Steven Donziger se enfrenta a la cárcel por enfrentarse a las grandes petroleras. Los demócratas de Nueva York guardan silencio
- Donziger representó a grupos indígenas amazónicos en un mediático juicio en Lago Agrio en el que consiguió que la petrolera fuera condenada en 2011 a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por los daños medioambientales cometidos por Texaco (adquirida por Chevron en 2001) entre 1963 y 1990.
- El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, compuesto por cinco juristas, no solo pide su liberación, sino que se investiguen de forma independiente las circunstancias de su detención arbitraria y se sancione a las personas responsables de ésta.
Cuando el gigante petrolero Chevron perdió una demanda ambiental multimillonaria ante un grupo de indígenas ecuatorianos, la empresa se negó a pagar y, en cambio, fue a la guerra contra Steven Donziger, el abogado que ganó la histórica sentencia.
Desde 2009, cientos de abogados de 60 firmas han hecho de la vida de Donziger un infierno. Durante los últimos dos años, ha estado bajo arresto domiciliario en Nueva York, obligado a usar un monitor electrónico en el tobillo, y ahora enfrenta una sentencia de prisión de seis meses después de negarse a entregar sus dispositivos electrónicos a los abogados de Chevron.
Donziger ha pedido ayuda a su propia delegación del Congreso de Nueva York, pero los demócratas poderosos, como la senadora Kirsten Gillibrand y el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, han permanecido en silencio.
Ahora, un nuevo informe de The Intercept ha revelado que Gillibrand ha recibido casi 200,000 dólares en donaciones de campaña del bufete de abogados que lidera los ataques de Chevron, donde el propio hijo de Nadler es un asociado.
La batalla de Donziger con Chevron comenzó en Ecuador, donde ganó un juicio de 9.5 mil millones de dólares contra la empresa en nombre de los pueblos indígenas y los agricultores. En lugar de pagar, Chevron retiró sus operaciones del país y dedicó un batallón de abogados a tomar represalias contra Donziger en tribunales estadounidenses favorables a las empresas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dictaminó recientemente que el arresto domiciliario de Donziger viola el derecho internacional e instó a los tribunales estadounidenses a retirar los cargos en su contra. En cambio, Donziger ha sido condenado a seis meses de cárcel, en espera de una apelación.
Mientras tanto, Gillibrand ha jugado un papel crucial en la nominación de un socio de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, la firma líder de Chevron en el caso Donziger, para el tribunal federal. Jennifer H. Rearden trabajó en el caso, organizó múltiples eventos para recaudar fondos para Gillibrand durante su tiempo en Gibson Dunn, y personalmente donó más de 30,000 dólares al senador y su PAC.
Rearden reveló durante el proceso de nominación judicial que su camino hacia la banca comenzó en conversaciones con Gillibrand. Y aunque finalmente nunca fue confirmada, sus vínculos con Gillibrand crean «la apariencia de un quid pro quo» que podría dañar la confianza pública, según un investigador del regulador de finanzas de campañas OpenSecrets.
*Traducido de la fuente original: The Intercept_
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