Nuevos casos de criminalización de personas defensoras en Centroamérica

15/07/2022.- La activista indígena guatemalteca María Magdalena Cuc Choc acaba de ser condenada a dos años de prisión, acusada por delitos inconsistentes.  Una prueba más del aumento de la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, ambientales y territoriales en Centroamérica, y más concretamente en Guatemala. Procesos penales como el de esta lideresa, que no están  fundamentados en pruebas fehacientes, buscan desincentivar las luchas de las comunidades ante el expolio de sus recursos naturales por parte de empresas apoyadas desde instancias políticas.

El fallo sobre María Choc, como se la conoce, recoge una sentencia a dos años de prisión por “usurpación agravada” y para recuperar su libertad, puede conmutar su pena abonando cerca de 1.000 euros, mediante un pago diario.  Choc, que pertenece al pueblo maya q’eqchi y trabaja como intérprete y traductora, está implicada desde hace años en la lucha por los derechos de las mujeres que sufren violencia y en la defensa de su territorio, en el municipio de El Estor (Izabal), sobre todo frente a los impactos generados por una empresa minera canadiense.

Los hechos de los que la acusan se remontan a finales de 2016, cuando según la denuncia de la inmobiliaria Lisbal S. A., la defensora entró en una finca de la que habían sido desalojadas previamente 58 familias q’eqchíes. Según su testimonio, fue en calidad de intérprete de los desalojados, pero según la acusación ella realizó amenazas a siete trabajadores de la finca. En enero de 2018, fue detenida arbitrariamente por estos supuestos delitos de amenazas, detención ilegal y usurpación agravada. Sólo por el último, el Ministerio Público le pedía siete años de prisión, mientras que el fiscal no consideró los otros dos delitos, de los que finalmente fue absuelta.

María Choc es una de las protagonistas en la campaña ‘Guardianas del Agua y la Tierra’, a las que apoya Alianza por la Solidaridad-ActionAid en Centroamérica. Tras su detención en 2018, señalaba: “Fui encarcelada por defender los derechos de los pueblos y de las mujeres en los tribunales. Así nos quieren silenciar e intimidar, las leyes deberían respetarnos, pero la ley en Guatemala está a favor de los corruptos y gana el que tiene dinero. Hemos sufrido muchos desalojos y 11 mujeres fueron violadas brutalmente. Sus casas y sus enseres fueron todos quemados. Lo hicieron agentes de seguridad de la empresa minera y policías nacionales. Mi delito es alzar la voz frente a la injusticia.  Por ello hay tantos defensores encarcelados en este país”. Su abogada, Wendy Pérez, confía ahora en que pueda presentarse un recurso de apelación.

Desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid manifiestan una absoluta condena por esta nueva criminalización que busca acabar con la movilización social frente al acaparamiento de recursos en el país por empresas nacionales y extranjeras.

Cabe recordar la reciente detención de otra lideresa en el mismo país, Sofía Tot, destacada defensora en la Sierra de las Minas, en Baja Verapaz.. Tot, que está a la espera de juicio, fue puesta en arresto domiciliario el pasado 21 de junio. Apenas unos días antes, había sido detenido Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores del lago Izabal y representante indígena. Pop había participado en una protesta pacífica cerca de la mina Fénix, de una subsidiaria de la compañía de capital ruso-suizo Solway Investment Group. Cuando fue arrestado, acababa de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado los ha despojado de sus tierras, registrándolas a nombre de personas y empresas ilegalmente.

No hay que olvidar el caso de Benardo Caal, quien ha pasado cuatro años y dos meses en el penal de Cobán, tras ser condenado sin pruebas fehacientes –según diversos organismos internacionales, incluida la ONU- por su implicación en la defensa del río Cahabón frente a dos grandes proyectos hidroeléctricos.

Según el último informe de UDEFEGUA organización que recoge datos sobre la situación de las personas defensoras en Guatemala, en 2020 se documentaron 1.004 casos de agresiones, superando el año 2014 que era considerado el más violento. El 33,6% de ellas eran mujeres y, del total, 313 fueron casos de criminalización como los anteriores. Las acusaciones más comunes en todos ellos son incitación para delinquir, usurpación agravada, secuestro, amenazas, detención ilegal, robos y coacciones. Las personas acusadas pasan largos periodos de tiempo, por lo general varios años, sometidas a procesos penales y, mientras tanto, son desplazadas de sus comunidades, negándoseles el derecho a realizar actividades propias de defensa de los derechos humanos.