Denuncian la creciente represión policial en Argentina

La víspera, cientos de personas llegaron hasta las proximidades de un Congreso vallado para demandar la aprobación de una reforma previsional, denunciar los bajos haberes recibidos cada mes y la grave situación socioeconómica.

La Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria desplegaron un fuerte operativo con camiones hidrantes, efectivos motorizados, balas de goma, bastones y gas lacrimógeno y causaron heridas a varios ciudadanos, entre ellos una anciana de 87 años y un fotógrafo que permanece en estado grave.

Según refirió el diario Página 12, más de 100 manifestantes fueron detenidos y tras la arremetida numerosas personas llegaron hasta la Plaza de Mayo para repudiar el accionar de las fuerzas de seguridad.

Lo ocurrido fue condenado por la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA- Autónoma, entre otras agrupaciones.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) reiteró su preocupación por la situación de los profesionales del sector y exigió la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tras responsabilizarla por los ataques a la libertad de prensa, el incremento la violencia institucional y la impunidad.

Pablo Grillo, quien fuera nuestro alumno en Argra Escuela, fue vilmente herido de gravedad por las fuerzas. «No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Bullrich. Su vida corre peligro porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno», señala un comunicado de esa organización.

«Exigimos al presidente Javier Milei que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la Justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos», añade el texto.

Por su parte, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 15, Karina Andrade, ordenó la inmediata liberación de más de 114 detenidos.

«Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el de la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión», señaló Andrade y advirtió que los adultos mayores pertenecen a los «sectores más vulnerables de nuestra nación» y están «protegidos convencionalmente».

A su vez, las dos CTA acusaron al Gobierno de “hacer pasar a sangre y fuego el ajuste contra los jubilados y el pueblo”, desatar la violencia, iniciar la represión antes de la hora de la protesta para evitar una mayor participación y descalificar a los participantes.

Además, denunciaron que “aparecieron contenedores repletos de piedras en los alrededores del Congreso” y “se vieron imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad dejando armas en medio de la calle”.