Habla Enrique Santiago, el abogado de las FARC: La paz en peligro en Colombia

El abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, denuncia en una entrevista para la revista colombiana Semana,  que los jueces están incumpliendo la Ley de Amnistía y advierte que desde la Fiscalía se busca vaciar de contenido a la Jurisdicción Especial de Paz.

SEMANA: ¿Qué tiene retrasada la aplicación de la amnistía para los guerrilleros de las FARC?

Enrique Santiago: Salvo honrosas excepciones, los jueces y fiscales no están aplicando la amnistía ni aprobando las libertades condicionadas contempladas en la Ley de Amnistía, en vigencia desde hace más de 40 días. Los argumentos esgrimidos en muchas resoluciones judiciales son sorprendentes: que se desconoce si en el futuro los amnistiados volverán a la rebelión; que aún no existe la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); que la Fiscalía General no ha emitido una circular indicándoles a los fiscales como cumplir la ley, o que el Gobierno no les ha dado indicaciones. En un Estado de Derecho, para que el poder judicial aplique una ley no se necesita ni una instrucción del poder ejecutivo ni una circular del fiscal general.

De hecho, los interesados pueden solicitar la amnistía, pero la Ley también establece que los jueces y fiscales pueden aplicarla de oficio. Algo que sólo han hecho, al día de hoy, dos jueces de ejecución de penas de Ibagué y Cali. La no aplicación de una ley de amnistía a la finalización de un conflicto armado es inédita y confirma que solamente una nueva jurisdicción para la paz estaría en condiciones de aplicar justicia tras la finalización del conflicto.

SEMANA: ¿Cómo puede afectar este retraso la dejación de armas?

E.S.: Sin aplicación de la amnistía y sin puesta en libertad de aquellos integrantes o colaboradores de las FARC que tienen tal derecho según el Acuerdo Final, es irresponsable pretender exigir la dejación de armas. Las FARC están mostrando un compromiso con el proceso de paz más explícito y efectivo que el manifestado por varias instituciones del Estado. Imagino que tanto la Fiscalía General de la Nación como los tribunales son conscientes de que la inaplicación de la amnistía provoca gran malestar entre los guerrilleros presos y entre las bases guerrilleras. Esto genera desconfianza pues pone en duda la voluntad de cumplimiento del Estado, y, por tanto, estimula las disidencias dentro de las FARC. En mi opinión, hay sectores interesados en hacer fracasar el acuerdo de paz por esta vía.

SEMANA: ¿A dónde irán los presos amnistiados?

E.S.: Cualquier amnistiado tiene derecho a ir donde quiera porque es una persona plenamente libre. Sin embargo, en la práctica, la inmensa mayoría de amnistiados no tiene a dónde ir. Bien porque su único hogar han sido los campamentos guerrilleros o porque en estos momentos en los que el paramilitarismo se mueve libremente por muchas regiones del país es altamente riesgoso acudir a casas de familiares o amigos. Distintas redes de solidaridad están trabajando en la acogida de los amnistiados en lugares dignos y seguros.

SEMANA: ¿En qué momento se le aplica la amnistía a los guerrilleros que están en las zonas veredales?

E.S.: La amnistía se aplica una vez que cada guerrillero ha dejado las armas e iniciado el tránsito a la vida civil, al firmar el acta de compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

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SEMANA: El fiscal Néstor Humberto Martínez dice que los miembros de las FARC estarían cometiendo unos delitos continuados como secuestro y lavado de activos. ¿Existe un limbo en estos casos?

E.S.: No existe ningún limbo jurídico. Y si existiera, el Acuerdo dice que los competentes para decidir sobre cualquier situación son los jueces colombianos que integrarán la JEP, no la Fiscalía General de la Nación. Lo que ocurre es que la Fiscalía está formulando propuestas de manera extemporánea, y todas con la misma finalidad: trasladar la competencia de la JEP sobre determinadas conductas a la justicia ordinaria. Y eso conculca tanto principios básicos del derecho como el Acuerdo de Paz y lo construido durante años en La Habana.  Parece que el fiscal general pretende renegociar el Acuerdo. Un acuerdo de paz que pone fin a un conflicto armado de 50 años exige cientos de compromisos y cesiones de ambas partes. Su resultado es un delicado equilibrio. El señor fiscal no debería actuar como si el proceso de conversaciones siguiera abierto.

SEMANA: ¿Cuándo y cómo será entonces la entrega de bienes y dinero por parte de las FARC?

E.S.: La regularización de los recursos económicos de las FARC está expresamente recogida y detallada en el Acuerdo Final. Ese proceso se efectuará conjuntamente con el Gobierno y concluirá antes de finalizar el proceso de dejación de armas.

Al respecto, la Fiscalía hace manifestaciones que confunden a la opinión pública. Da la visión de que las FARC buscan seguir al margen de la ley y realizando actividades ilícitas. Se está difundiendo un mensaje falsario e indigno, incompatible con la construcción de paz y la reconciliación.

Llama la atención tanta preocupación de la Fiscalía por los delitos del pasado competencia de la JEP, los ocurridos durante una guerra que ha terminado, y sin embargo, tan pocos resultados respecto a los delitos de hoy, que sí son de su competencia y que amenazan seriamente la paz tan difícilmente construida en La Habana.

Hasta ahora la Fiscalía no ha dado resultados eficaces sobre los casi 20 defensores de derechos humanos asesinados en los 40 días que van del 2017. Tampoco sobre los 70 asesinados el año pasado. Tampoco se conoce detención alguna de paramilitares uniformados que están copando territorios abandonados por las FARC. Creo que la Fiscalía tiene una gran confusión a la hora de fijar sus prioridades.

SEMANA: ¿Hay alguna razón jurídica en la demora en la entrega de menores por parte de las FARC?

E.S.: No existe ninguna demora respecto a los plazos de salida de menores de campamentos de las FARC, los que se han acordado se han ido cumpliendo. Han existido retrasos en la ejecución del programa, en crear las condiciones para llevar adelante los itinerarios de acogida de los menores. Si no hay lugares preparados para acoger a los menores, obviamente estos no pueden abandonar los campamentos. No se contempla en los acuerdos salidas de menores para que queden abandonados, o incluso encarcelados como está ocurriendo. Es urgente que el Gobierno acabe con la situación que viven al menos 11 menores recluidos en instituciones penales de menores, acusados o condenados por pertenencia a las FARC, a los que tampoco se les ha aplicado la amnistía a fecha de hoy. En todo caso, el programa de salida de menores de campamentos de las FARC sigue adelante. Nunca se han dejado de cumplir los acuerdos sobre esta materia.

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SEMANA: Hay una gran controversia sobre si la JEP tal como quedó en el acto legislativo que la crea viola el artículo 28 del Estatuto de Roma. ¿Qué piensa al respecto?

E.S.: En el Acuerdo Final del 24 de noviembre se recogieron regulaciones diferenciadas de la responsabilidad por cadena de mando, respecto a rebeldes y civiles por un lado, y para la fuerza pública por otro. Las críticas vertidas desde ámbitos especializados o internacionales sobre la regulación de la responsabilidad por cadena de mando han sido exclusivamente sobre el modelo aplicado a la fuerza pública

En mi opinión, se nota un intento por provocar que la responsabilidad por cadena de mando recaiga exclusivamente sobre oficiales y suboficiales ya condenados, lo que excluye o dificulta la determinación de responsabilidad respecto a otros jefes superiores. Me parece una opción errónea que puede tener muchas dificultades para ser aplicada por la JEP. Sobre todo me parece una propuesta muy torpe, pues pone a los altos oficiales de las Fuerzas Militares en la mira de la Corte Penal Internacional. Yo nunca habría recomendado a mis asesorados una solución jurídica de esas características

SEMANA: ¿Se están cambiando aspectos sustantivos de la JEP en el Congreso?

E.S.: Hay un claro intento de hacerlo, pareciera que siempre para endurecer las normas aplicables respecto a guerrilleros, y a la vez favorecer a aquellos sectores acostumbrados a vivir en la impunidad. Se han presentado distintas propuestas por la Fiscalía para limitar la competencia de la JEP sobre terceros, civiles, o al menos para impedir en la práctica su sometimiento a la JEP. Por ejemplo, al pretender incluir que solamente respecto a los civiles los procedimientos deban ser sustentados en pruebas obtenidas fuera de esa jurisdicción. Es decir, que las pruebas provengan del mismo sistema judicial colombiano que ha permitido la impunidad estructural para ciertos sectores. También ha propuesto los procedimientos respecto a civiles fueran reservados, dizque para salvaguardar el derecho a la intimidad y el buen nombre, como si los agentes del Estado o los guerrilleros no tuvieran esos mismos derechos. Es claro que resulta incompatible la reserva absoluta de procedimiento con un sistema construido sobre el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades. ¿Qué verdad sería aquella que no se puede hacer pública?

En cualquier caso la alteración unilateral y sustancial de lo establecido en el Acuerdo Final constituiría un grave incumplimiento por el Estado de lo acordado. A pesar de eso las FARC han venido aceptando distintas propuestas de ajustes a la JEP, cuando mejoran el acuerdo de paz y tienen un alto consenso social e institucional.

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SEMANA: El blindaje de los acuerdos se diseñó a través de varios mecanismos internacionales. ¿Se están aplicando?

E.S.: Según reza el Acuerdo, luego del depósito del texto en Suiza, se deben aplicar dos instrumentos de derecho internacional: una declaración unilateral del Estado ante la comunidad internacional anunciando su compromiso de cumplir lo acordado y la solicitud al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que incorpore el texto íntegro del Acuerdo Final a un documento oficial de dicho Consejo. A fecha de hoy no se ha efectuado ni lo uno ni lo otro, a pesar de lo cual la implementación del Acuerdo ha comenzado y las FARC han ingresado en las Zonas Veredales para proceder a la dejación de armas.

SEMANA: El tiempo corre y da la impresión de que no se alcanzarán a sacar todas las leyes a través del fast track…

E.S.: Hay retrasos en la implementación y estos se deben a que los enemigos de la paz, que son aún muchos y poderosos, se esfuerzan desde todas las instituciones en las que tienen presencia en hacer inaplicable el Acuerdo Final y volver a la guerra. Existe pánico a que se conozca la verdad. Colombia está en una auténtica encrucijada histórica. Una oportunidad de paz, desarrollo y modernización como esta solo se presenta una vez cada siglo. Sería bueno que la sociedad estuviera alerta sobre las dificultades y arropara el proceso de implementación.

SEMANA: ¿No son normales estas dificultades al comienzo?

E.S.: Lo que va mal no es debido a las normales dificultades de arranque, que también las ha habido. Un sector destacado de la clase política, sustentado por grupos económicos, trabaja sin descanso para hacer naufragar el Acuerdo de Paz del Teatro Colón y cualquier posibilidad de paz diferente a una “paz de los cementerios”. Le aseguro que lo que más desearía en estos momentos es estar profundamente equivocado sobre la anterior afirmación.