Lula da Silva llevará pruebas de persecución judicial a la ONU
El exmandatario brasileño presentará ante las Naciones Unidas las pruebas de la persecución judicial en su contra por el caso Lava Jato.
La defensa legal del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “nuevos hechos” que demuestran la “persecución judicial” que sufre.
Los abogados del exmandatario consideran que tanto él, como su familia, sufren represalias tras la denuncia que presentó ante la ONU a finales del mes julio por los abusos cometidos durante la investigación por el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
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Asimismo, precisaron que un ejemplo de esa represalia es la decisión de la policía de llamar a declarar a su esposa e hijo, “sin ninguna justificación razonable”. Condenan la campaña de propaganda opresiva que llevan a cabo medios de comunicación.
Por medio de un comunicado, la defensa del líder social brasileño señala que se trata de una «reacción autoritaria de los operadores de la operación Lava Jato», que confirma que Lula “es víctima de una verdadera caza judicial, que se vale de la complicidad de los medios de comunicación para esconder los abusos y promover un juicio por parte de los medios».
En contexto
El pasado miércoles, Lula da Silva denunció en Brasil que los fiscales que llevan el caso de corrupción en Petrobras inventan pruebas “inexistentes” para precipitar un juicio en su contra sin que culminen las pesquisas.
Desde que se conoció que el exmandatario podía ser candidato presidencial para 2018, incrementaron en su contra las persecuciones sin respaldo jurídico.
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¿Qué es Lava Jato?
Se trata de una conocida investigación que destapó una red de corrupción en la estatal brasileña Petrobras, así como un sinfín de problemas financieros y políticos. Fue conocida en 2014, pero expertos estiman que las actividades delictivas se realizaron durante diez años.
Lava Jato (lavadero de autos) consistía en que empresas sobornaban a altos funcionarios de Petrobras y otros cargos públicos para conseguir contratos «sobrefacturados» multimillonarios con la petrolera estatal.
Por el caso han sido detenidos decenas de altos ejecutivos de empresas constructoras y se estima que entre 2004 y 2012, el dinero desviado asciende a 8 mil millones de dólares.
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