Comienza el juicio por el asesinato de Berta Cáceres

En vísperas del comienzo del juicio por el asesinato de Berta Cáceres el próximo lunes 17 de septiembre en Tegucigalpa (Honduras), que durará hasta el 19 de octubre, Greenpeace demanda un juicio justo y ejemplarizante para los responsables del asesinato de esta activista hondureña y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro. Greenpeace, en apoyo de la ONG a la que pertenecía Cáceres, COPINH, exige que también se persiga y enjuicie a las personas que ordenaron y planificaron este crimen.

El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en la noche del 2 de marzo de 2016 se produjo en Honduras como consecuencia de su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, proyecto aprobado en 2013 y que atenta contra la supervivencia de la comunidad indígena Lenca, a la que Berta pertenecía. Ella y la organización de la que era coordinadora (COPINH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fueron sus principales opositores.

“Reclamamos Justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización de esta activista por parte de las personas que planificaron y ordenaron el crimen, que aún permanecen libres. Algo así, no debería repetirse”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

Tras el arresto de los sicarios que dispararon el gatillo, en noviembre de 2017 el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) hizo público un informe donde relataba los resultados del análisis de los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los teléfonos de las personas imputadas. El informe concluía que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres había comenzado ya en noviembre de 2015. Además, el análisis de GAIPE concluye que tanto la empresa de seguridad de la compañía constructora del proyecto (DESA, Desarrollos Energéticos S.A.), como las autoridades hondureñas y las entidades financiadoras jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.

El pasado mes de julio Global Witness presentó su informe anual “¿A qué precio?”, que recoge el asesinato durante el pasado año 2017 de, al menos, 207 personas en todo el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente. Durante el año pasado aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la agricultura y el acaparamiento de tierras para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de productos de consumo y uso diario. Además, según la organización la cifra real de asesinatos es seguramente mayor.

“El juicio por el asesinato de Berta Cáceres visibiliza la situación del activismo en muchos lugares del mundo que viven a diario la persecución que vivió Berta antes de que la mataran”, ha declarado Soto. Durante este mismo año de 2018, Greenpeace ha denunciado el encarcelamiento de Bernardo Caal Xol, activista del pueblo Q’eqchi’ que se ha destacado por liderar el movimiento de rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos en varios ríos guatemaltecos, entre ellos al que afecta al río Cahabón, afectado por el complejo RENACE. En este proyecto participa en calidad de subcontratista la empresa española Grupo Cobra, del Grupo ACS, la empresa de Florentino Pérez.

“Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas, así como de las medidas de protección para las personas defensoras del medioambiente”, ha añadido Soto. “Las empresas deben estar sujetas a marcos regulatorios nacionales e internacionales que les obliguen a practicar la Debida Diligencia para evitar daños al medio ambiente e incumplimientos de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. En este contexto, urge la aprobación por parte de Naciones Unidas de un marco jurídico vinculante sobre empresas y derechos humanos”.