El Gobierno de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional nuevas sanciones vinculadas al sector petrolero
La declaración de este país como una «amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.» por parte del presidente Barack Obama en marzo de 2015 marcó un antes y un después en la economía de Venezuela, iniciándose una escalada en la guerra económica mediante sanciones y asedio.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de sanciones contra catorce entidades, tres individuos y seis buques por su presunta vinculación con el sector petrolero venezolano y la «evasión» de medidas similares impuestas con anterioridad.
A tan solo un día de que finalice el mandato del presidente, Donald Trump, la Administración estadounidense ha acusado a que denomina como «régimen ilegítimo de Nicolás Maduro» de «seguir utilizando Petróleos de Venezuela (PDVSA) como herramienta principal de corrupción para explotar los recursos naturales del país».
En un comunicado, el Tesoro ha especificado que las medidas van dirigidas a «todos aquellos que tienen vínculos con una red mexicana que habría conspirado con el ministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, para negociar la venta de petróleo venezolano valorado en millones de dólares».
«Aquellos que han facilitado que el régimen de Maduro se salte las sanciones impuestas por Estados Unidos han contribuido al entramado de corrupción que consume Venezuela», ha lamentado el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, que ha recalcado que el país sigue adelante con su «compromiso» de hacer frente a «aquellos que permitan que Maduro abuse de los recursos naturales» de Venezuela.
Este mismo martes, el secretario de Estado saliente, Mike Pompeo, ha mantenido una conversación telefónica con el denominado «presidente encargado», Juan Guaidó, no reconocido ya por la Unión Europea. Ambos han expresado, tal y como indica un comunicado del Departamento de Estado, su «objetivo común con la transición democrática en Venezuela» y han reafirmado el apoyo «inquebrantable» de Washington «a favor de la libertad y la dignidad de los venezolanos».
«El secretario de Estado ha trasladado su respeto personal y apreciación a Guaidó por su compromiso con la causa de la libertad y su inspirador liderazgo para millones de venezolanos que luchan por un futuro mejor», recoge el texto. Asimismo, Pompeo ha aprovechado la ocasión para reafirmar su apoyo al pueblo venezolano a medida que «hacen frente a una de las peores crisis humanitarias, creada por el régimen de Maduro».
Reacción del Gobierno de Venezuela
Ante esta nueva ofensiva por parte del Gobierno saliente de EE.UU., el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha emitido un comunicado en el que denuncia esta nueva agresión «desesperada» en la que pretende «destruir la capacidad del país de comercializar libremente sus recursos petroleros para atender las necesidades del pueblo venezolano».
#COMUNICADO | El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional una nueva agresión desesperada contra el pueblo venezolano por parte del saliente y agónico gobierno de Donald Trump. pic.twitter.com/Kzh4lBRVlK
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 19, 2021
La última medida del ejecutivo del presidente destronado llega de manera casi coordinada con la decisión de un juez de Delaware de autorizar la venta de las acciones de Citgo, la principal filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo estadounidense, «en indemnización a Crystallex por la nacionalización, hace más de una década, de un yacimiento de oro operado por la minera canadiense en ese país sudamericano». Dicha decisión fue denunciada el pasado 16 de enero por el gobierno de Venezuela, advirtiendo que «esta operación judicial no solo ha sido alentada por el Gobierno de Donald Trump, sino que se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la defensa debida, integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales».
Citgo, con sede en Houston (Texas), tiene tres refinerías en Estados Unidos que en conjunto procesan unos 750.000 barriles de crudo venezolano al día, así como una red de unas 10.000 gasolineras en todo el país. A principios de 2019, una de las acciones más abusivas del Gobierno Trump cristalizó en el bloqueo de los fondos de Citgo para traspasarlos al equipo de Juan Guaidó. Citgo reportó una pérdida por encima de los 300 millones de dólares después de ser tomada ilegalmente por EE.UU.
#COMUNICADO | Venezuela rechaza enérgicamente la infame decisión de un juzgado de Delaware con respecto a nuestra filial de Pdvsa en EEUU, #Citgo. La arbitraria decisión no es más que una nueva agresión del agonizante gobierno de Donald Trump contra el noble pueblo venezolano. pic.twitter.com/zr0GoFOKxc
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 16, 2021
El robo de activos por parte de Guaidó a Venezuela asciende a 116.000 millones de dólares
Aunque perdió apoyo a nivel nacional durante 2020, Guaidó aún cuenta con el respaldo de más de 50 países que desconocen al presidente Maduro a pesar de que dejó de ser diputado el pasado 5 de enero. No es el caso de la Unión Europea, que tras la llegada de Biden y la constitución de la nueva Asamblea legislativa, comienza a modificar sus posiciones políticas.
El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado este martes ayuda al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para promover una salida «pacífica e integradora» a la «gravísima» crisis política y humanitaria en Venezuela. «Espero que podamos compartir los esfuerzos para promover una salida pacífica e integradora que es lo que necesita Venezuela. Estaremos en contacto con la Administración norteamericana para trabajar políticamente con este fin», ha indicado.
Punto de inflexión en 2015, con el inicio de una estrategia dura de sanciones y bloqueo contra Venezuela
La declaración de este país como una «amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.» por parte del presidente Barack Obama en marzo de 2015 marcó un antes y un después en la economía de Venezuela, iniciándose una escalada en la guerra económica mediante sanciones y asedio. Este bloqueo financiero contempla desde el ataque a la deuda, la devaluación artificial de la moneda, pasando por el aislamiento del sistema financiero estadounidense, hasta llegar a la aplicación de técnicas de espionaje que persiguen las transacciones venezolanas, y retienen fondos destinados a la importación de alimentos y medicinas. Tales medidas de acoso llegaron de la mano de una brusca caída de los precios del petróleo motivada por el aumento de la producción acordado por EE.UU. y Arabia Saudí en ataque a los intereses de los principales productores y enemigos del país norteamericano, Venezuela, Rusia e Irán.
Otras acciones coordinadas llegaron desde las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses, Standard and Poor’s, Fitch Rating y Moody’s, responsables en buena medida del colapso financiero mundial del año 2008, que calificaron a Venezuela como el país con el riesgo país más alto de Latinoamérica, a la altura de países africanos en guerra.
Desde esa fecha, las acciones de carácter multifactorial contra la soberanía del país bolivariano no han cesado, incrementándose su virulencia durante el mandato de Donlad Trump.
*Con información de Agencias.
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