El partido de Correa denunciará internacionalmente la persecución política en Ecuador

«En este momento estamos viendo todas las instancias internacionales para denunciar la persecución política realizada por el Gobierno; ya hay un expediente que reposa en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en el momento en que sea adecuado se activará, sobre todo luego de ver lo que pase en las instancias nacionales», dijo a Sputnik.

Luego de las protestas que ocurrieron en Ecuador en octubre pasado, la Policía ha detenido a varios dirigentes de Revolución Ciudadana acusados de «sedición».

Rivadeneira y los también asambleístas Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga y Luis Fernando se refugiaron en octubre en la embajada de México en Quito, y la semana pasada lograron el salvoconducto para ir a ese país norteamericano en calidad de asilados.

Sin embargo, un día después, el padre de Rivadeneira fue detenido por el presunto delito de enriquecimiento ilícito privado no justificado y asociación ilícita; días después fue liberado.

La legisladora sostuvo, en diálogo con Sputnik, que se denunciará ante los organismos internacionales esta situación, ya que durante las protestas hubo varias personas heridas y «apresamientos irregulares».

«Se está haciendo un trabajo integral; acá nada es particular, no nos interesa que se convierta en luchas individuales, nos interesa que colectivamente podamos evidenciar uno de los momentos más nefastos que ha tenido el país», agregó.

En cuanto a la situación de su padre, dijo que es «absurda» y la definió como un «montaje» contra un hombre de 62 años, con «serios» problemas de salud, que «ha estado completamente alejado de la vida política».

Desde hace un año y medio vienen haciendo un seguimiento extrajudicial en mi contra; ahora mi padre tiene que hacer una presentación tres veces a la semana durante los siguientes 90 días en un caso donde la propia fiscal no pudo sostener sus acusaciones», expresó.

Dijo que la causa es una «completa vulneración» a los derechos, porque se inició hace 10 meses sin que las partes procesales hayan sido informadas.

Por otro lado, señaló que el 13 de octubre, un día después de haber ingresado a la embajada de México, 25 policías allanaron su casa.

«Estuvieron ocho horas destrozando mi vivienda, lo hicieron 25 policías más la fiscal delante de mis dos hijos menores de edad, sin respetar los protocolos, se llevaron todos los cuadros, libros políticos, álbumes de fotografía (…) Nuestro abogado estuvo en la apertura de los documentos y no habido nada extraño que nos vincule con el delito de rebelión», agregó.

El asambleísta Fabricio Villamar, exintegrante del Movimiento CREO (derecha), presentó el viernes 10 una solicitud para que el parlamento declare el abandono del cargo para los legisladores opositores que se encuentran asilados en México.

Villamar afirmó que los asambleístas están «imposibilitados de cumplir con sus deberes» y su jornada laboral, ya que su ausencia no se enmarca en el régimen de licencias.

Por su parte, Revolución Ciudadana instó al Gobierno y a los operadores de justicia a «no judicializar la política».

El jueves 9, el Gobierno ecuatoriano negó que lleve adelante una persecución política de opositores.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que detrás de las denuncias de persecución está el «interés político de un sector» que busca la «impunidad».