COPINH denuncia la posible excarcelación de algunos de los principales responsables del asesinato de Berta Cáceres

“Esto sería un insulto real a nuestro proceso, a la memoria de la compañera Berta Cáceres”, dijo a Radio Mundo Real su hija y actual coordinadora general del COPINH, Bertha Zúñiga. “Nos ha llenado de profunda indignación”, agregó, al tiempo que denunció el sistema altamente impune y corrupto que impera en Honduras, que lleva a que “personas con poder económico, político y militar salgan con las manos lavadas”.

Cáceres fue asesinada en su casa de la localidad de La Esperanza, departamento de Intibucá, por su liderazgo en la lucha del COPINH contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), sobre el río Gualcarque. En el ataque contra Cáceres también resultó herido el ambientalista Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México.

El juicio por el caso tuvo numerosas demoras y postergaciones. La Justicia no permitió además trabajar en este proceso a los abogados del COPINH y de la familia de Cáceres como querellantes, porque esos representantes legales habían denunciado que no se les brindaba toda la información utilizada en la investigación judicial.

Hasta ahora sólo fueron juzgados los autores materiales del crimen, a pesar de que la prueba reunida por la organización indígena da cuenta de la participación de varios integrantes de la Junta Directiva de DESA, en especial personas de la familia Atala Zablah, en la planificación del asesinato.

La alerta

En el actual contexto de pandemia del Covid 19, el COPINH recibió información sobre trámites y diligencias realizadas para la liberación de dos de los siete condenados el 2 de diciembre pasado como autores materiales del asesinato de Cáceres: Sergio Rodríguez, ex gerente ambiental, social y de comunicaciones de DESA, y Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de esa compañía.

Según relató Zúñiga a Radio Mundo Real, la Corte Suprema de Justicia de Honduras anunció que debido a la crisis sanitaria desatada por el Covid 19 varias personas privadas de libertad serán excarceladas como medida de excepción para evitar el hacinamiento en cárceles. Las personas a ser beneficiadas deben cumplir con algunos requisitos como ser mayores de 60 años y tener padecimientos médicos, entre otros.

La medida de las autoridades carcelarias de Honduras podría excarcelar a más de 3 000 personas, según el COPINH, y hay individuos con delitos graves de corrupción a los que ya se les han otorgado medidas sustitutivas, como la prisión domiciliaria.

“Eso a nosotros nos preocupó porque se le está dando un poder bastante grande al sistema penitenciario”, manifestó Zúñiga. Además, relató que Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y también el ex presidente de DESA, David Castillo, están recluidos en la cárcel de Támara, en las afueras de Tegucigalpa, la capital del país. Castillo, que según Zúñiga tiene beneficios especiales en la cárcel, está preso de forma preventiva desde marzo de 2018. Es acusado por el Ministerio Público de ser autor intelectual del crimen de Cáceres. El COPINH ha reclamado reiteradamente que se lo enjuicie como tal.

Zúñiga alertó que la decisión de la Corte Suprema “amenaza incluso la integridad de las personas que hemos estado al frente de esta lucha por la justicia, obviamente las comunidades organizadas del COPINH”, y por eso realizaron la denuncia. Reconoció que le preocupa el riesgo de vida que implica su labor y la de sus compañeros/as, pero adviritó que “no es lo que prima en nuestro día a día”. “Lo que prima es esa necesidad de dignificarnos como comunidades y obviamente el malestar de ver cómo pisotean el derecho de la población hondureña, el derecho de nosotras como víctimas y que eso quede como si nada, en la normalidad”.

El COPINH enfrenta la resolución judicial que podría favorecer a tres de los presos por el asesinato de Cáceres sin tener representación legal por la expulsión de sus abogados del caso. Y la Fiscalía ha estado lejos de representar el interés de las víctimas, según aseguró Zúñiga. “Nos sentimos bastante desamparadas”, y por eso “para nosotros es tan importante denunciar y que haya una vigilancia de los medios de comunicación y de la comunidad internacional”, argumentó.

El COPINH frente a la crisis del Covid 19

Radio Mundo Real aprovechó la charla con Zúñiga para consultarle cómo enfrenta el COPINH la crisis sanitaria, social y económica desatada por el Covid 19. La dirigente contó que desde el 14 de marzo hay toque de queda en el país, con militares y policías en las calles, “sin garantías constitucionales, porque eso es lo que significa un toque de queda”.

Agregó que han habido casos de represión especialmente en el sur de Honduras, e incluso el asesinato el 2 de abril de la defensora de la tierra Iris Álvarez (de la cooperativa campesina “Cerro Escondido”), por parte de personas identificadas como agentes de la seguridad privada de la empresa azucarera “La Grecia”, en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. “Eso que nosotros ya venimos arrastrando en estos 11 años de proyecto golpista, dictatorial, se ve agudizado y expresado en medio de esta crisis por este coronavirus”, resumió Zúñiga.

Las comunidades del COPINH, como todas las poblaciones empobrecidas, son especialmente afectadas, pero tienen la ventaja de producir granos básicos como el maíz y los frijoles, dijo la dirigente. “Pero hay muchos otros productos que también son parte de la canasta básica a los que no se está accediendo”, y es difícil apoyarse entre comunidades porque no se puede salir a la calle.

No obstante, las comunidades del COPINH que pueden producir alimentos quieren apoyar a las que no lo hacen. La organización está solicitando que se le permita el desplazamiento dentro de sus comunidades, para abastecer más que nada a las que no tienen acceso al agua, y por ende no pueden cultivar. “Tienen una situación bastante delicada en estos momentos y desatención del Estado”, alertó Zúñiga.

Contó, además, que algunas comunidades del COPINH han cerrado el acceso a las zonas donde viven como mecanismo de protección (también de salud), “ante la incapacidad del Estado”, aunque las autoridades advierten que se reprimirá a quienes estén en esos cierres de calles.