IU plantea que la revisión de los acuerdos con Marruecos que plantea la CE es “una burla” a las sentencias del TJUE sobre el Sáhara Occidental

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha cargado duramente contra la Comisión Europea (CE) tras analizar la propuesta que ha elaborado para el Consejo Europeo sobre cómo deben ser los acuerdos entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han dejado meridianamente claro que los productos saharauis deben quedar fuera de cualquier tratado comercial.

Esa revisión de los acuerdos, desarrollada sobre el terreno por técnicos de la Comisión y del Servicio de Acción Exterior (SEAE), parte de la máxima de no reconocer al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui, alejándose así del marco de Naciones Unidas, lo que en opinión de López “niega a los saharauis tener voz y voto en unos acuerdos que les afectan directamente”.

Este aspecto es clave para entender el alcance y los mecanismos utilizados por la CE y el SEAE para elaborar sus recomendaciones. La argumentación utilizada es que como se trata de un acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, Bruselas, pese a aceptar sobre el papel el legítimo derecho a la autodeterminación que marca Naciones Unidas, debe salir de ese marco.

De ahí que, de inicio a fin, se trate al Polisario no como parte negociadora activa, sino como un actor más de la sociedad civil, y sus opiniones sobre los diferentes puntos de la propuesta no hayan sido considerados seriamente. De hecho, en muchos pasajes de los tres documentos publicados a principios de esta semana, el lenguaje empleado para referirse a los representantes de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y sus reclamaciones es condescendiente, desconfiado e irónico.

El análisis de la CE y el SEAE parte de la premisa de que para sortear las sentencias del TJUE los productos del Sáhara Occidental deben tener una consideración especial dentro de un nuevo acuerdo UE-Marruecos. Para ello se identifican los principales sectores de producción en los territorios ocupados y se elaboran proyecciones sobre el impacto que tendría aplicarles unos aranceles distintos a los que se aplican ahora. En este sentido, se marcan como prioritarios la agricultura, la pesca y los fosfatos.

Sobre la agricultura, los técnicos europeos ven unas posibilidades de crecimiento muy importantes en la exportación de melones y tomates, tanto en volumen de ventas, como en ingresos y en generación de empleo. El estudio se refiere específicamente al territorio ocupado de Dakhla, donde la producción tiene alto valor añadido, según el texto, por sus suaves temperaturas, las horas de sol y un agua de riego ligeramente sulfurada.

Según los datos proporcionados, se estima que la producción de tomates y melones del Sáhara Occidental equivale a 64.000 toneladas al año, para un sector que genera 14.000 puestos de trabajo directos. El valor de esa producción, aplicando los aranceles actuales, se elevaría a unos 65 millones de euros y, sin ellos, bajaría hasta los 58,4 millones de euros.

Las proyecciones de CE y SEAE no acaban ahí, sino que, fiándose del Plan Marruecos Verde de inversiones a la agricultura, auguran que los empleos generados podrían multiplicarse por cinco en los próximos años. Todos estos detalles hacen confiar en que la población saharaui se beneficiaría de participar de los acuerdos UE-Marruecos, “pero ahí está la trampa”, enfatiza López.

“Nos llama la atención que la CE y el SEAE reconozcan en sus documentos que la situación política hace que estas proyecciones y datos no sean infalibles, pero lo obvien en sus conclusiones. Por un lado, porque hay denuncias muy fiables de que los trabajadores saharauis son discriminados con respecto a los marroquíes y no hay si quiera un censo de cuántos empleados son verdaderamente saharauis”, explica.

Por otro, “porque si las autoridades políticas que controlan el territorio son marroquíes, las empresas que explotan esas tierras son marroquíes y las comercializadoras son marroquíes, ¿qué beneficios reales quedarán para el pueblo saharaui por mucho que los productos lleven una etiqueta que diga Sáhara Occidental?”, se pregunta.

Queda pendiente un tema no menor, como es el de la explotación de los acuíferos. “Hasta Marruecos reconoce que hay un problema” con la sobreexplotación de las reservas para riego, pero Comisión y SEAE “dan por bueno que se haya empezado a implantar el riego por goteo”. El informe final obvia asimismo las denuncias de Western Sahara Resource Watch de que el expansionismo agrícola es el principal arma de Marruecos para aumentar la población en las zonas ocupadas.

Con los productos pesqueros, principal sector exportador y empleador saharaui, ocurre un fenómeno similar. Los estudios de CE y SEAE se centran en los territorios ocupados de Dakhla, El Aayún y Boujdaar y, de nuevo muestran unas proyecciones de negocio y generación de empleos muy favorables si se mantiene el marco actual del acuerdo y no tanto si se separan los productos del Sáhara Occidental.

En total hay 141 empresas que se dedican o a la pesca o a los productos derivados (aceites, conservas, etc.) y 90.000 puestos de trabajo directos e indirectos, de los cuales, la mitad depende directamente de las exportaciones a la UE. El volumen de las exportaciones según las condiciones actuales generaría ingresos por valor de 200 millones de euros.

Sin dar cifras exactas en sus conclusiones, los enviados de Bruselas concluyen que “estas exportaciones tienen un impacto muy importante en la población local” y si cambiara el statu quo, esos supuestos beneficios caerían, por los importantes aranceles que se imponen a los productos de pesca que no entran en los acuerdos UE y porque la producción se desplazaría a otros sitios, probablemente a terreno marroquí.

“Con el tema de la pesca se ve si cabe más claro la contradicción en la que entran CE y SEAE y tiene su origen precisamente en colocarse fuera del marco de Naciones Unidas. Técnicamente, al tratarse de territorios ocupados, autoridades y empresas ocupantes, esos beneficios ya están en manos del reino de Marruecos y no hace falta que se fuguen las empresas”, sostiene. Es más, añade, “como en el anterior caso, no se dan por buenas las denuncias sobre la discriminación a los trabajadores de origen saharaui y como todas las estadísticas provienen de Marruecos, y las de ONG como Western Sahara Resource Watch no se tienen en cuenta, no podemos aceptar ni las proyecciones ni las cifras de empleo, y mucho menos el supuesto beneficio de todo este negocio sobre el pueblo saharaui”.

Por último, la industria del fosfato. Aquí no se muestran dudas de que tanto si están dentro del acuerdo como si no, la repercusión para el desarrollo socioeconómico no será apreciable puesto que la producción de Fosbucraa, en el territorio ocupado de Boucraa, es pequeña y además, según los datos marroquíes no se exportan directamente a la UE.

Sí se exportan productos derivados, pero que son tratados en suelo marroquí, “lo que ya de primeras nos plantea el problema de que aunque la materia prima se produzca en el Sáhara Occidental, al ser modificada en Marruecos, los beneficios que eso generen nunca llegarán a la población saharaui.

Como en los otros dos sectores, Bruselas no ha observado discriminaciones étnicas a los trabajadores de Fosbucraa (ya se producían durante la colonización española), pero según Western Sahara Resource Watch de los 1.900 empleados actuales, sólo 200 son saharauis.

A parte de estas estadísticas, representantes del SEAE y la CE se han reunido con autoridades marroquíes, empresas y ONG de los territorios ocupados y con el Frente Polisario, pero no en calidad de representante legítimo del pueblo saharaui. “Obviamente, lo que ha sucedido es que la mayoría de entes que han recibido estas proyecciones y estadísticas creen que el negocio debe continuar tal y como está, pero claro, no iba a ser de otra manera si hablamos de unos territorios ocupados”, insiste López.

Por último, la eurodiputada ha sido contundente con la prioridad que le dan los representantes europeos a la situación de los derechos humanos. “En todos los documentos sobrevuela la idea de que Marruecos no respeta los derechos fundamentales del pueblo saharaui, pero la conclusión final es que la modificación de los artículos 1 y 4 del acuerdo de asociación para que el TJUE no lo paralice, hará que mejoren las relaciones de la UE con Marruecos y, por tanto, que Marruecos respete más los derechos humanos”, denuncia.

«La trampa en la propuesta de la Comisión es clara: los beneficios arancelarios a los productos provenientes del Sáhara Occidental solo van a beneficiar a la potencia ocupante, que es Marruecos, al estar bajo su control la certificación de la procedencia de estos productos y obviamente no va a detener la represión del pueblo saharaui sino que al legitimar la ocupación a través de un acuerdo comercial, la agravará ¿Quién va a asegurar que esto revierte en la población saharaui? Nadie», concluye.