López acusa al Gobierno de ser “cómplice” de los abusos contra los trabajadores desplazados al saltarse la normativa europea
La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha acusado al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy de ser “cómplice” de los abusos que se están cometiendo en el Estado español contra los trabajadores desplazados, al no haber aplicado en el tiempo requerido la transposición de la Directiva 2014/67/UE relativa a este tipo de trabajadores, hecho que ha llevado a la Comisión Europea a incoarle un procedimiento de infracción junto a otros 14 Estados miembros de la UE, tal y como ha confirmado este lunes a la parlamentaria la propia institución comunitaria [Archivo adjunto].
Dicho procedimiento se inició el pasado 22 de septiembre -según la respuesta que ha dado la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, a una pregunta parlamentaria presentada por López en el mes de julio- y afecta, además de a España, a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia.
Según la Comisión, en esa fecha se enviaron a los respectivos gobiernos “cartas de emplazamiento” y ahora tendrán dos meses para contestar por qué no completaron la transposición antes del 18 de junio, que era el plazo establecido. Por último, en caso de que la Directiva no se haya incorporado al Derecho estatal en ese plazo, “la Comisión pondrá en marcha la siguiente fase del procedimiento de infracción”, asegura Thyssen.
Para López, “al no aplicar la directiva, el Gobierno español se convierte en cómplice de los abusos cometidos en sectores como la construcción o el transporte contra los derechos laborales de ciudadanos europeos”, tanto “aquellos a quienes no se les reconocen sus derechos fundamentales como trabajadores desplazados, como a los que están falsamente desplazados y sufren la explotación de las empresas y las agencias de contratación”.
La eurodiputada ha criticado, además, que la no aplicación “esté tan generalizada en toda la UE” y considera “lamentable” que muchos de los Estados miembros “que se opusieron a la ampliación de los derechos laborales de los trabajadores desplazados, ni siquiera velen por el correcto cumplimiento de la normativa europea que les afecta”.
Sin ese cumplimiento “de las normas que garantizan los derechos laborales”, y “sin un grado mínimo de armonización laboral”, ha continuado, “las condiciones laborales seguirán degradándose por culpa del dumping social entre países”, lo que “sólo beneficiará al gran capital transnacional”.
La transposición a la nueva directiva relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/UE sobre el desplazamiento de trabajadores debía producirse antes de esa fecha en el mes de junio, en un momento que la propia Directiva 96/71/UE está siendo revisada, con el peligro de que la Comisión Europea se contente con un acuerdo de mínimos, que abarque sólo aspectos como la negociación colectiva, la remuneración mínima y la duración máxima de un desplazamiento.
Como ya ha expresado López en otras ocasiones, esto no es suficiente, y se deben estudiar aspectos como “la responsabilidad conjunta de contratistas y subcontratistas, o instrumentos que mejoren el control de los desplazamientos y la aplicación de sanciones disuasorias” para evitar que se violen los derechos de los trabajadores.
En definitiva, ha dicho la eurodiputada, el objetivo debería ser “que se apliquen los mismos derechos para los trabajadores que desempeñan el mismo empleo en el mismo lugar”, por lo que ha urgido a la Comisión Europea a afrontar una reforma completa de la Directiva.
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