El sangriento golpe de estado y la dictadura militar, contribuyó directamente al saqueo de un País de la mayoría de los erarios, bienes y servicios, empresas y recursos naturales de tipo público, instalando amplios beneficios y ventajas a un grupúsculo de personas,

imponiendo el modelo neoliberal,  esto es, la priva

tización de empresas estatales y la apertura y desregularización de los mercados, los que se abrieron posteriormente gracias a la administración de gobiernos de la concertación, principalmente de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, quienes por medio de una serie

de actos y medidas a través de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales multilaterales, posibilitaron su expansión, consolidando a una elite, la misma que gestó el golpe y que en el presente, como holding en diversas áreas, los ha situado como uno de los principales grupos multimillonarios en el continente y/o con una enorme influencia en el poder público en Chile, denominados poderes fácticos, entre ellos: Matte, Angelini, Paulmann, Edwards, Luksic, Ponce Lerou,  con fortunas en miles de millones de dólares, cuyo eje, desarrolló una política de colusión y corrupción con sectores políticos del duopolio, otro régimen que se heredó de la dictadura, cuyos niveles de cooptación ha involucrado con escándalos públicos y judiciales a diversos políticos que van de la UDI hasta el Partido Socialista de la Nueva Mayoría (ex concertación).

El modelo neoliberal desarrolló una forma de crecimiento económico que se extiende hasta el presente, cuyos cimientos se basaron en la privatización plena de los recursos naturales como las aguas, el mar, la explotación minera, la explotación forestal, la explotación pesquera y acuícola; la mercantilización de la educación y del sistema previsional.

Parte de las atrocidades de la dictadura, según estimaciones generales, son  40.280 personas entre asesinados, desaparecidos y torturados. Se desprenden  unas 3.197 personas ejecutadas, la gran mayoría extrajudicialmente, que incluye ca

sos de 171 Mapuche. También, más de 1.200 detenidos y desaparecidos, más de 28 mil torturados y al menos 200 mil personas exiliadas.

725 era el número de compañías en manos del E

stado al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos como los señalados anteriormente. Se estima también, que al menos, se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB, corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe parlamentario hace algunos años atrás.

Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e incluso parientes, como el yerno del dictador, Ponce Lerou, con la empresa Soquimich que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario. Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes sobre este informe.

Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide.

Un estudio de CIPER Chile, señaló que  grupos o personas como “Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera”, ganan lo mismo que un “millón de chilenos”, cuyas fortunas acumuladas son a costa de la depredación de industrias extractivas, energéticas, banca o retail.  Luksic aumentó su fortuna de del 2002 al 2010 de 1.400 millones de dólares a 20 mil millones. Angelini, en el mismo periodo, de mil a 6 mil millones de dólares. Paulman, de mil millones de dólares a 10.500 millones. Los Matte, de 1.500 millones a cerca de 10.500 millones de dólares. El ex Presidente Piñera, de mil millones a dos mil cuatrocientos millones de dólares.

Cabe consignar que Agustín Edwards es considerado el ideólogo del golpe de estado, quien actuó conspirativamente para hacer intervenir al gobierno de Estados Unidos (Richard Nixon) y  a la CIA. Dueño de la cadena de diarios El Mercurio, recibiendo aportes millonarios  del gobierno estadounidense, cuyos medios levantaron diversos montajes informativos, con la complicidad en diversas violaciones a los derechos humanos en el País. Controlador del 70 % aproximado de la prensa escrita en Chile y patriarca de la Fundación Paz Ciudadana, cuyas formas conspirativas continúan en el presente y ha sido uno de los activos en el levantamiento de la criminalización y estigmatización al Pueblo Mapuche y las reivindicaciones de su movimiento. A pesar de diversas acciones judiciales que se ventilan en tribunales por sus responsabilidades en materia de derechos humanos, continúa en la impunidad.

El dictador Augusto Pinochet por su parte, murió con una fortuna estimada en 26 millones de dólares, cuya mayoría provino de la apropiación de dineros de la compraventa de armamentos y de la malversación de fondos públicos. Sin embargo, buena parte de su fortuna habría estado vinculada por los favores concedidos a los grupos económicos que saquearon al País.

Las privatizaciones también fueron ampliamente realizadas por los gobiernos de la Concertación que incluyen las empresas de agua potable y de aguas servidas en todo el País, con un sinnúmero de otras actividades económicas, como por ejemplo, la privatización o extranjerización de la empresa estatal ENDESA cuyo proceso se inicia en la dictadura, pero se materializa en el gobierno de Ricardo Lagos,  por la que el grupo estatal ENDESA español pagó 500 millones de dólares por el control de un patrimonio equivalente a unos 10 mil millones durante, sumándose otras formas de privatizaciones impulsadas por Lagos,  como fue ferrocarriles; las carreteras; cárceles y otras.

En el presente el fracaso del modelo neoliberal que se cae a pedazos, junto al régimen político, pretende ser sostenido a la fuerza con la proliferación de las actividades pilares del extractivismo económico, distribuyendo su desempeño a nuevas capas de grupos económicos, incluyendo el crecimiento de la industria de desarrollo energético que sale del oligopolio mantenido por años por Endesa y Colbún, expandiéndose en el presente a múltiples empresas de diverso tipo, arrojando un nuevo saqueo del País pero enfrentando un profundo conflicto social a causa de la resistencia a la imposición de proyectos. El modelo neoliberal y su soporte ideológico, va desde los Chicago Boys y las privatizaciones y mercantilización en recursos naturales, educación y previsión;  hasta el actual Ministro de Energía del gobierno de Bachelet, Máximo Pacheco Matte y su crecimiento en energía.

Alfredo Seguel

11 de septiembre del año 2016

(AFP PHOTO/ COLECCION MUSEO HISTORICO NACIONAL CHILE-LA MONEDA-PINOCHET-IMMUNITY

“Miremos el futuro”. Esa es la frase que con insistencia repiten diversos personeros cuando en Chile se vuelve a instalar la discusión sobre los atropellos cometidos durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.

Pero el rostro del país cambió en esos 17 años que duró el régimen militar. Fueron largos años de transformaciones que permitieron cimentar uno de los sistemas más excluyentes del planeta, como develan estudios propios y de organismos internacionales.

Integrantes del selecto grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la propia entidad da cuenta de que estamos aún lejos de derrotar la pobreza y la desigualdad, aunque sí ocupamos los primeros puestos en todos los ranking de acumulación de riqueza por parte de grupos económicos y la falta de libertades para la población. Incluso, nuestro ex Presidente de la República Sebastián Piñera, está en el listado de los más ricos del planeta de la Revista Forbes, donde se informa una fortuna a su haber de 2 mil 500 millones de dólares. Lo superan otros cinco personajes, entre ellos la familia Luksic que cuenta más de 15 mil millones de dólares y está en el grupo de los 100 más ricos del orbe.

El origen de la desigualdad

En el libro “La historia oculta del régimen militar” de Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, se relata el desembarco en Chile de los denominados “Chicago Boys”, jóvenes economistas que recibieron la instrucción en esa universidad estadounidense que contaba entre sus especialistas al Nobel de Economía de 1976, Milton Friedman.

Sin embargo, otro economista de 30 años de la Universidad de Harvard sería fundamental para estructurar el actual sistema que se mantiene sin variaciones significativas hasta la actualidad. José Piñera asumiría el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, generando el denominado “paquetazo” que transformó las relaciones laborales y el sistema de jubilación, pasando de un sistema solidario a uno de capitalización individual.

Piñera, hermano del ex mandatario, recibió el influjo del pensamiento de otro economista y Nobel de la especialidad en 1974. Friedrich Hayek de la Escuela Austriaca, consideraba a grandes rasgos la necesidad de un Estado más bien de tamaño menor y donde el derecho a la propiedad privada estaba por sobre todo.

Al respecto, el economista de la Universidad Católica e investigador de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, sostiene que para Hayek “los sindicatos no tenían un rol en la economía, más bien le hacían mal a las sociedades. Esos influjos uno los percibe de alguna manera en lo que es el actual Código del Trabajo y concepciones similares se pueden revisar en lo que es el sistema de pensiones” de nuestro país, instalados durante la gestión del discípulo del austriaco, José Piñera.

Durán agrega que todo este entramado “era cómo el influjo del pensamiento neoliberal empieza a caer en los países, siendo Chile, como lo han dicho muchos ya, un caso experimental. Fue el primer país donde se establecen de una forma muy agresiva las políticas del Consenso de Washington –se adelanta incluso- y todos los contenidos más neoliberales”.

A Piñera lo sucedió en el Ministerio del Trabajo el economista Miguel Kast, padre del actual diputado y presidente de Evópoli, Felipe Kast. Sobre el ministro de la dictadura, el economista de la Fundación Sol recuerda que ya antes había estado al frente de la ODEPLAN que hoy es el Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento “se establece este papel más bien subsidiario, aquello donde el sector privado no puede entrar, entonces ahí sí el Estado puede participar. Por lo tanto, en primer lugar se mercantilizan muchos derechos sociales, se acota lo público, el espacio de lo público se hace cada vez más acotado y se empieza a retirar progresivamente el aparato estatal y comienza toda esta lógica de lo que son las ayudas sociales por la vía de las transferencias condicionadas en el sentido de que para que las familias reciban un subsidio tienen que cumplir ciertos requisitos y les entregan subsidios condicionados a que cumplan con esa exigencia y el Estado se empieza a retirar de cuestiones que antes eran eminentemente propiedad de lo público y estatal”.

Durán precisa que las transformaciones llevaron a que hoy “un 74 por ciento de los trabajadores en Chile gane menos de 400 mil pesos líquidos; la mitad de los trabajadores gana menos de 260 mil pesos. Eso entonces se tiene que complementar, necesariamente, con un alto nivel de endeudamiento y largas jornadas de trabajo. Entonces, se configura una especie de cóctel donde los trabajadores tienen espacio muy restringido para participar en discusiones públicas, por lo político, en gozar de espacios de cultura y eso finalmente provoca una sensación de malestar en la sociedad y los niveles de desigualdad empiezan a pasar la cuenta”.

Mientras, el sistema de pensiones, las AFP, se configuraron como un sistema de inyección de capital fresco a las empresas, más que para el rol que se supone están constituidas. “Hoy escuchamos a analistas de corredoras de bolsa donde agradecen al sistema de pensiones, porque a través de eso Chile es un país que a veces se puede blindar frente a las crisis económicas del mundo porque tiene financiamiento para sus empresas. Entonces ahí vivimos en un mundo bastante particular, porque un sistema que debería ser su objetivo número uno entregar pensiones, hoy se ocupa para financiar la economía y proteger a las empresas, pero no cumple con el objetivo de dar pensiones”, subraya Durán, quien recuerda que el 90 por ciento de las pensiones que entrega el sistema, no superan los 150 mil pesos mensuales.

“En palabras del intelectual David Harvey, lo que hoy tenemos son procesos de acumulación por desposesión. Es decir, tenemos personas, grupos, clases dominantes que están acumulando muchos ingresos básicamente desposeyendo a otros de sus derechos sociales, incluso a través de no pagar salarios dignos, no pagar salarios que deberían reflejar cuál es el valor del salario en Chile”, puntualiza el investigador de la Fundación Sol.

El golpe a la historia

Con todas sus controversias y enfrentamientos, el sistema democrático que vivía Chile desde fines del siglo XIX, fue roto de manera abrupta con el simbolismo de una bandera chilena hecha jirones por el fuego que sucedió al bombardeo a La Moneda.

Para el doctor en Historia y académico de la Universidad de Santiago Manuel Loyola, “lo más perjudicial o lo más dramático que se destruyó, fue la construcción de una cierta confianza, de una cierta posibilidad de pensar en una construcción social distinta y que de alguna manera la población del país había ido adquiriendo ya una inclinación, un favorecer que era posible y probable generar transformaciones importantes y no temerle a eso. Por lo tanto, poder profundizar en la democracia, en la construcción de una sociedad distinta, a mí me parece que eso fue el golpe más mortal que sufrió nuestra sociedad”.

Desde un primer momento, el lenguaje de los militares sublevados fue virulento en contra de quienes se resistían al quiebre democrático. Así lo dejan en evidencia las comunicaciones que se conocen del propio general Augusto Pinochet, quien profirió la frase “matando la perra se acaba la leva”, cuando sugirió que Salvador Allende debía ser sacado del país y luego derribar el avión que lo trasladara junto a su familia.

“Hay toda una manera de expresarse por parte de sectores importantes de las Fuerzas Armadas con un sentido de anticomunismo enfermizo que llama mucho la atención. Pero también nos llama mucho la atención el hecho de que las propias fuerzas políticas de izquierda no fuesen capaces de advertir que existía en el país y en las propias FF.AA. -sino en todas en una parte importante de ellas-, una serie de manifestaciones reaccionarias bastantes fuertes y radicales y no lograron poner ningún atajo. Eso también es algo que llama la atención, que nunca se hiciera nada para contrarrestar, eliminar esta virulencia que ya se estaba manifestando y que no era inédita. Porque en la historia del país, incluso en el siglo XX ya se había manifestado una serie de hechos bastante crueles por parte de las FF.AA”, comenta Loyola.

A esa crítica, también se suma una reflexión acerca del germen de la represión que luego de 17 años de dictadura se quedó arraigado entre los chilenos. El historiador sostiene que “mucha gente persiste en esquemas mentales bastante antiguos, de que las cosas si no son de una forma son peligrosas, que a la gente le gusta la tranquilidad, el orden, porque en el fondo se tiene miedo, en el fondo hay mucha inseguridad y se teme perder lo poquito que se tiene. Por tanto hay mucha gente que está dispuesta a aceptar la violencia, a hacerse los tontos si la situación ocurre y a tratar de olvidar rápidamente para seguir adelante”.

Violencia y DDHH

La naturalización de la violencia en Chile no es un fenómeno que se quedó en la dictadura militar que vivió el país.

Así lo sostiene la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien subraya que el trabajo de la entidad que dirige no se queda solamente en las víctimas del régimen militar.

La dirigenta indica que “se siguió matando, como a Rodrigo Cisternas, Manuel Gutiérrez, Alex Lemún, Daniel Menco, Matías Catrileo… o sea, es realmente dolorosa la lista de jóvenes asesinados, así como la mayoría de las víctimas de la dictadura fueron jóvenes. ¿Por qué nadie reclama, nadie dice nada, con la seriedad que debería tomar estos temas el Gobierno? Está el caso de José Huenante, que estuvo detenido por Carabineros, lo hizo desaparecer y hasta la fecha no dicen dónde están sus restos”.

Alicia Lira precisa que esta violencia existe “porque la impunidad en el pacto hecho por el gobierno de la Concertación a la cabeza de Aylwin y Pinochet, es resguardar los símbolos de lo que fue la dictadura cívico-militar, proteger a los violadores de los derechos humanos, que no se avanzara en la demanda de verdad y justicia, no se depuraran las Fuerzas Armadas y de Carabineros, pero tampoco han cambiado la lógica del enemigo interno”.

Agrega a su reflexión que todo es alentado por una actitud política que no da cuenta de la necesidad de terminar con esa ideología que afecta el espíritu de la sociedad y que se evidencia en la actuación de diversas autoridades, incluso algunas que han pasado por el Gobierno.

“El señor Jorge Burgos cuando asumió en el Ministerio de Defensa, nos invitó y en una reunión nos mostró el Departamento Jurídico donde estaban redactando el proyecto de ley para degradar a los militares vinculados a violaciones a los derechos humanos. Pasó el tiempo y después asume el ministro José Antonio Gómez, quien dijo lo mismo a los medios de comunicación. Hoy día resulta que ninguno ha hecho nada. La senadora Isabel Allende dice que va a presentar un proyecto en ese sentido. O sea, los efectos comunicacionales que ellos entregan a los medios, son para desinformar, para decir que sí están preocupados del tema, pero en los hechos, realmente no han hecho nada”, precisa Lira.

Para la representante, ya no se trata de las FF.AA., sino que tiene que ver con una política de impedir que se avance en verdad y justicia respecto a las violaciones cometidas por la dictadura cívico-militar que encabezó Pinochet. De esta forma, precisa la dirigenta, no es posible terminar con la herencia que aún mantiene a Chile lejos de superar lo ocurrido hace 43 años un 11 de septiembre.

fuente: radiouchile

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10 de septiembre