Inician audiencias en Perú por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno Fujimori

Perú dio comienzo a uno de los juicios más importantes de su historia reciente. Tras 16 años de investigación fiscal, comenzaron las audiencias en las que se investiga la esterilización forzada de hasta 1.300 mujeres durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori.

Según la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 272.000 operaciones de ligaduras de trompas y 22.000 vasectomías, pero se desconoce oficialmente cuántas se llevaron a cabo mediante engaños y coacciones, como han denunciado diversas víctimas.

Fujimori es uno de los denunciados por este caso junto a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, además de un equipo de médicos cirujanos que intervinieron a las víctimas, cinco de las cuales fallecieron por complicaciones tras la ligadura de trompas.

En esta primera sesión ha llamado la atención la ausencia de Fujimori, a pesar de ser uno de los principales acusados. El expresidente actualmente está en prisión y su médico personal solicitó una prueba PCR debido a una serie de supuestas complicaciones respiratorias que el exmandatario ha tenido en los últimos días.

Fujimori está recluido en el penal de Ate, en la capital peruana, donde cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad durante su mandato, que comprendió entre los años 1990 y 2000.

Tanto los delitos de “graves lesiones” que sufrieron las supervivientes, como el de asesinato de las cinco personas que no lograron superar la operación, se enmarcan en un contexto claro de violación de los derechos humanos, que podría sumarse a lo que ya se acusa al expresidente.

Los abogados defensores aseguraron que el exmandatario puede estar ausente durante el proceso telemático y que sólo debe tener la constancia de lo que se está tratando en el mismo, algo que el juez aceptó.

Víctimas denuncian las esterilizaciones forzadas como política de Estado

A diferencia de Fujimori, sí estuvieron presentes sus exministros de Salud y los médicos involucrados en el caso, a excepción del galeno Octavio Marroquín, que falleció en agosto pasado, según se informó a la sala.

Durante la primera comparecencia se registraron los abogados y los representantes legales de las 1.307 víctimas implicadas.

La clave de este juicio para las víctimas es demostrar que estos procedimientos fueron una política de Estado durante la década de los 90. Un sistema que buscaba esterilizar de forma permanente a un determinado sector de la población, mujeres provenientes en su gran mayoría de poblaciones indígenas.

El propio Ministerio de Salud peruano ha reconocido en más de una ocasión que estas esterilizaciones se llevaron a cabo durante el segundo mandato de Fujimori y que afectaron principalmente a mujeres quechuas, campesinas y pobres.

Perú. ¡Exigimos JUSTICIA para nuestras hermanas víctimas de Esterilización Forzada!

Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2021

Son miles de mujeres afectadas y víctimas de una política pública del gobierno de Alberto Fujimori, que en los años 90 perpetró un crimen de lesa humanidad mediante la esterilización masiva y forzada de los cuerpos de nuestras hermanas indígenas.

Porque sí, las víctimas de esterilización forzada por el gobierno de Fujimori fueron en su gran mayoría indígenas.

Este crimen se viene denunciando hace más de 20 años. Desde entonces han sido innumerables veces que Fujimori y sus cómplices intentaron archivar el proceso.

En el año 2019 se fijó la audiencia de imputación de cargos para el 9 de noviembre de ese año. Sin embargo, una fiscal pidió retrasar la audiencia. El Poder Judicial de inmediato accedió.

Con la pandemia dilataron aún más la audiencia, pese a que pudieron hacerla muchos meses antes.

El día de ayer, 11 de enero, después de más de 20 años de lucha de nuestras hermanas indígenas por conseguir justicia, la audiencia nuevamente se frustró.

El juez Rafael Martín Martínez no tuvo presente que las mujeres indígenas no tenemos como lengua materna el castellano. Una vez más nuestros derechos fundamentales fueron violentados por el Estado.

La defensa de Fujimori y sus cómplices utilizó esto para continuar dilatando. Suspendieron la  audiencia, sin siquiera fijar nueva fecha.

Esta grave actuación del Poder Judicial refleja el racismo y discriminación que enfrentamos las mujeres indígenas todos los días por parte del Estado.

Exigimos al juez Rafael Martín Martínez que se fije de manera inmediata una nueva fecha de la audiencia y que se avance en el camino a la justicia, nuestras hermanas víctimas se están muriendo sin alcanzar justicia.

Le recordamos también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene la obligación de implementar una política de reparaciones para con las víctimas.

Seguir negando las reparaciones y la justicia, es perpetuar la impunidad, es continuar cometiendo este crimen masivo, racista e  infame.