El Ministerio Público continúa sus acciones arbitrarias y criminalizadoras contra los defensores del ambiente y personas que integran la comunidad lenca del departamento de La Paz, cuyo sustento es el trabajo de la tierra en sus territorios ancestrales. El miércoles 15 de junio de 2022, a las 9:00 de la mañana, Sonia Pérez, defensora de los derechos humanos y corresponsal de Radio Progreso en San José, La Paz, deberá presentarse a la audiencia de declaración del imputado, en virtud de que el Ministerio Público la ha acusado por los delitos de usurpación agravada y alteración de términos o linderos.

En esa misma zona del país (centro) la Fiscalía ha requerido por los mismos delitos a 30 hombres y mujeres del Consejo Indígena Lenca Nueva Palestina, acción que ha sido fuertemente repudiada por organismos defensores de derechos humanos y defensores de la tierra y otros sectores.

El 18 de mayo, decenas de familias indígenas de la Comunidad Lenca Nueva Palestina, San José, La Paz, fueron desalojados de sus tierras con brutalidad.

María del Rosario Domínguez, una de las mujeres de esa zona, contó con tristeza que las personas desalojadas se dedicaban al cultivo de frijoles, arroz y maíz, lo cual les permitía alimentar a sus familias.

Además de destruir sus cultivos y desbaratar los hogares donde convivían, el Ministerio Público alegó acusaciones sin fundamento, pues la comunidad cuenta con títulos de propiedad extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA) que datan de 1999, documentos con los cuales comprueban la legitimidad de la ocupación de esos territorios.

DESPOJAN DE TIERRAS BAJO IMPOSICIÓN Y AMENAZAS

Mártir Gámez, presidente del Consejo Indígena comentó que trabajaban en las parcelas cuando les avisaron que se aproximaba un contingente policial y les dieron dos horas para desalojar.

Mencionó que el oficial de policía Juan Argueta, abusando de su cargo, ordenaba detener a las personas mediante intimidaciones y amenazas, razón por la cual algunas personas decidieron esconderse o abandonar el lugar para siempre.

Gámez apuntó que Argueta se impuso en más de 20 manzanas de tierra, aprovechando que los operadores de justicia siempre violentan los territorios lencas, pese a existir una denuncia ante la Fiscalía de las Etnias y Patrimonios Culturales.

Hasta el 2022, Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos en el mundo debido a la falta de protección, las violaciones y los asesinatos en contra de los defensores del ambiente.

Pese a los atropellos que han sufrido, el titular de Consejo Indígena, manifestó que la tierra es el patrimonio más hermoso, valioso y de orgullo que poseen, pues es su sustento de vida.

Sonia Pérez, la corresponsal de Radio Progreso, desde 2018, fue criminalizada por informar sobre ese conflicto y los actos arbitrarios suscitados en contra de los pobladores.

La criminalización institucional en Honduras ha agravado la situación de las personas que dedican sus vidas a la defensa de los bienes naturales y el territorio. En 2020, 17 personas perdieron la vida de manera violenta por alzar la voz y salir a la defensa de la tierra.

Mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), registra que, desde 2001 a la fecha, al menos 92 periodistas y corresponsables han sido asesinados en Honduras, y preocupantemente el 91% de las muertes se mantienen en impunidad.

En conjunto, Radio Progreso y el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC) han exigido al Congreso Nacional evaluar la conducta de los operadores de justicia, debido a la criminalización social y han instado a la Secretaría de Derechos Humanos y al Conadeh iniciar investigaciones por los abusos contra Pérez y la comunidad lenca Nueva Palestina

Fuente: Criterio

Por cuarta vez reprograman lectura de sentencia contra asesino de Berta Cáceres

Nuevamente la justicia hondureña reprograma audiencia para lectura de la sentencia en contra de Roberto David Castillo, Gerente de DESA, declarado culpable como coautor del asesinato de Berta Cáceres.

“Es la sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional la que está alargando, ahora para el 20 de junio, la notificación de pena concreta que se debe emitir y dictar en contra del Presidente de DESA quien fue condenado como coautor de asesinato de la líder ambientalista y activista de Derechos Humanos y defensora de los pueblos indígenas Berta Cáceres”, dijo Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público.

La lectura de sentencia debió haberse dado el pasado 04 de abril, sin embargo fue reprogramada para el 18 de mayo anterior, no se realizó y se programó para el 31 de mayo, otro día que no se realizó y se pospuso para el 16 de junio, y ahora se ha reprogramado para el 20 de junio.

“En cuatro ocasiones se ha venido reprogramando esta notificación de pena concreta, de la lectura del fallo, en un caso tan importante en el que el Ministerio Público ha pedido una pena de 25 años de reclusión, es decir la pena máxima para Roberto David Castillo”, dijo Morazán.

Desde el 5 de julio de 2021, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, logró un histórico fallo de culpabilidad en el juicio oral y público en contra del Presidente Ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo Mejía, declarado culpable como coautor del delito de asesinato en perjuicio de la líder ambientalista e indígena, Berta Isabel Cáceres Flores.

La primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Gerente de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, exmilitar, Mariano Díaz Chávez, Mayor del Ejército, Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.