Brasil. La larga huelga en Petrobras pone contra las cuerdas a Bolsonaro

Una de las principales demandas es impedir la «entrega» galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes. 

Con sus mamelucos color naranja los trabajadores de Petrobras cumplieron 18 días de una huelga que incomoda (y mucho) al régimen capitaneado por Jair Bolsonaro. El expresidente y otrora líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, él también de overol anaranjado, posteó este martes una foto de apoyo a la medida de fuerza en las redes sociales. 

Es el primer paro de envergadura en lo que va de este gobierno y afecta a la empresa más importante del país: que 2019 alcanzó su record productivo con 2,7 millones de barriles de crudo diarios.

El juez del Tribunal Superior del Trabajo, Ives Gandra Martins Filho, declaró ilegal la medida de fuerza, además de autorizar el despido por «justa causa» de los huelguistas y el descuento de los días no trabajados, en una decisión cuyo contenido y redacción tuvieron el carácter de un ultimátum.

Para reventar al gremio el magistrado, ligado al Opus Dei y a una familia que participó en la dictadura, estipuló una multa de 130 mil dólares diarios si no se cumple su fallo.

La Federación Única de los Petroleros (FUP), formada por nueve gremios, no se acobardó. Ratificó el plan de acción por tiempo indeterminado y le respondió al juez que «la huelga es un derecho garantizado a todos los brasileños, incluso a los petroleros, por la Constitución de 1988». En su último boletín FUP informó que cuenta con la adhesión de 21 mil trabajadores en 120 unidades, lo que comprende más de cincuenta plataformas marinas, una decena de refinerías, usinas termoeléctricas y una planta de fertilizantes.

Uno de los reproches que el juez bolsonarista Gandra Martins Filho les enrostró a los trabajadores es el de llevar a cabo una medida de carácter «político». Se trata de una imputación que los gremialistas lejos de rechazar, reivindican como legítima. Una de las principales demandas es impedir la «entrega» galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien ha declarado en repetidamente, incluso ante banqueros estadounidenses , que si por él fuera vendería toda petrolera de un solo golpe, en lugar de entregarla en partes a través de las licitaciones de los pozos.

La FUP también exige que no sean despedidos mil empleados, entre ellos los de la fábrica de fertilizantes de Aracucaria , en el sureño estado de Paraná.

Con el correr de los días el movimiento, iniciado en un relativo aislamiento, fue ganando fuerza principalmente en Río de Janeiro, donde tiene sede la estatal y se encuentran los mayores recursos energéticos del país, especialmente los gigantescos campos de pre-sal en aguas ultraprofundas descubiertos a partir de 2007, cuando Lula era presidente y Dilma Rousseff ocupaba la jefatura de gabinete, tras haber sido ministra de Minas y Energía.

Hasta el momento hay trabajadores en paro activo, con ocupación de plantas y oficinas, en trece estados mientras la empresa contrató a trabajadores temporarios para garantizar un piso de producción.

Los dirigentes de la FUP denunciaron la «desnacionalización» en marcha a través de la virtual entrega de las reservas del pre-sal y el programa de «desinversiones» ejecutado por Castelho Branco que no sólo suspendió los programas para construir nuevas refinerías sino que a las existentes las mantiene fuera de actividad, u operando parcialmente.

Con esto se induce a la importación de nafta y diesel en un país que podría ser autosuficiente: y en lugar de exportar productos refinados se vende al exterior petróelo crudo.

Asimismo el plan de lucha denuncia la política de precios orientada por el valor internacional del barril, que es muy superior al del petróleo extraído en los campos de aguas ultraprofundas o al ras del fondo del mar. Ese encarecimiento, explica la FUP, es para aumentar el lucro de los accionistas privados, en particular los tenedores de títulos vendidos en la Bolsa de Nueva York.

Para sensibilizar a la población los petroleros instalaron puestos de venta de garrafas de gas a 30 reales (7,5 dólares) en lugar de los 80 reales (20 dólares) que es el precio impuesto por Petrobras siguiendo al mercado externo.

Ganar las mentes y corazones de los consumidores, esto es de la opinión pública, es primordial para que los trabajadores pueden continuar adelante con su pelea.

Un dato clave es el tiempo: se estima que a partir de la semana próxima comenzará a haber desabastecimiento de combustibles y esto podrá ser utilizado por la propaganda gubernamental para descalificar a los huelguistas.

Los grandes medios privados son aliados de Bolsonaro y el ministro Guedes en su plan de privatización-desnacionalización de Petrobras y enemigos de la FUP, ignorando casi por completo sus comunicados de prensa. Fue por ello que la semana pasada un grupo del sindicato se reunió frente a los estudios de la TV Globo, en Río, exigiendo que se les garantice el derecho a comunicar sus motivos ante el gran público.

Si el paro sobrevive no se descarta que se convierta en la chispa que contagie otros reclamos contenidos. Un sector que parece pronto a explotar es el de los camioneros, los que luego de apoyar a Bolsonaro en las elecciones ahora están desengañados por el incremento del gasoil, y ya realizaron un acto de protesta el lunes frente al puerto de Santos, en San Pablo, el más importante del país y otro en la Plaza de los Tres poderes, en el centro de Brasilia.