Honduras: ¿Hasta cuándo terminará el abuso e impunidad del Ministerio Público y el Poder Judicial en la Causa Berta Cáceres?

El equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), representante judicial de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) a la opinión pública nacional e internacional informa y reitera su denuncia en torno a:

1. Desde que se ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro, el 02 de marzo de 2016, somos parte en el proceso investigativo y judicial bajo la figura del acusador privado. El equipo de abogados que ostenta la representación de la víctimas ha pedido, reiterada y celosamente, acceso a la investigación sobre el crimen, hemos aportado información y se ha solicitado que se ejerzan acciones contra: autores intelectuales, empresas promotoras y la banca nacional e internacional que financia proyectos hidroeléctricos que han sido relacionados con amenazas, hostigamientos y el asesinato de Berta Cáceres, especialmente la empresa DESA que es beneficiaria de la concesión del Río Gualcarque.

2. El Ministerio Público y los tribunales de la república deliberada e ilegalmente, hasta la fecha, siguen negando el acceso a información básica sobre la investigación del crimen. Desde la primera audiencia inicial, desarrollada el 06 de mayo de 2016, y en las consecutivas de distintas fechas, solicitamos se pusiera a nuestra disposición la información en la que se sustenta el dictamen sobre vaciados e intervención a los teléfonos de las personas relacionadas con el crimen. El Tribunal que conoce la causa ordenó que se entregara la información, sin embargo, hasta la fecha, la información ha sido negada.

3. Hemos solicitado al Ministerio Público, entre otras cosas, nos entregue los resultados de los análisis efectuados a las evidencias encontradas en los allanamientos y registros practicados a las oficinas de la empresa DESA y a la vivienda de varios de los imputados. También le pedimos al MP nos explicara por qué no se decomisaron varios documentos y mucha otra información que se encontraba dentro de las oficinas de la referida empresa relacionada con la concesión del río Gualcarque, de igual nos explicaran por qué limitaron nuestro derecho a participar en los allanamientos y ejercer rol que nos corresponde en esos actos, pese a que nos habíamos personado en la causa. Hasta la fecha, tampoco tenemos respuesta alguna.

4. La audiencia preliminar iniciada el 19 abril de 2017, la cual tuvo como observadores a varias organizaciones de derechos humanos y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, fue suspendida porque el mismo tribunal que conoce la causa y el Ministerio Público reconocieron que habían incumplido con el deber de entregar información a las víctimas, para que a través de su equipo de abogados sostuvieran la acusación en contra de los imputados. El mismo juzgado dispuso que el 28 de abril de 2017 se entregaría la información y que el 24 de mayo continuaría la audiencia preliminar. Hemos sido diligentes en ofrecer pagar los costos para el acceso a esta información (fotocopias, traslado de instrumentos y equipo) , sin embargo, hasta la fecha, ni el Tribuna, l ni el Ministerio Público han cumplido y parecen determinados a no cumplir con su deber de entregar la información, por lo cual denunciamos estas tácticas dilatorias que generan más impunidad.

5. En este contexto de abuso y de impunidad institucional, cumplimos con nuestro deber de informar que nos reconocemos impotentes ante los abusos de esta institucionalidad, revictimizados y cada vez más alarmados del enorme poder que tienen los grupos económicos-criminales que ordenaron el asesinato de Berta Cáceres. Pareciera que, por ahora, no hay ninguna fuerza capaz de romper con el pacto de impunidad institucional que cobija a los autores intelectuales de este crimen.

6. No obstante, ratificamos nuestro compromiso de agotar todas las instancias para que los responsables de este crimen no queden impunes. También nos comprometemos a demandar justicia en contra de los funcionarios que hoy, de distintas maneras, por acción y por omisión, pretenden garantizar impunidad a la estructura criminal que mandó a asesinar a Berta Cáceres.

A la comunidad nacional e internacional, solicitamos activa solidaridad en la demanda de justicia frente a este crimen.

Basta de impunidad. Justicia para Berta ya.

Mayo de 2017