Denuncian que España viola convenios internacionales con la entrega del activista saharaui Faisal Bahloul a Marruecos

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) afirma que España ha violado la IV Convención de Ginebra y la Convención contra la Tortura con la entrega a Marruecos del activista saharaui Faisal Bahloul, que se encontraba detenido desde el 30 de marzo de 2021.

La asociación detalla en un comunicado que Faisal Bahloul, de 44 años, natural de El Aaiún, con residencia legal en España hasta 2024, era conocido por sus posturas hostiles a la ocupación marroquí y por la defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, particularmente desde la reanudación de la lucha armada por el Frente Polisario, el 13 de noviembre de 2020. Fue detenido por la Policía Nacional en Basauri (Vizcaya), pasó a disposición de la Audiencia Nacional y estuvo preso primero en Madrid y después en Murcia.

En primer lugar, AFAPREDESA considera que con este “grave acto” España ha violado sus obligaciones como potencia administradora del territorio del Sáhara, contempladas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones.

En apoyo de esta afirmación cita el auto 4 de julio de 2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida entonces por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que determina que España, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, sigue siendo de iure, aunque no de facto, la potencia administradora del Sáhara Occidental, y hasta que finalice la descolonización tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos.

AFAPREDESA considera que la entrega del activista saharaui, realizada por policías españoles el 16 de noviembre en el aeropuerto de Casablanca, es una violación grave de la IV Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado fuera del territorio ocupado a las personas protegidas.

Para la asociación saharaui el Gobierno español ha incumplido, también, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, que prohíbe “la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

Señala que el Ejecutivo tiene conocimiento de la existencia de “violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos por el reino de Marruecos contra el pueblo saharaui, tanto en el pasado como en el presente”, y concreta el caso del genocidio, “verdad jurídica reconocida por el Auto nº 1/2015 de procesamiento de 11 altos mandos civiles y militares marroquíes dictado el 19 de abril de 2015 por el juez Pablo Ruz”.

Reseña en esta línea la resolución del Comité contra la Tortura de NNUU sobre el preso Naama Asfari, por el que fue condenado Marruecos, y decisiones del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, como la de agosto de 1996 sobre 10 jóvenes saharauis condenados a penas de 18 meses a 10 años de cárcel “por participar en el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y expresión”; otra de 1996 referente a la detención de cinco jóvenes por manifestarse, y una de febrero de 2021 sobre el periodista Walid El Batal, privado de libertad arbitrariamente en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

E incluye una Acción Urgente adoptada en junio de 2021 por mandato de un grupo de Relatores Especiales de NNUU por denuncias de agresión física y sexual, hostigamiento, amenazas y redadas a periodistas y defensores de los derechos humanos y a integrantes de ISACOM (Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí) entre las que se encuentran las hermanas Sultana y Luaara Jaya, bajo asedio domiciliario y objeto de agresiones físicas sexuales e intimidaciones.