Guatemala: Impunidad, criminalización social y represión

Jorge Santos es coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

El pasado 23 de marzo, en el marco de la Huelga de Dolores[1], mientras acompañaba a miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) que habían sido amenazados de muerte, fue atacado por un individuo encapuchado que le golpeó en la cabeza con un bate de madera. Afortunadamente no resultó con lesiones graves.

Santos conversó con La Rel sobre la grave situación que viven las y los defensores de derechos humanos.

-¿Cómo sigue la situación de los derechos humanos en Guatemala?
-Los ataques no han parado. Lo que ocurrió con el comisionado Velásquez es parte de una estrategia mucho más amplia que involucra a los actores del denominado “pacto de corruptos”[2].

Desde el Congreso aprobaron leyes que amplían el marco de impunidad a niveles insospechados, tratando de dejar en libertad a sujetos en prisión preventiva por graves delitos de corrupción.

Afortunadamente la población se movilizó masivamente y los diputados tuvieron que dar marcha atrás.

-¿Qué pasó después?
-Luego de esta victoria popular ha habido un incremento de las agresiones en contra de personas que defienden los derechos humanos.

También hubo desalojos violentos consumados para garantizar los intereses espurios de pequeños grupos de personas pudientes. Eso dejó a cientos de familias indígenas y campesinas al borde de una grave crisis humanitaria.

Tampoco ha parado la campaña de difamación y estigmatización contra personas y autoridades que defienden los derechos humanos, a la par del intento de ampliar esquemas que limitan el accionar de la población.

-¿De qué manera lo limitan?
-Hay al menos cuatro proyectos de ley que nos preocupan muchísimo porque pretenden profundizar la criminalización de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos, la tierra y los bienes comunes.

También pretenden favorecer el financiamiento ilícito a partidos políticos, así como enjuiciar y destituir a funcionarios públicos honestos.

Hace poco, el mismo presidente Jimmy Morales volvió a difamar al comisionado Iván Velásquez, el procurador de Derechos Humanos Augusto Rodas y la ex fiscal general Thelma Aldana.

También incitó a la violencia en contra del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Prácticamente dio carta blanca a los agresores y, pocos días después, comenzaron los ataques a dirigentes campesinos e indígenas.

En menos de un mes asesinaron a José Can Xol, Mateo Chamán Paau y Ramón Choc, del Comité Campesino para el Desarrollo del Altiplano (CCDA), y a Luis Arturo Marroquín del Codeca.

En este mismo periodo, el presidente Morales solicitó también la expulsión de los embajadores de Suecia y Venezuela. Así que la estrategia represiva del año pasado no sólo ha continuado, sino que ha ampliado su esquema.

Una campaña sistemática
Los mismos de siempre

-¿Quién está detrás de esta estrategia?
-La vieja oligarquía conservadora, el poder económico tradicional y el emergente, la élite política, ex militares y el crimen organizado.

El mismo presidente Morales, que se ha convertido en un remedo de dictadorzuelo cada vez más asediado, su hijo y su hermano tienen juicios pendientes.

Todo ellos son los que están poniendo los recursos, la logística y las herramientas para esta estrategia que apunta a producir un retroceso sistémico en el país.

Tampoco podemos olvidar que hay estructuras enquistadas en el Estado que se prestan a los actos de criminalización y represión en contra de defensoras y defensores.

Notas
[1] Tradición estudiantil desde inicios del siglo XX en la que se realizan críticas al sistema a través de un desfile bufo.
[2] http://informes.rel-uita.org/index.php/sociedad/item/la-crisis-detras-de-la-crisis