Bolivia mantiene expectativas por juicio Golpe de Estado I

Son procesados en este expediente el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico potosino Marco Antonio Pumari.

Fueron investigados en este proceso la expresidenta de facto Jeanine Áñez, el encarcelado preventivamente desde diciembre de 2022 Camacho y Pumari, también recluido con esa condición.

Incluyó este caso, asimismo, a los exgenerales de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Carlos Orellana, al excomandante de la Policía Yuri Calderón y al exministro Luis Fernando López, todos declarados “rebeldes” porque huyeron de Bolivia; así como al exinspector general del Ejército Jorge Fernández.

Áñez, 48 horas después de asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.

Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.

Tras concluir este jueves la subetapa de la presentación de pruebas testificales, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, confirmó en declaraciones a la prensa la continuidad de las vistas.

“La próxima semana sigue avanzando el proceso, se nos ha vuelto a convocar para el día 31 de marzo; esta vez para que Camacho y Pumari puedan presentar sus descargos a través de testigos que ellos presenten”, aseguró.

La autoridad comentó que los abogados de la Procuraduría General del Estado (PGE) no abandonaron la audiencia del juicio y se aclaró al Tribunal, mediante memorial, que no requieren de poder especial para ser parte de este proceso.

“Como este es un caso de relevancia hemos reforzado con abogados, ellos han estado presentes en la audiencia; pero lo que pasa es que, de manera incorrecta, el Tribunal ha solicitado un poder de representación, en base a argumentos erróneos”, explicó ante el reclamo de un abogado del acusado Camacho.

Condori reiteró que estos abogados no necesitan de un poder especial, pues según el Instructivo SP-TDJ-LP número 003/2024 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, “la participación de la PGE es efectiva por los funcionarios que la representan, sin necesidad de la presentación de un Poder Especial o Específico para tal efecto”.

Indicó que, además, también tienen respaldo en lo establecido por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal.

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