El primer estudio académico sobre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desvincula del narcotráfico a ese grupo armado, que mantiene retenidas a dos personas, el cual se financia, según sus autores, mediante esas acciones armadas y el denominado “impuesto revolucionario” a los grandes productores y ganaderos de sus “zonas de influencia”, que según el estudio corresponden a 18 distritos de cinco departamentos en el norte de Paraguay.

El abogado criminólogo Juan Martens, quien hoy presentó el informe en Asunción, dijo a la agencia Efe que su equipo llegó a esas conclusiones tras tres años de investigaciones con metodologías científicas y trabajo de campo en las zonas del norte del país donde opera el EPP, que son también áreas de producción de marihuana.

“Nuestros estudios dicen que no están relacionados con el narcotráfico. Es una de las hipótesis que nosotros descartamos porque tienen otras fuentes de financiamiento distintas, tal vez en adelante puede ser o no esta vinculación, pero hasta la fecha no es posible establecer una relación entre el EPP y el narcotráfico”, dijo el experto.

El estudio, que fue divulgado por Martens en un acto en el Centro Cultural El Cabildo, establece además que la guerrilla tiene apoyo de parte de la población en esas zonas, lo que les permite contar con una especie de refugios.

También se señala que el grupo armado “tiene características de insurgencia, se declara como político y que eligió la estrategia armada para instalar su posición”, señaló Martens a los asistentes.

Subrayó que otra cuestión que resalta el estudio es que la estrategia del Estado para acabar con la guerrilla ha sido insuficiente, pese a que cada mes el Gobierno invierte más de 600.000 dólares en ese combate.

Según Martens, la existencia del EPP también “sirve” para estigmatizar a los grupos campesinos organizados donde tiene influencia el grupo armado.

“El EPP es la excusa perfecta para estigmatizar organizaciones campesinas que no encuentran en el Estado maneras de seguir ejerciendo este derecho que garantiza la Constitución Nacional”, dijo Martens.

El EPP tiene retenido desde julio de 2014 al policía Edelio Morínigo, la acción armada más larga de ese grupo armado, fundado en 2008.

Además, y desde agosto de 2015, también están en manos guerrilleras el colono menonita, Abraham Fehr, por cuya liberación exigió el pago de medio millón de dólares.

A finales de febrero de este año, el EPP liberó al menonita Franz Wiebe, de 18 años, a quien había capturado en julio pasado, después de que la familia repartiera alimentos en dos comunidades campesinas, como exigió la guerrilla.