Una Tasa a los Vuelos Frecuentes en Europa reduciría un 21 % las emisiones del transporte aéreo y generaría 74.100 millones de euros

Una coalición de organizaciones de la UE y el Reino Unido ha presentado esta mañana una propuesta de Tasa a los Vuelos Frecuentes (TVF) con la que mitigar los crecientes impactos sociales, económicos y ambientales del transporte aéreo en Europa. La TVF aplica una tasa creciente a cada vuelo de ida y vuelta comprado de manera sucesiva por una persona durante un período determinado. Así, el primer billete de I/V estaría libre de cargas, pero a partir del segundo se iría aplicando una tasa creciente, que iría acompañado de recargas adicionales para vuelos de larga distancia y determinadas clases como primera y business.

La propuesta, que en España ha sido presentada por Ecologistas en Acción, viene motivada por dos hechos fundamentales. Por un lado, por el preocupante incremento de las emisiones del sector. En efecto, mientras otros sectores económicos han reducido sus emisiones en la UE, la aviación las aumentó un 30 % entre 2013 y 2019 , fruto del aumento exponencial del tráfico aéreo. Según Eurocontrol , se prevé un crecimiento adicional del sector hasta 2030 de entre el 2,4% y el 3,7% anual.

Por otro lado, las entidades promotoras denuncian la situación de privilegio fiscal de la que se beneficia el transporte aéreo, algo que sitúa a esta industria en una situación de ventaja frente a otros medios de transporte con menor impacto. La exención del pago de impuestos al combustible de aviación en la UE, así como la inexistencia de un IVA para billetes internacionales son algunos ejemplos de un agujero fiscal que en 2022 costó 34.220 millones de euros a la Unión Europea (4.610 a España).

En este contexto, las organizaciones europeas defienden además la TVF como una propuesta con un marcado carácter social, en la medida en que está dirigida a gravar el uso intensivo del avión como medio de transporte, práctica casi exclusiva de los grupos sociales con mayores ingresos, al tiempo que se protege el uso del avión para viajeros ocasionales y grupos socioeconómicamente menos favorecidos. Según datos del estudio “ Europa habla de volar ”, en Europa occidental, el 70 % de los hogares con menos ingresos (< 23.000 €/anuales) no toma ningún vuelo al cabo del año. Y en España, tan solo el 4,8 % de la población vuela más de tres veces al año, de acuerdo con los datos del estudio mencionados.

Para el diseño de la TVF, las entidades promotoras han trabajado en coordinación con consultoras expertas con el objetivo de determinar los potenciales impactos y viabilidad técnica y legal de la medida. Concretamente, la propuesta de TVF establece una tasa inicial de 50 euros a partir del segundo vuelo de ida y vuelta adquirido en un año, precio que se va incrementando progresivamente en vuelos sucesivos. Igualmente, se contemplan recargas de entre 50 y 100 euros en función de la distancia y la clase.

En cuanto a los posibles beneficios de la medida, tras realizar un exhaustivo estudio de su impacto social, económico y ambiental, las organizaciones destacadas que la implementación a escala europea de la TVF podría generar una reducción del 21 % de las emisiones de CO₂ del transporte aéreo, consecuencia de una reducción del número de pasajeros en un 26 %.

En lo que se refiere al aspecto económico, la TVF podría conseguir una recaudación anual de 74.100 millones de euros en el Espacio Económico Europeo (UE 27 + Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Reino Unido. Solo en la UE27 serían 56.400 millones de euros, similar a lo gastado en la Política Agraria Común (PAC) en 2021. Todo ello, sin perjudicar a las clases con menores ingresos: esta tasa no afectaría al 72 % de la población, que es la que vuela poco o nada. De hecho, el 54 % de la recaudación de la TVF vendría de las personas que vuelan más de cuatro veces al año, que representan el 4,5 % de la población europea.

Actualmente, ocho Estados miembros de la UE (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Portugal y Países Bajos), así como el Reino Unido cuentan con impuestos a los billetes de avión. La recaudación total obtenida por estos impuestos asciende a 10.400 millones de euros.

Si se tienen en cuenta los datos específicos de España, los estudios presentados por las organizaciones promotoras apuntan a que la puesta en marcha de una TVF provocaría una reducción de las emisiones de CO₂ del 28 % y una generación de ingresos estimada de aproximadamente 8.000 millones de euros anuales. Teniendo en cuenta los datos de utilización del transporte aéreo en España, el pago de una TVF solo afectaría al 26 % de la población.

En cuanto a la viabilidad técnica y legal de la propuesta, el estudio realizado con la firma especializada AdaStone Law confirma que la adopción de la TVF es legalmente posible, tanto a escala de toda la UE como de sus Estados o miembro de una coalición de estos. Las organizaciones promotoras apuntan a la existencia de algunos elementos a tener en cuenta, relacionados con la protección de datos de las personas usuarias y la transparencia de los precios, dado que sería necesario realizar un seguimiento por parte de las Administraciones competentes de la información relativa a los viajes de cada persona. Elementos de carácter técnico y legal plenamente solventes. No obstante, uno de los objetivos de la TVF a nivel europeo es sustituir los impuestos nacionales a los billetes de avión, ya que ofrecería mayor equilibrio e igualdad fiscal en el mercado del transporte aéreo.

Pablo Muñoz Nieto, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Resultan social y económicamente inaceptables los privilegios fiscales de los que todavía sigue beneficiando al sector de la aviación. Necesitamos herramientas que ayuden a frenar los crecientes impactos de un modo de transporte altamente contaminante y que es principalmente utilizado por una minoría de personas adineradas. La Tasa a los Vuelos Frecuentes representa una fórmula equilibrada para reducir las emisiones y generar ingresos susceptibles de apoyar una transición a modelos de transporte más sostenibles. Todo ello, desde una perspectiva de justicia social que protege los derechos de las personas que solo vuelan ocasionalmente, es decir, de la mayoría de la población”.