Inicia segundo juicio por violencia sexual en Guatemala

Las víctimas del genocidio en Guatemala persisten en su batalla por la justicia. En esta ocasión, las mujeres mayas de la zona de Baja Verapaz solicitan un veredicto condenatorio contra tres paramilitares imputados de violencia sexual y torturas realizadas durante la década de los ochenta del siglo pasado.  

Los informes expuestos al comienzo del debate público y oral han corroborado las violaciones sexuales experimentadas por estas mujeres en Rabinal, Baja Verapaz, al norte de Guatemala. Las víctimas, confinadas en espacios limitados junto a otras mujeres en situaciones parecidas, sufrieron agresiones tanto físicas como psicológicas.

Durante su reclusión, fueron violadas de manera continua por varios agresores de manera sucesiva. En ciertas situaciones, se les despojó de su vestimenta y se les forzó a bañarse con agua fría durante las horas nocturnas y de madrugada, entre una violación y otra. 

La letrada Lucía Xiloj, que aboga por los afectados, resaltó que los análisis psicológicos muestran que gran cantidad de las sobrevivientes padecen trastornos de estrés postraumático agudo y continuado, secuelas que han perdurado hasta el momento. Además, se destacaron las historias de mujeres embarazadas que sufrieron violencia sexual en las bases militares, algunas de las cuales quedaron embarazadas como consecuencia de estas violaciones.

Las pruebas aportadas son evidentes y convincentes para una sentencia, sostuvo Xiloj. Estas pruebas facilitarán la elaboración de un sólido razonamiento acerca de por qué estas mujeres sufrieron violencia sexual en medio de un conflicto bélico, y por qué el Estado tiene la culpa de esos actos realizados.

En Guatemala, hay un número incierto de incidentes de violencia sexual acontecidos durante el período del genocidio, la mayoría de los cuales no han sido reportados. Las mujeres de Baja Verapaz constituyen el grupo secundario en reportar estos delitos tras el caso Sepur Zarco.

El procedimiento ha atravesado numerosas dificultades debido a intereses militares que intentan preservar estos delitos en la impunidad. No obstante, las víctimas se encuentran determinadas a batallar por un veredicto condenatorio que les otorgue la justicia que merecen.

Este caso está siendo monitoreado de cerca por la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, con la esperanza de que se haga justicia y se admita la culpabilidad del Estado en estos delitos atroces.