La comunidad internacional rechaza y condena el establecimiento de la Ley Nación-Estado en Israel

El estado de Israel cuenta con un 20% de población no judía. La inmensa mayoría, descendientes de palestinos que permanecieron dentro de las fronteras del estado de Israel tras la guerra de independencia de 1948, los denominados usualmente “árabes israelíes”. Numerosas leyes han ido transformando a estas personas en ciudadanos de segunda dentro del estado durante décadas. Este jueves, la dinámica de segregación alcanzó un escalón más al aprobarse en el Knesset la denominada Ley Fundamental de la Nación-Estado, una norma de carácter constitucional que establece la exclusividad del estado para el “pueblo judío”.

“Israel cuenta con docenas de leyes racistas, algunas de las cuales se ajustan a la definición de apartheid de la ONU”, explica Omar Barghouti, del Comité Nacional Palestino de BDS. “Pero con el rango constitucional de esta Ley Fundamental, Israel se está declarando a sí mismo un Estado de apartheid y se está quitando su gastada máscara de democracia”, añade.

Las reacciones internacionales de condena y rechazo a su establecimiento no han tardado en llegar, siendo repudiada por líderes, Gobiernos y organizaciones que coinciden en valorarla como el establecimiento constitucional de una política de apartheid.

Las primeras voces de rechazo llegaron desde la secretaría general de Naciones Unidas. El portavoz de la secretaría, Farhan Haq, denunció que la norma pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales de toda la población no judía del país. «Hacemos énfasis en la necesidad de que todos los Estados se apeguen a los principios universales de los derechos humanos, incluyendo la protección a los derechos de las minorías», exponía en la rueda de prensa celebrada ayer.

De forma mucho más moderada, la Unión Europea también ha mostrado su preocupación por el establecimiento de la norma constitucional. La portavoz jefe del Servicio Europeo de Acción Exterior, Maja Kocijancic, fue la encargada de transmitir la valoración de la UE ante la ley. “Desde que comenzó el proceso hemos venido expresando nuestras preocupaciones, recalcando el respeto por Israel como estado democrático”, declaraba Kocijancic. “La democracia y la igualdad, incluidos los derechos de las minorías, son derechos clave que definen nuestras sociedades y creemos que Israel también debe respetarlos”, añadía, sin mencionar directamente las connotaciones de la ley.

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, se limitó a admitir que entendía “que haya controversia” ante el establecimiento de la ley. Así mismo añadió su convencimiento y apoyo al “derecho a existir de un Estado democrático judío”, como si alguien le hubiese preguntado al respecto.

En Estados Unidos, la ley ha generado una polémica entre la propia población judía norteamericana. Numerosos colectivos judíos han calificado la ley perniciosa. “El daño que provoca esta nueva ley de la nación-estado a la legitimidad de la construcción sionista es enorme”, escribe Rick Jacobs, líder de la Unión Reformista Judía, una organización internacional con base en Estados Unidos.

Los países árabes también han manifestado su lógica condena a su aprobación. En un comunicado, la Liga Árabe describió la ley como una nueva «desconsideración hacia los derechos históricos del pueblo palestino en su territorio», así como una «extensión de la herencia colonial».