Reino Unido otorga nuevos poderes a Policía para reprimir protestas
El Reino Unido anuncia que planea ampliar los poderes de la Policía para hacer frente a las protestas que derivan en bloqueos de vías públicas.
El Gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak, anunciará este lunes nuevas enmiendas al Proyecto de Ley de Orden Público para reprimir las protestas, ampliando la gama de situaciones en las que la Policía de Inglaterra y Gales puede actuar para evitar graves perturbaciones.
“El derecho a la protesta es un principio fundamental de nuestra democracia, pero no es absoluto. Debe lograrse un equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos de la mayoría trabajadora para realizar sus actividades cotidianas”, manifestó el domingo Sunak.
Conforme explicó el premier, la Policía supuestamente había pedido al Gobierno “más claridad para reprimir las tácticas guerrilleras, y hemos hecho caso”, acentuó, aseverando que no se puede “permitir que las protestas sean realizadas por una pequeña minoría que interrumpa la vida del público común”.
Todo a pesar de que la oenegé Human Rights Watch (HRW) ha lanzado críticas contra Londres por una serie de medidas, incluida las restricciones impuestas a las protestas.
En su último informe global anual sobre derechos humanos en 2022, HRW denunció al Gobierno del Reino Unido por maltrato a las mujeres, los refugiados, los manifestantes, los beneficiarios de asistencia social y las minorías étnicas, entre otras violaciones, y advirtió de que este país europeo podría ser conocido como “abusador de los derechos humanos” si no corrige una serie de leyes controvertidas.
Los nuevos cambios, de aprobarse, podrían significar que los oficiales policiales no necesitan esperar para que tenga lugar una “perturbación” y pueden disolver las protestas antes de que haya un “caos”.
Los nuevos pasos de Londres siguen a una serie de manifestaciones, en su mayoría de activistas que han adoptado tácticas más agresivas para presionar al Gobierno a hacer más sobre el cambio climático.
La medida ha provocado críticas de parte de los grupos pro derechos, como Liberty UK, de acuerdo con el cual la legislación propuesta es “un ataque a la capacidad de las personas para hacer frente al poder”.
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