Detienen en Colombia a estudiante y activista social pro DDHH que vivió en Argentina
Una vez más el gobierno Colombiano ataca y hace uso de su aparato necrófilo e injusto para acallar las voces de quienes construyen día a día un proyecto de vida distinto, con dignidad, justicia y donde participemos todos y todas.
Angie Lorena Solano Cortes, estudiante de la maestría en Historia en la Universidad de San Martín fue implicada injustamente en el atentado del 17 de enero del 2019 en Bogotá y capturada en Manizales el pasado 2 de julio de 2020. Vivía en Buenos Aires desde febrero del año 2019, donde estaba estudiando la maestría en Historia en la Universidad de San Martín después de haber terminado la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Había viajado durante el receso de verano a Colombia y no pudo regresar a Argentina a continuar sus estudios por motivos de la pandemia y la cancelación de los vuelos.
En su labor de pedagoga, venía realizando acompañamiento a la primera infancia como voluntaria en un Centro de Atención Integral para la Inclusión (CAII) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como activista social, comprometida con la transformación de la sociedad y la defensa de los Derechos Humanos, participaba de acciones del movimiento feminista y acompañaba distintos procesos de organización de colombianxs en Argentina.
En Colombia, venía expresándose culturalmente en bandas de hardcore metal, donde comenzó a organizarse en la Red de Bandas en Resistencia por el año 2009. Posteriormente, trabajó difundiendo y formando a la juventud del barrio Bosa en Bogotá, acerca del derecho a la objeción de conciencia a prestar el servicio militar, indicado en el artículo 18 de la Constitución Política Colombiana. Posteriormente, continuó su labor acompañando a mujeres a través de la ONG Orientame.
Angie, como se resalta en su historial, es una activista garante de los Derechos Humanos, siendo ésta su actividad principal en Colombia, comprometida con la realidad social de su país, quien no ha descansado en el caminar por una sociedad más justa, siempre activa y atenta.
Muestra de este accionar de parte del estado colombiano es el informe “Universidades Públicas bajo S.O.S.pecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia”, presentado en los días recientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz(JEP), organismo encargado de garantizarlos derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles la verdad y contribuir a su reparación en el marco del conflicto social y armado que perdura en Colombia, a pesar de las firmas del acuerdo depaz. En la elaboración del informe, los investigadores lograron identificar más de 130 asesinatos de estudiantes durante los 20 años estudiados (2000 al 2019) y 9 modalidades distintas de agresión entre las que se destacan el exilio forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad policial y el uso ilegítimo del sistema de justicia.
Estos registros son muestra de la política de persecución y criminalización hacia los y las estudiantes activistas sociales en Colombia, como lo es el caso de AngieLorena, estudiante y activista social garante de los Derechos Humanos.
Reconocemos esta acción del gobierno Colombiano como una forma de desviar la atención pública en medio de fuertes cuestionamientos al gobierno nacional por sus nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, entre otros delitos imputados a los altos gobernantes partícipes de todo este montaje judicial, como son el presidente Iván Duque, el fiscal Francisco Barbosa, el comandante de la policía Oscar Atehortúa y el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, este último, quien además, sigue sin contestar por los asesinatos de líderes y lideresas sociales, campesinos y campesinas, y la violación de derechos humanos de comunidades indígenas por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, así como la intrusión de Fuerzas Militares Norteamericanas a territorio colombiano.
Desde Argentina, diversas organizaciones sociales y académicas, sus compañerxs, amigues y familiares denuncianeste accionar porparte del gobierno colombiano en medio del cuestionamiento público por sus acciones criminales. Exigimos la libertad de nuestra compañera Angie Lorena Solano Cortés,estudiante y activista social comprometida con los Derechos Humanos y los sectores vulnerables de la sociedad, que le sea respetado el derecho de Presunción de Inocencia dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional de Colombia y que le sea respetado el derecho al Debido Proceso dispuesto en el artículo 28 de la misma Constitución.
Relacionado
