Informe de la ONU apunta falta de control del Estado brasileño sobre prisiones

El documento íntegro puede ser leído en inglés, aquí.

El informe tuvo como base visitas a 22 unidades, localizadas en Rio de Janeiro, Manaos, Recife y Brasilia, ocurridas entre 19 y 30 de octubre de 2015. El resultado del trabajo fue entregado a las autoridades brasileñas el día 26 de noviembre de 2016, o sea, el diagnóstico y las recomendaciones que constan en el texto anteceden los hechos recientemente ocurridos en prisiones en la región norte del país.

Por los acuerdos internacionales firmados, Brasil tiene un plazo de seis meses para informar a la ONU sobre acciones tomadas relativas a las recomendaciones hechas y responder a los pedidos de datos.

Prisiones

Basado en relatos, el informe traza un panorama general de las condiciones de las prisiones, citando la súper población de las unidades – la media de ocupación en Brasil es de 161% –, la ausencia de condiciones para la atención de las necesidades básicas, los problemas en la prestación de servicios de salud y las restricciones a las visitas, así como la violencia y la tortura.

Además de eso, el documento también hace referencia a relatos de abusos cometidos por fuerzas policiales ocurridos fuera de las prisiones. En relación a eso, entre otras propuestas, el SPT recomienda la aprobación del Proyecto de Ley (PL) 4.471 de 2012, que vuelve obligatoria la apertura de investigaciones en casos de muerte ocasionada por agente público.

En la misma línea, el SPT, al tratar de la súper ocupación de las unidades, apoya el PL del Senado 554 de 2011, que instituye, en casos de flagrancia, el plazo máximo de 24 horas para que un preso detenido en flagrante sea llevado delante de un juez, lo que se llama audiencia de custodia.

El proyecto fue aprobado por el plenario de la Casa y encaminado a la Cámara de Diputados. La medida ya existe en capitales brasileñas.

Crisis

Para especialistas consultados por Brasil de Fato, la pérdida de control del Estado sobre las unidades carcelarias necesita ser entendida justamente a partir de la súper población.

“El propio diagnóstico de la ONU traza esa correlación. En locales en que las condiciones de vida son de penuria completa, de violación extrema, de falta de acceso a todos los derechos garantizados por la ley, incluyendo también la falta de funcionarios en número suficiente, son elementos que explican el gran espacio que hay para la organización de los propios presos”, dice Vivian Calderoni, abogada de Conectas. “Este es punto central de la cuestión: combatir esa política que ya demostró su fracaso, al contrario de lo que fue anunciado por el gobierno federal, que es la construcción de nuevos presidios”.

La implementación de audiencias de custodia, en este sentido, ayudaría a combatir el volumen de personas detenidas en Brasil: “El proyecto de las audiencias de custodia fue, durante mucho tempo, una lucha de las organizaciones de derechos humanos y de algunos sectores del propio Estado”, afirma Monique Cruz, investigadora de Justicia Global en el área de Violencia Institucional y Seguridad Pública.

“Estas audiencias han sido aplicadas en las capitales por una iniciativa loable del Consejo Nacional de Justicia. Si consideramos que el 40% de la población carcelaria brasileña está formado por presos provisionales, esta medida tiene un gran potencial”, complementa Calderoni.

Medidas

Otras cuestiones, entretanto, explican la grave situación en los presidios brasileños. La más importante, en la opinión de ambas, es la política de drogas brasileña.

“Lo que se tiene hoy en Brasil es una decisión política de tener una tasa gigantesca de encarcelamiento por año. El gran boom se debe a la política de drogas. La prisión debe ser la última opción del juez, pero ha sido la primera”, dice Cruz.

Calderoni complementa: “Una medida fundamental es una revisión de la política de drogas. Ella es una de las mayores responsables por el número de presos de Brasil: 64% de las mujeres y 25% de los hombres están presos por crímenes relacionados con drogas. El propio informe de la ONU apoya que el Supremo Tribunal Federal decida por la inconstitucionalidad del crimen de portar drogas. En la práctica, muchas personas que están en presidios son usuarios, no traficantes”.

El encarcelamiento femenino es mencionado en el documento de las Naciones Unidas. El informe del SPT también aborda las condiciones de mujeres, jóvenes y LGBTs privados de libertad.

Para la ONU, su situación es todavía peor. “Ellas tienen condiciones de vulnerabilidad todavía mayor [que los hombres adultos]”, dice Calderoni.

Pobres y negros

Para Cruz, la llamada guerra contra las drogas es parte de un contexto de criminalización general de los más pobres. “Nosotros tenemos una política de drogas que colabora con una guerra. La ley de drogas brasileña esta volcada a la criminalización de personas pobres y negras. La figura del usuario solo se aplica a personas blancas de clase media. No es posible identificar un solo beneficio de la actual política de drogas”, critica.

La investigadora argumenta además que, incluso cuando ciertos avances son implementados, todavía hay selectividad en la actuación judicial. “El racismo es una cuestión fundamental en esta cuestión. La Defensoría de Rio apuntó que las personas negras tienen 32% más chance de permanecer presas después de las audiencias de custodia”, afirma.

Para ella, la cuestión del encarcelamiento en masa tropieza con la forma como el Poder Judicial actúa en nuestro país, y en la necesidad de control social y democrático sobre sus decisiones.

“Nosotros presentamos un informe en que hay casos de mujeres presas por causa de robo de pañales en farmacias. Brasil tiene 42% de presos provisionales, o sea, personas que no han sido condenadas y que, de alguna forma, ya están cumpliendo pena. En Amazonas, ese número es todavía más absurdo: 52%”, apunta Cruz.

Uno de los medios para avanzar en la cuestión carcelaria, según la investigadora, sería promover una apertura democrática del Poder Judicial. “Es un lugar blanco, de hombres ricos. En función de que visión de mundo se usa ese poder? Se detiene mucho una parcela específica de la población”, finaliza.

Edición: Camila Rodrigues da Silva.