Cientos de personas se concentran frente al Parlamento Europeo para protestar contra la ratificación del CETA

Cientos de integrantes de la campaña europea #NoAlTTIP se han concentrado hoy frente al Parlamento Europeo de Estrasburgo para mostrar su rechazo a la ratificación del CETA, firmado por Canadá y la Unión Europea (UE) el pasado 30 de octubre. El Acuerdo Económico y de Comercio ha sido refrendado los votos de conservadores, socialdemócratas y liberales. Han votado en contra Izquierda Unitaria, Los Verdes, algunos sociademócratas y los grupos de extrema derecha, estos últimos por motivos diametralmente diferentes.

A pesar de que era el esperado, Ecologistas en Acción lamenta este resultado, aunque considera positivo el hecho de que un sector del grupo socialdemócrata europeo haya votado en contra, lo cual muestra las dudas de este grupo y la fractura abierta entre posicionamentos claramente neoliberales y otros más propios de la socialdemocracia. Esta brecha entre socialistas abre una clara oportunidad para seguir trabajando la oposición a este tratado en los próximos meses a través de los debates que se abrirán en los distintos parlamentos nacionales, condición exigida al haberse declarado «acuerdo mixto». 

En la filas españolas esta quiebra no existe. El CETA se ha presentado como un gran acuerdo que mejorará el intercambio de bienes y servicios entre partes, creando riqueza y facilitando la creación de empleo, e incluso desde la llegada al poder de Donald Trump, como una herramienta para contrarrestar sus políticas proteccionistas. Pero la realidad que nos muestra la lectura de sus casi 1600 páginas es bien distinta. 

Para la campaña #NoAlTTIP, de la que forma parte Ecologistas en Acción, no existe ninguna evidencia palpable que avale estas supuestas mejoras, más bien al contrario. Del estudio de sus artículos se aprecia un planteamiento tendente a ir laminando lo que se conoce como «barreras no arancelarias», es decir, todo aquello que ponga trabas a la expansión comercial: derechos sociales, laborales, ambientales y culturales, que se pretenden desregular.

El CETA hace una apuesta firme por un modelo agroindustrial que amenaza seriamente la biodiversidad y pone en riesgo la salud humana con su alta carga de agrotóxicos, manipulaciones genéticas y usos de fármacos y hormonas; por los combustibles fósiles (arenas bituminosas altamente contaminantes, fracking…) que ponen en peligro los objetivos de la COP21 de mitigar los efectos del cambio climático; por atacar los derechos laborales al no estar recogidos expresamente los de sindicación y negociación colectiva incluidos en los convenios fundamentales de la OIT;  por constreñir los derechos sociales que se desprenden del apoyo a las desregulaciones en materia educativa o sanitaria; por desproteger los servicios públicos al privatizar y abrir su gestión a la competencia de proveedores extranjeros de mayor capacidad financiera; por no garantizar la privacidad de datos personales y abrir el camino a un mayor control informativo en Internet; por socavar la independencia judicial al pretender crear tribunales de arbitraje privados al margen de los nacionales para dirimir conflictos entre inversores y Estados; por hacerse eco de forma incondicional de los intereses de los grandes conglomerados empresariales al atender de forma casi exclusiva a sus lobbies en el diseño de este tratado; por olvidar las 21 millones de pymes europeas que dan trabajo a 90 millones de personas al no existir nada explícito sobre ellas; y por condicionar la soberanía de los Estados que pueden ver mermadas sus iniciativas legislativas al poder ser supervisadas por un organismo –el Consejo de Cooperación Reguladora– creado a tal efecto de manera poco democrática.

Una de las cuestiones que más duda genera este tratado es la existencia de tribunales de arbitraje privados para dirimir controversias entre Estados e inversores extranjeros contemplados en un mecanismo regulador denominado ICS (Investment Court System). Este mecanismo otorga a las empresas un poder de coacción sobre las decisiones de las administraciones a la hora de diseñar y acometer políticas públicas al tiempo que socava la propia soberanía judicial. De hecho, este mecanismo de tribunales de arbitraje ha sido criticado por varias asociaciones europeas de jueces –entre las que se encuentra la española Jueces para la Democracia– por no ser necesarios, ya que tanto el sistema judicial europeo como el canadiense garantizan el trato igualitario a todo litigante.

Pero la oposición no acaba ahí. De manera sectorial, asociaciones agricultoras y ganaderas, de consumidores, plataformas de defensa de los servicios públicos o del derecho a la privacidad de datos en Internet, organizaciones ecologistas y sindicales, así como asociaciones de pymes, han manifestado su rechazo o al menos han expresado serias dudas sobre los contenidos sectoriales. Para estas organizaciones, en los 13 capítulos que integran el acuerdo, no se garantizan los estándares laborales, sociales o ambientales actuales. Sirva como ejemplo que de las 1500 Denominaciones de Origen existentes en Europa solo están incluidas en el tratado 147. ¿Qué pasa con el 90% restante?

No existe ningún estudio de impacto del tratado y, sin embargo, sus defensores en Europa (conservadores, socialdemócratas y liberales) han votado en el Parlamento Europeo a favor de su ratificación. Antes de su paso por los parlamentos nacionales, a partir de abril el tratado se aplicará de forma provisional dentro del conjunto de la UE en una parte importante de sus artículos, dejando para más adelante los aspectos que se entiende sobrepasan las competencias de la Comisión Europea.

En la votación de hoy lo que se ha dirimido en el Parlamento Europeo es algo más que una votación sobre un acuerdo comercial. Se ha votado el modelo socioeconómico que puede imperar en Europa en las próximas décadas, muy en la línea de las políticas de austeridad y recortes que están sufriendo las clases populares desde el inicio de la mal llamada crisis económica. 

A pesar del resultado de la votación, Ecologistas en Acción y la campaña #NoalTTIP manifiestan que ninguna lucha está perdida. Como el acuerdo con Canadá tiene un obligado paso por los parlamentos nacionales y algunos regionales, su tramitación puede deparar algunas sorpresas. En ese proceso existe una oportunidad de acabar definitivamente con él, dado que algunos países muestran serias dudas sobre la idoneidad de su implantación. Las dudas residen especialmente entre los partidos socialdemócratas, algunos de cuyos miembros, que ya votaron en contra en algunas de las comisiones que emitieron dictamen sobre su ratificación, han vuelto a mostrar su desacuerdo.

La campaña #NoalTTIP, que ha impulsado desde hace meses acciones y movilizaciones en contra del CETA, se reafirma en su posicionamiento en contra de este tratado –y de otros como el TTIP y el TiSA– y anuncia su intención de seguir trabajando para informar a la población de lo lesivo que la posible aplicación de estos acuerdos será para sus derechos.