El Gobierno de facto de Bolivia continúa su política de persecución a dirigentes del MAS

Uno de los partidarios del MAS que ha sufrido la persecución del Gobierno de facto es el asistente personal del presidente Morales, Luis Hernán Soliz Morales, quien fue aprehendido por órdenes del Ministerio Público luego de declarar ante la Fiscalía como parte de un proceso de investigación por sedición y terrorismo contra el líder indígena.

Según informó la Fiscalía, Solís será detenido de forma preventiva y se pondrá a disposición de un juez cautelar que definirá su situación legal. 

Por otra parte, la vivienda del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, en La Paz, fue allanada este viernes en el marco de las investigaciones en curso por posibles delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo en su contra.

Al respecto, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen (FELCC), Iván Rojas, aclaró que “la finalidad de una acción investigativa de estas características es poder proceder a la ubicación y secuestro de cualquier elemento que tenga relación con el o los tipos penales que se investigan en estos casos”.

A finales de noviembre Quintana se había refugiado en la Embajada de México, tras la orden de aprehensión emitida en su contra por el Ministerio Público, para que se presentara a declarar.

Mientras tanto, este viernes se ha denunciado el secuestro del vicepresidente del MAS-IPSP de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, Marcial Escalante, quien se reunió con Morales hace unos días en Argentina. 

Según testimonio recogidos por la Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano, la madrugada de este viernes se llevaron a Escalante y golpearon a su esposa, además de llevarse los bienes que había en su vivienda.

En el testimonio, publicado en la cuenta de Twitter de la Delegación, se aseguraba que la operación fue llevada a cabo por policías con vestimenta civil, y que no se ofreció información de su paradero. Finalmente, el propio presidente Morales, acusado de varios «crímenes», es objeto de una orden de aprehensión en su país.

Según la disposición del Ministerio Público de Bolivia, el líder indígena debe presentarse ante la Fiscalía de La Paz para responder a la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Luego de casi 15 años de supremacía política del MAS, sus dirigentes y miembros se enfrentan a cargos penales por delitos presuntamente cometidos en el contexto de la intentona golpista consumada por la derecha el pasado 10 de noviembre.

Esta persecución, según el presidente legítimamente electo de Bolivia, se debe a que los opositores saben que “electoralmente están derrotados», lo cual se evidencia en el hecho de que desconocieran los resultados de la elección del 20 de octubre.