Víctimas de ‘falsos positivos’ presentan sus testimonios a la JEP en Colombia
En Colombia, las víctimas del caso ‘falsos positivos´, dan sus testimonios sobre violencia que vivieron ellos y sus seres queridos a manos del Ejército.
El departamento de Casanare en el este de Colombia, es una de las zonas donde se cometieron los ‘falsos positivos´, un caso que involucra a 1500 militares acusados de matar a los civiles y presentarlos como bajas en el combate a las guerrillas y bandas criminales. Entre otros, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al coronel Hernán Mejía Gutiérrez por la ocurrencia de falsos positivos en el Batallón La Popa. Además de Mejía, fue imputado su sucesor en esa unidad militar, el coronel Juan Carlos Figueroa, quien comandó el Batallón hasta el año 2005.
La investigación está a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia creada tras los acuerdos con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que indaga los crímenes tanto de los exguerrilleros como los agentes del estado. Sus magistrados escucharon este viernes y sábado, los testimonios de las víctimas de las atrocidades de los militares.
Hasta ahora, el tribunal transitorio ha decretado dos autos de procesamientos. El último se produjo el pasado jueves, donde se imputó a 15 militares más por 127 asesinatos y desapariciones forzadas entre 2002 y 2005 en el departamento de Cesar.
Los ‘falsos positivos’ fueron perpetrados mayoritariamente entre 2002 y 2010, durante los dos periodos del expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor a la negociación de paz con la guerrilla de las FARC. La JEP estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6400 víctimas de estos crímenes.
La decisión abarca entonces el periodo 2002 a 2005
De acuerdo con el tribunal especial, los dos oficiales retirados, junto a otros 13 militares como el mayor José Pastor Ruiz o el mayor Heber Gómez Naranjo, integraron una red criminal que se articuló incluso con paramilitares para presentar bajas en combate irregulares.
«La JEP determinó que los quince imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Unidad Militar a través de la cual se desplegó una conducta extendida y a gran escala para presentar resultados operacionales ficticios en los que se presentaron como bajas en combate a personas asesinadas en estado de indefensión», señaló el magistrado Óscar Parra.
Para la investigación del tribunal, existieron dos patrones criminales utilizados por los imputados: primero, el asesinato de personas que eran señaladas de integrar grupos ilegales sin información y segundo, el traslado de víctimas desde Barranquilla y Valledupar para asesinarlas en la zona de influencia del Batallón, primordialmente aquellos a quienes sus familias nunca reclamarían.
«Una de las peores formas que adquirió la práctica de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate fue la deliberada manipulación o instrumentalización de las personas con discapacidades cognitivas (…) prácticas deleznables como la limpieza social» manifestó el magistrado Parra.
La decisión de la JEP condensó un total de 127 víctimas, 75 de ellas en el periodo del coronel Hernán Mejía y 52 durante el mando del coronel Juan Carlos Figueroa.
Precisamente, sobre Figueroa la jurisdicción encontró que utilizó premios e incentivos con el fin de presionar el número de bajas para que el promedio continuara como lo había mantenido Mejía.
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