Colombia: líder de las Farc asegura que la implementación del acuerdo de paz “es un desastre”
El 30 de diciembre de 2016, el Gobierno expidió el decreto-ley 1820 que otorgaba la amnistía que sería efectiva para los miembros de las Farc sindicados de delitos políticos. De igual forma, se han expedido otros decretos “exprés” para dar la libertad a guerrilleros que se encuentran recluidos en cárceles del país, sin embargo, a casi diez meses de expedido el primer de todos, los líderes de la exguerrilla exigen la liberación de más de mil miembros que quedan en las cárceles.
“Exigimos con vehemencia que sean liberados nuestros prisioneros. Lo decimos con vehemencia porque hicimos 50 años de resistencia por las reivindicaciones de nuestros pueblos”, señaló este miércoles Seusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá.
Para los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), hay negligencia por parte del Gobierno en cuanto a quienes aún permanecen en centro de reclusión y quienes ya han sido beneficiados con la amnistía están en condiciones de vulnerabilidad, pues no ha sido resuelta la identificación y ni la bancarización.
También resaltaron que muchos de quienes salieron de las cárceles no tiene claridad sobre su situación jurídica y temen ser recapturados. Según la Farc, la gran mayoría de los amnistiados tiene problemas con la documentación, el registro civil y la bancarización, esta última una situación que dificulta el recibo del pago pactado en el acuerdo, que era del 90 % de un salario mínimo mensual legal vigente.
“En este momento, la implementación es un desastre. Si el conjunto del pueblo colombiano no toma la bandera del acuerdo de La Habana, vamos a tener una crisis profunda, un fracaso en la conquista y la búsqueda de la paz”, concluyó Santrich.
En junio pasado, el líder de las antiguas Farc protestó con una huelga de hambre para que el Gobierno hiciera efectiva la amnistía para los prisioneros de esa organización que estaban presos y señaló que había denegación de justicia por parte de los jueces de ejecución de penas, que son quienes deben otorgar la amnistía a los exguerrilleros.
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