La corrupción cuenta y cuenta mucho: El lastre del Gobierno de Peña Nieto
Pese a todas las evidencias de corrupción e impunidad en su Gobierno y todas las investigaciones por parte de periodistas y activistas valientes que las han probado, el presidente de México no ha renunciado.
Desde la ‘casa blanca’ hasta el espionaje y acoso a periodistas críticos; licitaciones a modo para favorecer contratistas o el desvío de recursos, cualquiera de estos temas ya hubiera sido motivo de renuncia del gobierno en turno en cualquier país que se jacte de ser democrático. México no lo es o no lo parece. Pruebas hay muchas: las recientes elecciones en el estado de México dejaron claro que el INE —el instituto responsable de llevar a cabo elecciones libres y transparentes— no trabaja para ese fin ni para la mayoría de los mexicanos.
A tres días de presentar su informe, el presidente de México recibió un golpe más a su ya de por sí cuestionado Gobierno. Quizá se trata de la segunda investigación más importante después de la ‘casa blanca’ de Peña Nieto. El portal periodístico Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan la forma en que operó el Gobierno mexicano a través de 11 dependencias para robar recursos públicos. No fue solo desvío por más de 450 millones de dólares; desaparecieron más de 200 millones de dólares.
Y en un silencio cómplice, la mayoría de los medios de comunicación mexicanos no hicieron mención del tema.
El reportaje titulado ‘La Estafa Maestra’ está basado en las auditorías y señalamientos que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación en las cuentas públicas en 2013 y 2014. El propio auditor superior, Juan Manuel Portal, señala que «es un claro acto de corrupción» y «un mecanismo para no solamente el desvío sino para la desaparición de recursos públicos».
La investigación exhibe el ‘modus operandi’ que ya vimos con las empresas fantasma de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, pero a mucho mayor escala.
Once dependencias federales (SEDESOL, CFE, SCT, Banobras, Pemex, Fovissste, SEP, Sagarpa, Senasica, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Economía y el INEA) firmaron convenios con universidades públicas para la contratación de supuestos servicios. A su vez, las universidades contrataron empresas irregulares o fantasma.
Lo preocupante también aquí es la figura y el papel que desempeñan estas universidades públicas en la operación de desvío y desaparición de recursos públicos.
El trabajo de los reporteros Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste exhibe este esquema que data del 2010 cuando era presidente Felipe Calderón, por lo que el fraude podría ser aún mayor.
Para fines de esa investigación los periodistas revisaron 73 convenios con 11 dependencias y comprobaron que la operación se llevó a cabo a través de 128 empresas fantasma, ilegales o irregulares. «Las empresas transfirieron dinero una y otra vez hasta desaparecerlo», señala el reportaje.
Uno de los casos más ruines es el de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, que, de acuerdo con la Auditoría Superior, el programa Cruzada Nacional Contra el Hambre de la dependencia, solo entregó el 7% de las despensas destinadas a los más pobres.
¿Qué hizo la titular Rosario Robles con el resto del dinero? No hay forma en que se pueda deslindar del tema, ella es la responsable de esos recursos, así como los demás titulares de las dependencias involucradas.
Hemos estado viendo un patrón claro y constante, la pregunta que queda es: ¿es esta solo la punta del iceberg? ¿Cuánto más habrán estafado al país?
No parece fortuito que el mismo esquema de Javier Duarte se haya repetido a nivel federal y resulta ingenuo pensar que el presidente Enrique Peña Nieto no estuviera al tanto de esta operación a gran escala. Hay una mente maestra detrás de toda la operación.
Cabe recordar que similares fraudes se han evidenciado en Veracruz, Quintana Roo y Nayarit, gobiernos también priistas.
Aún no vemos a las instituciones actuar porque sabemos que tanto la Procuraduría General de la República como la Secretaría de la Función Pública son las mayores gestoras de impunidad del país. Así que si investigaran estas redes, será como cuando Peña Nieto se autoinvestigó con el tema de la ‘casa blanca’ a través del amigo Virgilio Andrade: Me investigué y determiné que no cometí acto ilícito alguno.
El reportaje es además relevante porque evidencia los huecos en la legislación, los grupos cooptados en varias escalas gubernamentales, la facilidad con la que se crean empresas fantasma y se compran o se usan prestanombres; así como la impunidad del SAT y la Secretaría de Economía sobre las irregularidades que ellos mismos detectaron.
Es claro que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, le apuestan más a hacerse de recursos, negociar elecciones y protegerse las espaldas que a reformarse realmente. El problema es que no les ha importado ni siquiera ser exhibidos en la forma tan burda y voraz con el que llevan a cabo el saqueo de un país, históricamente saqueado.
¿Amenaza? Enrique Peña Nieto se evidencia solo
«La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción…Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno», le dijo Enrique Peña Nieto al empresario Claudio X. González Laporte, padre del presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad, ONG que alberga el reportaje que aquí se cita. Una cínica amenaza que evidencia dónde están las mentes maestras de estas operaciones.
Estos hechos no deben quedar en la impunidad. Sin consecuencias, este Gobierno corrupto institucionalizará el saqueo de México. El periodismo de investigación tiene que ser en estos momentos una de las herramientas que la sociedad pueda usar para unificar esfuerzos contra la corrupción y el autoritarismo.
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/249906-corrupcion-pena-nieto-lastre-gobierno
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