Honduras. Luchar por los bienes comunes y la vida no es delito

Unas veinte comunidades del sector Mezapa y Pajuiles, en el norteño departamento de Tela, están siendo afectadas por dos proyectos hidroeléctricos. En más de una ocasión, la lucha y la resistencia de sus pobladores ha sido criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño.

Pocas horas después del más reciente ataque de los cuerpos policiales contra los “campamentos dignos por el agua y la justicia”, miembros de las comunidades de Pajuiles e Jilamito se presentaron en Tegucigalpa ante medios nacionales e internacionales, para denunciar -una vez más- el fracaso de la institucionalidad pública y de su política represiva contra procesos de organización, movilización y protesta ciudadana.

Unas veinte comunidades del sector de Mezapa y Pajuiles han venido denunciando los graves daños ocasionados, tanto al río Mezapa como a la Cordillera Nombre de Dios, por los proyectos hidroeléctricos “Los Planes” e “Jilamito”, así como la falta de consulta previa y la realización por parte de la alcaldía de Tela de cabildos abiertos manipulados y amañados.

Dichos proyectos son impulsados por las empresas Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (Hidrocep) e Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (Ingelsa), respectivamente propiedad de los empresarios hondureños Jason Hawit y Emín Abufele.

Pese a que los daños ocasionados por los proyectos hidroeléctricos -en particular la contaminación de agua para consumo humano y la devastación del territorio- fueron confirmados por la Fiscalía Especial del Ambiente en agosto de 2016 y que las comunidades organizadas presentaron varias denuncias, el Ministerio Público nunca actuó contra las empresas.

Hostigamiento y represión

Ante esta situación,  habitantes organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) decidieron instalar tres campamentos en las entradas de Pajuiles e Jilamito, impidiendo el paso de maquinarias pesadas hacia la parte alta de la montaña para continuar las obras.

La respuesta no se hizo esperar. Y comenzó la escalada de violencia.

En diferentes ocasiones los “campamentos dignos por el agua y la justicia” fueron atacados, tanto por las fuerzas policiales como por miembros de otras comunidades vinculados con las empresas.

Uno de los dos campamentos en Pajuiles fue saqueado e incendiado, decenas de personas fueron agredidas, golpeadas y detenidas. Actualmente, 17 de ellas están siendo perseguidas judicialmente.

Durante los ataques fueron heridos Martín Fernández, coordinador del MADJ, y Óscar Martínez, miembro de la comunidad de Pajuiles.

Una vez más se demuestra como proyectos enmarcados en la profundización del modelo extractivista, además de acaparar territorios y saquear bienes comunes, generan conflictos, crisis, divisiones y fragmentación del tejido social. Asimismo, queda expuesto el fracaso de la institucionalidad.

“Hay una fuerte estigmatización de las y los defensores, que profundiza aún más las confrontaciones, las divisiones y la fragmentación. Además, se criminaliza y judicializa a quienes se oponen a los proyectos extractivos, acusándolos de usurpación, coacción, daños a la propiedad y celebración de reuniones ilícitas”, explicó Ariel Madrid, del área legal del MADJ.

“Hay una manifiesta colusión de las autoridades policiales con las empresas. La Policía está sirviendo como medio para que las empresas puedan continuar a desarrollar sus actividades ilegales dentro de la montaña”, manifestó el abogado defensor de las comunidades en resistencia.

Madrid tiene temor que en los próximos días pueda haber una escalada de la violencia.

“Hay una política evidente de hostigamiento, criminalización, judicialización  y represión hacia las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta. Debemos estar atentos”, advirtió.

“La lucha nos fortalece”

Albertina López es una lideresa natural. Desde hace varios meses integra el grupo de personas que ha instalado los campamentos en Pajuiles.

“Ya me han detenido dos veces, pero la lucha nos fortalece. No sentí miedo, solo preocupación por mi embarazo. Todo esto nos motiva a seguir adelante y a seguir luchando. La violencia, la persecución, los desalojos no nos van a detener. No es fácil, pero tampoco es imposible”, dijo la activista.

“Ahora entiendo las palabras de la compañera Berta Cáceres. Su asesinato fue algo que me tocó el corazón, pero nunca pensé que nos iba a tocar estar en la misma lucha, que nos iba a tocar sacar el mismo coraje que ella mostró para defender el río Gualcarque.

Hoy nos toca a nosotros defender la Cordillera Nombre de Dios, el río Mezapa y todos los ríos de Honduras que han sido vendidos y saqueados”, concluyó López.

Naciones Unidas se pronuncia

Sobre esta situación se ha pronunciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Oacnudh, llamando al diálogo y al respeto para restaurar la convivencia pacífica.

“La Oficina  lamenta que la problemática persista y que las comunidades hayan tenido que llegar a este nivel de confrontación, en donde inclusive, han resultado personas agredidas (…). Lamentamos la demora en la resolución de la cuestión de fondo y de las diversas denuncias que se han presentado por parte de todas las comunidades”, señala la Oficina del Alto Comisionado.

De acuerdo con esta instancia de Naciones Unidas, el origen del conflicto está en el otorgamiento de la licencia ambiental a Hidrocep y la estimación del impacto que sus actividades hubieran podido tener sobre los derechos de las comunidades.

“El desalojo de hoy (10/8) es una medida que no resuelve la situación de fondo (…). Condenamos tanto la violencia como las agresiones entre comunidades (…). Esperamos una investigación exhaustiva e imparcial de todos los hechos vinculados con esta concesión, así como la atención de todas las denuncias recibidas”, señaló la Oacnudh.

Finalmente hizo un llamado a la calma y al diálogo e instó a las autoridades locales y nacionales a “promover y facilitar la comunicación entre las partes para prevenir más enfrentamientos”.

Asimismo consideró necesario trazar “una hoja de ruta que permita una salida consensuada”, enfatizando la importancia de asegurar que los proyectos de desarrollo económico se den en el marco de concesiones “otorgadas legalmente en cumplimiento con la legislación nacional y los estándares internacionales, la consulta con las poblaciones afectadas”.

Fuente: LINyM