Un juez estadounidense autoriza la venta de las acciones de Citgo por 1.400 millones de dólares para indemnizar a la minera canadiense Crystallex

El juez estadounidense, Leonard Stark, autorizó este viernes el proceso de venta judicial de las acciones de la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal petrolera venezolana (PDVSA) en EE.UU., para pagar a la minera canadiense Crystallex la expropiación de sus activos en Venezuela hace más de diez años.

De esta forma, Stark denegó las peticiones de «desestimación» o «retraso de la venta», formuladas por la oposición radical venezolana encabezada por el exdiputado Juan Guaidó, quien se apropió ilegalmente de Citgo con apoyo de Washington, tras autoproclamarse «presidente interino» de Venezuela en enero del 2019, refiere Reuters.

Stark ordenó a todas las partes que consulten cómo debe proceder el tribunal para vender las acciones, a pesar de que en abril de 2020 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió  las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo al menos hasta el 22 de julio este año.

PDVSA es propietaria de PDV Holding Inc, una empresa de Delaware que finalmente es dueña de Citgo. La decisión del juez afectaría las tres refinerías de Citgo en EE.UU. que, según datos del gobierno venezolano, procesaban unos 800.000 bpd y poseen una red de 10.000 estaciones de gasolina en territorio estadounidense.

Acciones anteriores

El pasado 21 de mayo, este juez ordenó iniciar la venta de Citgo para que Caracas cancele una indemnización de 1.400 millones de dólares a Crystallex, una minera canadiense a la que se le expropiaron sus activos en Venezuela hace más de diez años.

La administración del presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha mantenido la posición de que ni PDVSA, ni Citgo, ni PDV Holding, son «deudores» de Crystallex, ni han sido «sujetos» de estos procedimientos legales.

Además, el país suramericano ha reiterado que estas acciones judiciales violan el derechointernacional, que prohíbe la venta de un activo propiedad de otro Estado.

«Operación criminal»

El Gobierno venezolano responsabiliza al opositor Juan Guaidó y a su equipo más cercano de formar parte de una «organización criminal transnacional», que busca apropiarse de los recursos del país suramericano o de liquidarlos ante supuestos acreedores.

Desde Caracas declararon que esta sentencia «en las horas agónicas del saliente gobierno de Donald Trump confirma que las relaciones internacionales de esta administración las impulsa el odio, el saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público». «Es el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad de su fracasado títere local, para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos», opinaron.

Declararon que «la apropiación ilegítima e ilícita de Citgo» se realizó bajo instrucciones del líder opositor Juan Guaidó y por José Ignacio Hernández «para apropiarse de los activos de la República en el exterior, facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano».

En mayo del 2020, el contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, denunció que la toma ilegal de Citgo le ha ocasionado un gran daño patrimonial al país. De acuerdo con la autoridad, la empresa está valorada en 34.000 millones de dólares, pero pretenden «rematarla en unos 1.200 millones».

«EE.UU. confabula con empresas privadas para confiscar bienes de distintas naciones para, a través de tribunales cómplices, rematarlos para entregárselos a sectores privados, convirtiéndose en un hecho de corrupción», dijo Amoroso en esa oportunidad.

Guaidó aprobó la designación de una «junta directiva» de Citgo, que posteriormente fue anulada por Tribunal Supremo de Venezuela. Sin embargo, el Gobierno estadounidense reconoció su supuesta legalidad, por lo que la pérdida de Citgo sería responsabilidad del opositor. Hasta el momento, el Gobierno venezolano no se han pronunciado sobre el nuevo fallo.