TeleSur •  Internacional •  24/06/2017

Ordenan al gobierno de Argentina restituir 400 pensiones

La jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, emitió fallo a favor de la restitución de las pensiones que el gobierno del presidente Mauricio Macri quitó arbitrariamente.

Ordenan al gobierno de Argentina restituir 400 pensiones

El Juzgado Federal de Viedma, Argentina, declaró procedente el amparo colectivo presentado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y dos organizaciones no gubernamentales (ONG) con el fin de que les restituyan las pensiones, no contributivas por invalidez, a las personas que el gobierno del presidente Mauricio Macri les quitó de manera forzosa.

La medida tomada por el juzgado favorecerá a unos 400 ciudadanos de la provincia de Río Negro y se estima que el fallo tendrá réplica, al menos, en las otras cinco provincias en que se hicieron presentaciones similares.

El tribunal enfatizó la “trascendencia social de los derechos afectados” y manifestó que la medida aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social le hizo daño al derecho colectivo. 

La jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, encargada de dictaminar el fallo, destacó la necesidad de defender las garantías constitucionales. Asimismo, sostuvo que “la afectación de los beneficios de pensión no contributiva (…) no encuentra sustento normativo alguno sino que responde a una vía de hecho”.

El diputado nacional por Río Negro, Martín Doñate, quien impulsó la medida cautelar solicitada mediante amparo, demostró técnicamente por qué la medida del gobierno nacional fue arbitraria e irracional, ya que no acudieron a ningún procedimiento administrativo requerido por la ley.

La administración nacional representada por el partido Cambiemos solicitó la anulación de 170.000 pensiones no contributivas, el pasado 13 de junio, bajo el argumento de que se trataba de «una depuración del padrón», con el apoyo de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales de distintas localidades. 

El fallo de Filipuzzi consideró que la participación de las ONG era “incuestionable”, porque se encuentran facultadas para ejercer una representación colectiva, acción que marcó un precedente judicial, convirtiendo a Río Negro en la primera provincia que instó al Gobierno dar marcha atrás y restituir el beneficio.

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