situación que también se observa en la causa del secuestro calificado del militante socialista y contador administrador del sanatorio “El Pino”, Franklin Valdés Valdés, perpetrado en 1973 y que este jueves se alega en el TC. El caso lleva 274 días sin avance en el tribunal, a pesar de que en 2015 la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, sometió a proceso a los ex oficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Alfonso Faúndez Norambuena y Pedro Pablo Montabone Domínguez por este ilícito. Pero el abogado defensor de este último uniformado, Maximiliano Murath, presentó un requerimiento y así se ha seguido dilatando la condena para este militar.

La advertencia sobre la demora excesiva para fallar en los casos de lesa humanidad se le ha hecho saber expresamente al pleno del TC, que aun así ha seguido “chuteando la pelota” hasta por tres meses para poner las causas en tabla. Los riesgos de la llamada “impunidad biológica” y las fugas de los victimarios son los argumentos más potentes que han planteado los defensores de las víctimas para acelerar los procesos.

Y precisamente este jueves el abogado querellante en la caso de Franklin Valdés, Cristián Cruz, junto a los representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, alegaron ante el TC buscando destrabar el caso. El organismo debería decidir sobre la inconstitucionalidad en cuestión y acordar el fallo pero no hay un plazo fijado para comunicar la resolución. Sólo así se podría retomar la arista criminal que se ha mantenido suspendida respecto de uno de los militares involucrados y hacer justicia.

La suspensión como estrategia
El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que este organismo tiene un plazo de 30 días contados para dictar sentencia prorrogables por 15 días. Pero el panorama dista mucho de lo anterior y se ha configurado un mecanismo para cuestionar la legitimidad de los juicios y retrasarlos.

Fue la causa conocida como “los 5 del 87” – desaparición de cinco militantes del FPMR por el secuestro del ex coronel del Ejército Carlos Carreño – que alertó sobre el entorpecimiento del TC en los casos de lesa humanidad. Se trató de la primera que llegó a esta instancia con un número significativo de procesados, 33 agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), y, por lo tanto, con un número considerable también de defensores. Es decir, había muchos ojos puestos en el evidente retraso del tribunal que luego de un año y 19 días entregó su veredicto con un unánime e incomprendido 9-0 en contra del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parte de los militares.

En marzo de 2017 cuando se condenó a estos criminales la atención mediática estaba puesta en la llegada de Rafael Garay a Chile después de que se descubriera su escandaloso fraude y su fuga por Europa. Entonces poco se habló sobre este tema y menos aún se calculó que en ese año de suspensión aplicada por el TC, el procesado ex CNI Arturo Sanhueza Ros alias “el Huiro” se había dado a la fuga y meses después de la sentencia fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).

Se podría fijar el 2015 como un año que marcó un antes y un después para este tipo de causas que llegaban al TC. Ese año se produjo la sustitución del ministro Francisco Fernández Fredes, ligado al Partido Socialista, por el ministro José Ignacio Vázquez, lo cual terminó con el tradicional equilibrio del “5 y 5”, inclinándose hacia la derecha. A partir de ese año se registró un aumento sustancial en la presentación de requerimientos y de las admisibilidades de los mismos si se compara con el periodo entre 2005 y 2015 en que no ingresaron más de 20 causas.

A partir de agosto de 2017 también es necesario tener en cuenta el “factor Aróstica”. El nuevo presidente del TC Iván Aróstica asumió su cargo en reemplazo de Carlos Carmona, que salió definitivamente del tribunal este lunes. El abogado tiene un perfil ultraconservador, fue nombrado ministro del tribunal en 2013 por Sebastián Piñera y a través de la prensa se conoció su gusto por coleccionar corvos y ser admirador de Jaime Guzmán. También se comenta que ex estudiantes universitarios lo escucharon decir en sus clases que “los detenidos desaparecidos vivían en Europa y que todo era un negocio”. Dentro de sus funciones exclusivas está el poner en tabla del pleno las causas que ya están tramitadas y que sólo restan por fallar. Pero en tres ocasiones, el presidente incurrió en la omisión de colocar en tabla tres causas referidas a secuestros y homicidios calificados, y una de ellas relacionada con doce víctimas de la conocida “Operación Cóndor”. Finalmente este último caso fue revisado a expresa petición de los abogados.

El abogado de derechos humanos que ha litigado en varias de estas causas, Francisco Jara, agregó que lo más grave e injustificado jurídicamente es que se suspendió un caso en que ya la Corte Suprema había fallado. El Máximo Tribunal había dictado una condena de presidio en contra de tres uniformados por homicidios calificados, ocurridos en Antofagasta en 1973, mientras que la defensa acudió paralelamente al TC y este organismo admitió detener la causa. El abogado de esta causa es el ex parlamentario de Renovación Nacional (RN), Luis Valentín Ferrada.

A pesar de que en varias oportunidades el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha planteado su preocupación a la subsecretaría de DD.HH, incluso le ha entregado tablas con los casos suspendidos pero aseguran que no se ha pronunciado al respecto. Mientras que durante la primera semana de abril, los abogados del estudio jurídico de Nelson Caucoto, Francisco Ugás y Francisco Jara presentaron formalmente una denuncia ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y a través de un oficio la diputada comunista Carmen Hertz pidió al TC responder sobre el evidente entorpecimiento en las causas de lesa humanidad.

Desde el interior del TC indicaron que se revisan más de 200 causas al año y que la situación no sería más que una consecuencia del “taco generalizado que existe”. Respecto de las causas que son puestas en tabla, señalaron la norma establece un orden correlativo salvo que el pleno acuerde preferencias y desde el año pasado el 80 por ciento de ellas han sido las relacionadas a la Ley Emilia y la Ley de Control de Armas. Por otro lado, advirtieron que en las causas penales el juez de fondo mantiene las atribuciones, es decir, si los jueces quisieran tener a estos procesados con una medida cautelar como prisión preventiva mientras el TC revisa el requerimiento podrían hacerlo. Y precisaron que en el caso del requerimiento del militar Pedro Pablo Montabone que se revisará este jueves, el tribunal de primera instancia le dio la libertad provisional por una fianza de 400 mil pesos mientras el trámite avanzaba el TC. Es decir, apelaron a que no se puede culpar al TC si se les fuga un procesado.

El particular caso de Ñuble
Del total de causas de DD.HH que se encuentran suspendidas en el TC, llama la atención la paralización de la mayor parte de los casos correspondientes a la Región de Ñuble. Desde que la Corte Suprema ordenó la reasignación de causas, en enero de 2017, estas se trasladaron desde la Corte de Apelaciones de Chillán al ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes. De nueve casos sólo uno tenía procesamiento, lo que se revirtió con este cambio y actualmente en siete hay uniformados encausados. Lo preocupante es que cinco de estos últimos casos están detenidos por el TC.

Las pocas condenas que se habían logrado en la región antes de este traslado fueron por la revocación de la Corte Suprema a los fallos de la Corte de Apelaciones de Chillán. Por años se desestimaron las solicitudes de procesamiento en contra de uno de los máximos victimarios de esa zona, Patricio Jeldres Rodríguez, que actualmente se encuentra cumpliendo condena en el penal de Punta Peuco por un fallo de 2014 del Máximo Tribunal.

Jeldres llegó a ser general y jefe de la segunda comisaría de Carabineros de Chillán, el grupo represivo responsable del 90 por ciento de las causas de las desapariciones y ejecuciones ocurridas entonces en la provincia de Ñuble. Su abogado Maximiliano Murath también presentó requerimientos de inaplicabilidad ante el TC por otras cuatro causas ahora pendientes. No hay que olvidar la figura del desaforado diputado de Renovación Nacional (RN) y ex uniformado sometido a proceso por causas de derechos humanos, Rosauro Martínez, quien fue alcalde por la comuna de Chillán, su ciudad natal.

La abogada de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán, Patricia Parra, afirma que el TC se ha convertido en una verdadera trinchera para la impunidad, al punto que saben que los victimarios prefieren morir antes de ir a la cárcel o que mueran las víctimas, sus familiares o testigos para que no se dicte condena.