IU denuncia “los asesinatos impunes de líderes sociales y de candidatos de las FARC por el paramilitarismo” que “ponen en peligro la paz y el proceso político preelectoral en Colombia”

Lunes, 19 de febrero 2018.

Izquierda Unida, a través de su responsable federal de Extensión Internacional, Francisco Pérez Esteban, denuncia la “impunidad existente en Colombia ante el incremento de los asesinatos por grupos paramilitares de líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y ambientales, así como de excombatientes de la guerrilla reintegrados a la vida civil ante la inacción interna y el silencio cómplice de la comunidad internacional”.

Pérez Esteban constata la “enorme gravedad” de estos crímenes, directamente vinculados al proceso político preelectoral colombiano, “que claramente buscan condicionar”. De ahí que señale también la “enorme preocupación que supone para nuestra formación las consecuencias políticas que acarrean estas acciones planificadas. Se ha llegado a que la nueva formación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) haya tenido que suspender temporalmente la campaña electoral por falta de garantías, además de que el candidato de izquierdas Gustavo Petro, en ascenso y segundo en las encuestas, denuncie el asesinato de dos colaboradores y amenazas contra su vida”.   

El dirigente federal de IU advierte de que “los datos contrastados apuntan a que al menos 170 responsables de colectivos y grupos sociales, comunitarios, ambientales y de derechos humanos fueron asesinados a lo largo de 2017, a los que se suman más de una veintena sólo en enero pasado”.

“A este miserable recrudecimiento de la actividad criminal del paramilitarismo de ultraderecha -explica Pérez Esteban- se le suma la falta de avances en las investigaciones judiciales oficiales”. Este dantesco panorama incluye que “según datos contrastados por la sociedad civil, el Gobierno y los medios de comunicación colombianos, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, más de 50 excombatientes reincorporados a la vida civil en virtud de los mismos han sido asesinados por los grupos paramilitares”.

Para Izquierda Unida, “si el Gobierno colombiano, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, no toma medidas efectivas de seguridad para proteger estas vidas estará negando en la práctica uno de los puntos más importantes comprometidos en los Acuerdos de Paz, el derecho a la participación política de los exguerrilleros a través del nuevo partido político de izquierda”.

Francisco Pérez Esteban valora que “la guerrilla se ha desmovilizado y entregado las armas, cumpliendo con los compromisos firmados. Frente a ello, el Gobierno colombiano, que apenas ha cumplido el 20% delo acordado según todos los expertos, fracasa de manera estrepitosa en este punto”.

“Debe poner en marcha de forma inmediata -señala- actuaciones claras y específicas para que todos los partidos y candidatos puedan ejercer sus derechos políticos por igual y participar en la campaña electoral sin temor a ataques, sabotajes o asesinatos. Entre ellas resulta imprescindible la puesta en marcha de una Unidad Especial de persecución judicial contra el paramilitarismo, compromiso que Santos acordó con las FARC y que se anota entre sus incumplimientos”.

Izquierda Unida valora que “el presidente Santos puede acabar siendo el responsable del fracaso del proceso de paz y de echar por tierra un proceso histórico al no imponer la fortaleza y autoridad del Estado frente a los enemigos de la paz. Estos son principalmente los grupos paramilitares y una parte de la oligarquía colombiana, que les financia y promueve. No es posible aplicar ni desarrollar proceso de paz alguno en un contexto de violencia y de asesinatos, en un clima de miedo y de represión”.

Francisco Pérez Esteban destaca que “de ninguna manera puede repetirse un genocidio como el de la Unión Patriótica, partido cuyos dirigentes fueron exterminados en los años 80 y 90 por el paramilitarismo, con la complicidad del Estado colombiano y la posterior impunidad de los crímenes. La izquierda no puede volver a ser perseguida en Colombia por su legítimo derecho a hacer política en democracia y a ello debe comprometerse Santos con meridiana claridad”.