El 68% de las personas refugiadas no está protegido por la convención de Ginebra de hace 66 años

La ONG Alianza por la Solidaridad, con motivo del Día Mundial de las personas refugiadas, que se conmemora este martes 20 de junio, demanda la puesta en marcha de una nueva regulación internacional que incluya a las personas desplazadas forzosamente de sus países que ahora no entran dentro del ámbito de protección de la Convención del Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra), aprobada en Naciones Unidas en 1951. En la actualidad, sólo el 32% de los 65 millones de personas desplazadas (21 millones) se encuentran protegidas por esta Convención, que 66 años después de ser promulgada se ha quedado obsoleta.

En la Convención de Ginebra, recuerda Alianza, el término “refugiado” se aplica a toda persona que no puede contar con la protección de su país en caso de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. En la actualidad, sin embargo, hay múltiples causas por las cuales las personas se ven obligadas a huir de sus hogares que no entran dentro de esos estándares, como son los desastres naturales, el hambre, el acaparamiento de tierras, e incluso los conflictos no reconocidos como tales por la comunidad internacional. Por ello, el 68% de los las personas refugiadas actuales (44 millones) quedan fuera de esta definición y difícilmente obtienen algún tipo de protección, lo que les aboca a una situación permanente de violencia económica, simbólica y estructural.

Para Alianza, la situación es especialmente preocupante para las mujeres y niñas refugiadas, que suponen el 47% del total y se enfrentan a violencias y riesgos específicos por su género. Alianza por la Solidaridad, conjuntamente con otras organizaciones, ha documentado en detalle la situación al respecto de las refugiadas sirias en Jordania y Líbano. Una investigación realizada en ambos países ha revelado que una de cada tres (32%) ha sido víctima de actos violencia de género y que los casos han aumentado desde que comenzó su desplazamiento. Según este estudio, una de cada 10 ha sufrido agresiones sexuales y el 9,6 % ha sido agredida físicamente tras la salida de Siria.

Por otro lado, la decisión del reconocimiento a una persona del Estatuto de Refugiado sigue siendo estatal, lo que ralentiza y frena este reconocimiento a nivel internacional. España, por ejemplo, tarda de media un año y medio en resolver los procedimientos de solicitud de asilo. En 2016, este país recibió la cifra récord de 15.755 solicitudes de protección internacional –tres solicitudes por cada 10.000 habitantes y tan solo el 1,3% de las solicitudes recibidas en toda la UE– y resolvió 10.250 expedientes, muchos de ellos de ejercicios anteriores que aún permanecían a la espera de resolución. Aunque el Gobierno aceptó el 67% de las peticiones de protección, solo reconoció como refugiados a 355 personas, siendo incluidos el resto de solicitantes en un plan de protección subsidiaria, con un menor nivel de derechos y garantías jurídicas. Estas son cifras que demuestran las bajas probabilidades de obtener una plena protección internacional en España.

Esta situación contrasta con el riego para la vida al que se enfrentan las personas refugiadas. Sólo en lo que va de año, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) contabiliza 2.545 muertes de migrantes en el mundo, de los cuales 1.828 han tenido lugar en el Mediterráneo, seguido del Magreb (220). Las cifras, muy posiblemente, serán superiores dado que muchas personas desaparecen en el desierto, sin que quede constancia de ello, debido al cambio de rutas que han provocado las políticas europeas de cierre de fronteras.

Ante esta situación, Alianza por la Solidaridad reclama un nuevo marco internacional que regule el derecho humano a la movilidad, que se concretaría en la puesta en marcha de varias medidas:

• La revisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos para que, en su artículo 13.2, no sólo se incluya el derecho a salir y regresar al propio país, sino también el derecho humano a la movilidad en cualquier país. 
• El cumplimiento por parte de los estados de la Agenda 2030 en lo que se refiere a la obtención de datos fiables y desagregados por género y estatus migratorio, que permita visibilizar la vulneración de derechos que viven las personas en desplazamiento y, en especial las mujeres migrantes.
• El cumplimiento de esta Agenda 2030 en lo que se refiere a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras en los desplazamientos y responsables con las personas, con políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Para Alianza ello implica que pongan por delante la protección de derechos humanos en lugar del control de las fronteras.
• Una mayor cooperación internacional entre los países de origen, tránsito y destino, para la puesta en marcha de mecanismos de protección específica a las víctimas de violencia de género a lo largo de las rutas migratorias.
• El establecimiento de vías seguras y legales para poder acceder a la UE, más allá de las políticas de apertura para el personal altamente cualificado.

Alianza por la Solidaridad lleva 30 años dando apoyo a la población refugiada, desplazada y migrante en los países en los que trabaja. En 2016, más de 15.000 personas desplazadas y refugiadas han recibido nuestro apoyo en Colombia, Palestina y Jordania.