Policía evacúa a diputados y lanza gases a guatemaltecos
Luego de siete horas, diputados de Guatemala fueron sacados del lugar por 200 oficiales de las fuerzas antimotines de la Policía Nacional.
La Policía de Guatemala evacuó el viernes por la noche a decenas de diputados que permanecieron unas siete horas en el interior del Parlamento, y lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes, tras una jornada de protestas contra la corrupción.
Desde la 13H00 (19H00 GMT) los parlamentarios se vieron imposibilitados de salir de la sede legislativa, por lo cual las fuerzas antimotines de la Policía Nacional de Guatemala aplicaron su operativo.
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El ministro del Interior, Francisco Rivas, informó a la agencia de noticias española EFE que 200 policías fueron los encargados de retirar a los congresistas luego de la jornada maratoniana, que obligó también a retirar personal administrativo y periodistas.
Los agentes montaron un operativo para evacuar en autobuses policiales a los parlamentarios que no habían podido abandonar el hemiciclo, tras una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal.
Las salidas y entradas al Parlamento, en el centro de la capital, habían sido bloqueadas por miles de guatemaltecos indignados por la crisis política que sacude al país, luego que los diputados aprobaran el miércoles dichas reformas que aún no habían cobrado vigencia.
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Para dispersar la protesta la Policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes, que llamaban a un paro nacional para exigir la renuncia de los congresistas.
El ministro Rivas explicó que la protesta había sido «pacífica» pero el hecho de que los manifestantes no permitieran la salida de los diputados, a quienes pedían su renuncia, derivó en la respectiva evacuación.
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La indignación contra el actuar de los diputados se había atizado también porque dos días antes rechazaron un pedido de la Fiscalía y de una misión antimafias de Naciones Unidas para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, con el fin de que sea investigado por supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.
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