El Parlamento Europeo quiere limitar las controvertidas subvenciones a las térmicas de carbón, gas y nucleares

Bruselas, 21 de febrero de 2018. La Comisión de Energía del Parlamento Europeo ha propuesto hoy restringir las controvertidas subvenciones que reciben las eléctricas en su voto sobre la reforma del mercado eléctrico. Los llamados mecanismos de capacidad, que son subvenciones nacionales para mantener plantas de generación eléctrica paradas, solo se permitirán como un “último recurso” y estarían estrictamente regulados. (1)

“Hoy el sentido común ha ganado al amiguismo. Mientras que muchos gobiernos intentan sostener a las compañías energéticas ancladas en el pasado con fondos masivos, el Parlamento reconoce que las energías renovables son el futuro y que el dinero de los contribuyentes se gastará en consecuencia, no malgastándolo en plantas de energía viejas y contaminantes. Esta reforma energética debe ser una inversión para nuestro futuro y para empoderar a los millones de personas en Europa que desean combatir el cambio climático y producir su propia energía”, ha declarado Sebastian Mang, asesor de política energética europea de Greenpeace.

La Comisión de Energía exigió una evaluación sobre la oferta y la demanda eléctrica en toda la UE. En caso de problemas de seguridad energética, se requeriría que los países aborden las deficiencias mediante el aumento de energías renovables, eficiencia energética y a través de las interconexiones. También ha incluido plazos estrictos para los mecanismos de capacidad para las centrales hibernadas y ha respaldado la propuesta de la Comisión de poner fin a dichos pagos en 2025 para cualquier planta que emita más de 550 g de dióxido de carbono por kilovatio hora, lo que afectaría a las centrales de carbón.

El Estado español es el que más tipos de mecanismos por capacidad ha otorgado, hasta cuatro diferentes en total, a pesar de la sobrecapacidad eléctrica instalada. En 2015 la Comisión Europea inició una investigación a once Estados miembros, entre ellos España, sobre estas subvenciones y el pasado noviembre abrió otra investigación sobre más de 440 millones de euros dados a las eléctricas para apoyar sus térmicas de carbón con estos mecanismos.

El Gobierno español se opone a que haya una regulación desde la UE sobre estas subvenciones, mientras intenta aprobar un Real Decreto que supondría más subvenciones para que permanezcan operando las térmicas de carbón, gas y nucleares, con el fin de evitar que las compañías eléctricas opten por cerrarlas, dado que mantenerlas abiertas es antieconómico.

“Existe una absoluta falta de transparencia y de justificación frente a estas subvenciones que mantienen las centrales viejas y contaminantes que encima pagamos en nuestras facturas de la luz. Lo que hace el Gobierno es justo lo contrario a luchar contra el cambio climático. Hacen falta políticas que acaben con las subvenciones a las energías contaminantes y que impulsen la instalación de energías renovables y faciliten que las personas puedan generar, vender y compartir su propia energía”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace.

A diferencia del Consejo de ministros de los Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión de Energía del Parlamento ha apoyado la propuesta de la Comisión Europea de empoderar a la ciudadanía europea en el sector de la energía, por ejemplo, manteniendo normas para que la energía renovable producida a pequeña escala entre en la red antes que la energía de otras fuentes como el carbón y la nuclear (prioridad de despacho). La comisión de energía también quiere facilitar que las personas generen y compartan la electricidad en sus comunidades.

El negociador de la comisión, el eurodiputado Krišjānis Kariņš (PPE), también recibió el mandato de comenzar las negociaciones. Se espera que las negociaciones en trílogo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo sobre nuevas normas energéticas comiencen a finales de marzo.

El 18 de diciembre de 2017, en su posición preliminar sobre la reforma energética, el Consejo de ministros europeos rechazó los requisitos para que los gobiernos nacionales tengan que justificar los mecanismos de capacidad. Los ministros también propusieron extender el plazo de 2025 a 2035 para dar tales pagos a las centrales de carbón existentes que emiten más de 550 g de dióxido de carbono por kilovatio-hora.