Chile. “Empezaron a caminar sobre mis piernas”: La denuncia que apunta a la Intendencia de Valparaíso como centro de detención y torturas

Raúl Escobar Sáez (30) recuerda que el jueves 2 de enero bajó de su casa por Avenida Ecuador y llegó a un costado de la Intendencia de Valparaíso. Esa mañana estaba convocada una manifestación en la Plaza Cívica, frente al edificio. Una concentración en apoyo a Matías Orellana, el joven que perdió la visión de uno de sus ojos producto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros durante la celebración de año nuevo en esa ciudad. Escobar llegó cerca del mediodía al lugar y comenzó a registrar lo que ocurría: desde ahí podía ver a varios piquetes de funcionarios policiales.

Mientras estuvo grabando, cuenta que los uniformados le decían que se fuera de ahí, que se lo iban a llevar detenido si seguía apuntándolos con la cámara. Pasaron unos minutos y por la espalda un carabinero le arrebató el celular. Ahí comenzaron a forcejear hasta que llegaron más refuerzos policiales, quienes lo redujeron en el suelo. Los registros de imágenes y videos que recopiló Escobar, y que mostró a El Desconcierto, revelan claramente cuando después, entre varios carabineros, lo ingresaron a la Intendencia.

Una vez dentro de la Intendencia, recuerda que lo retuvieron menos de diez minutos en el hall de acceso. Lo siguiente ocurrió mientras, según Carabineros, esperaban el carro policial.

−Yo fui torturado dentro de la Intendencia (…) Ahí me pegaron puntapiés y combos. Me pegaron con una luma en la nariz. Empecé a sangrar, eso me dejó heridas. Me esposaron; empezaron a caminar sobre mis piernas y sobre mis manos; me lesionaron la muñeca. Actualmente, tengo problemas para hacer movimientos con una de mis manos −recuerda Raúl−. Después de eso, me llevaron a la comisaría donde también, en el mismo carro policial, me siguieron pegando. Me quitaron el teléfono y no me lo devolvieron después.

Luego de que constatara lesiones, en el control de detención Carabineros lo vinculó a los incidentes que afectaron a la sede regional, donde manifestantes quemaron una bandera y apedrearon el acceso principal. Sin embargo, el tribunal desestimó la declarar como ilegal la detención, dictando una orden de alejamiento del edificio.

Querellas

Escobar se ha acercado a organizaciones de derechos humanos para realizar la denuncia por estos hechos. Ya tomó contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Valeria Cofré es parte de la brigada de observadores de esta última organización. Fue testigo de los golpes de carabineros a Escobar fuera de la Intendencia. Ella también recibió algunos cuando trató de intervenir.

−Estuvimos cerca de una hora en la Plaza Cívica mientras se concentraba la gente. Ocurrieron ciertos hechos, hubo represión y luego, salió una marcha hacia el Hospital Carlos Van Buren. Cuando la masa se va al hospital, Carabineros hace ocupación, por así decirlo, de la Plaza y de la intendencia propiamente tal. Ahí le tiraron huevos, bajaron una bandera y la quemaron −relata Cofré.

Mientras ella estuvo monitoreando el curso de la protesta, recuerda que, como cualquier otro día laboral, el edificio de la Intendencia estaba funcionando normalmente y que muchas personas se acercaron por las ventanas a observar lo que estaba pasando en las avenidas aledañas.

Otro testigo del estado físico en que se encontraba Escobar fue Moisés Garay. Él también fue detenido por carabineros por los incidentes que se registraron ese día. Cuando llegó a la comisaría, vio que ingresaron a Escobar y notó que venía en shock.

−Estaba más grave que yo, con las muñecas y la cara hinchada. Digamos, tenía durezas de sangre por todos lados, por la nariz. Estaba lleno de sangre (…) Cuando yo voy a defenderlo es cuando lo están agrediendo tres policías en el suelo. No vi lo que pasó adentro de la Intendencia porque a mí también me llevaron en el furgón, me golpearon y bueno, todo lo que se sabe. Pero a mí lo más grave que me parece es que le negaron la entrevista con el abogado de Derechos Humanos −precisa a este medio.

Por lo pronto, el joven está evaluando si presenta una querella colectiva, junto a las otras personas que fueron detenidas en el mismo contexto −que a diferencia de él, no fueron ingresados−, o si lo hace de manera individual.

“El edificio no es un centro de detención”

Estos hechos no han dejado indiferente a trabajadores de distintos servicios públicos que se emplazan en el mismo inmueble. A mediados de esta semana, un grupo de ellos se manifestó a las afueras del recinto. “Repudiamos que se utilice este edificio público como centro de detención y maltrato. Los funcionarios no avalamos ni avalaremos violaciones a los derechos humanos. Esto podría ocurrirle a usted”, se leía en varios carteles que sostenían.

Leonor de la Fuente es trabajadora del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que se ubica en el quinto piso del edificio. Ella participó de esta intervención, al igual que dirigentas del ministerio de Bienes Nacionales.

−La gente siente que hay mucha inseguridad al respecto. Por otro lado, también asumimos que no vamos a permitir acciones de este tipo, violaciones a los derechos humanos que evidentemente violentan aún más a los compañeros y compañeras (…) El edificio no es un centro de detención. Las decisiones que se tomaron aquí no fueron las adecuadas −manifiesta Leonor.

Si bien recuerda con preocupación los hechos ocurridos ese día, advierte que este no ha sido el primer episodio asociado a violencia policial en estas dependencias. Uno en particular fue el del martes 12 de noviembre, cuando estaba convocada una huelga general. Durante esa tarde, se observó que desde una de las oficinas carabineros estaba apuntando con armas antidisturbios hacia la calle. Esto lo consignaron los trabajadores de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos en una declaración pública:

“Se visualizó a Carabineros en los balcones que dan a la calle Melgarejo, lo que claramente incitó a que la violencia se desatara contra el edificio, siendo dañada en mayor medida nuestras dependencias institucionales. Nuestra preocupación constante es el bienestar y seguridad de nuestros asociados(as), que referimos que en la actualidad no se ha dado. Llamamos a tomar conciencia que estas desafortunadas decisiones no hacen más que generar mayor inseguridad y acrecentar la violencia latente que vivimos en contra de las manifestaciones de la ciudadanía”, se lee en el texto, que también se le hizo llegar a la Intendencia, aunque sin recibir respuesta de vuelta.

Por eso, las críticas también apuntan al intendente regional, Jorge Martínez (RN), por su manejo frente a estos hechos. Pese a que los trabajadores le pidieron un pronunciamiento condenando este acto, que calificaron de “inaceptable”, la autoridad no se ha referido al uso del edificio público por parte de funcionarios policiales, según lo hizo saber el departamento de comunicaciones de la Intendencia.

María Elena Quintana también es funcionaria de este servicio. Enfatiza que la relevancia de hacer esta protesta es informar a la opinión pública sobre los hechos porque hasta ahora no ha sido algo de gran repercusión, por el temor de los funcionarios públicos a ser despedidos.

−En el fondo, el edificio mismo se está convirtiendo en una especie de fortaleza en el que la policía lo ocupa, considerando que las manifestaciones se hacen en la Plaza Aníbal Pinto o en la Plaza Cívica, y se dirigen contra la Intendencia porque es el símbolo del poder, de las malas decisiones y de la negación de las demandas sociales. Se han parapetado acá para custodiar −señala.

Los trabajadores creen que las autoridades le han bajado el perfil a la situación, guardando silencio al respecto. Reconocen, además, que esta denuncia por torturas en el lugar es la primera que conocen.