Protestas, criminalización y migrantes, convulso 2021 para Guatemala

La pandemia de la Covid-19 en Guatemala estuvo en el trasfondo de casi todas las manifestaciones, en la medida en que desde los pueblos y territorios despertó el llamado a salir a las calles para exigir la renuncia del jefe de Estado y su equipo de ministros.

A finales de julio, de aisladas expresiones sabatinas en la capitalina Plaza de la Constitución, se pasó a movilizaciones más contundentes con el llamado de las autoridades de los 48 cantones del departamento de Totonicapán a un paro plurinacional y bloqueos en carreteras clave de todo el país como presión contra el Ejecutivo.

Un acontecimiento puntual fue la gota que colmó la copa: la decisión arbitraria de la Fiscal General Consuelo Porras de destituir al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, la cara más visible de la lucha contra la corrupción y que una semana después tuvo que salir del país por sus declaraciones sobre los manejos de la institución en casos de alto impacto.

En agosto, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) dio continuidad a las jornadas y esa vez tomó más fuerza la consigna de julio, ¡Hasta que caigan!, para pedir la salida de Giammattei y Porras.

Con el respaldo, además, de los pueblos xinca, maya y garífuna junto a colectivos civiles, estudiantiles y partidos de oposición, también las peticiones fueron más concretas: el paso a un gobierno de transición y Asamblea Constituyente para modificar la actual Carta Magna y hacer valer los derechos de todos los guatemaltecos.

Otras demandas apuntaron a rechazar las conmemoraciones oficiales por el Bicentenario de la Independencia de Guatemala con la consigna Nada que celebrar porque «No tenemos independencia ni Estado”, aseguró Codeca en su llamamiento nacional a más movilizaciones el 15 de septiembre.

VUELVE A CRECER LA INDIGNACIÓN POPULAR

La indignación popular volvió a crecer el 4 de noviembre, después de que el Ejército y la Policía pusiera fin con gases lacrimógenos a un plantón de más de 20 días de comunidades

q’echi’ en El Estor, Izabal, en rechazo a la explotación minera en la zona y a violar la consulta a las poblaciones originarias.

Otro Estado de Prevención llegó urgente como medida del Ejecutivo para supuestamente devolver la gobernabilidad en esa zona, sin considerar las causas estructurales del conflicto con las variables de pobreza extrema y robo de tierras a poblaciones indígenas en el tintero.

También el asesinato violento de mujeres activó las manifestaciones en la capitalina Plaza de la Constitución bajo el lema Ni una Menos, que se convirtió en etiqueta tendencia en las redes sociales, así como el caso Juan Francisco Solórzano, tras la captura y encarcelamiento del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria por supuestas irregularidades en la conformación de un partido.

Con Sandoval y Solórzano se hizo más pública la persecución política contra organizaciones y personas públicamente contrarias a las decisiones del Gobierno, que se extendió a jueces independientes, considerados molestos por sus fallos, como Érika Aifán, Pablo Xutumul y la presidenta de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras, a quien finalmente boicotearon para que no pudiera asumir nuevamente el cargo este año a pesar de resultar electa.

INTIMIDACIONES CONTRA PERIODISTAS

Los hechos violentos en El Estor dieron lugar a intimidaciones abiertas contra periodistas y medios que cubrieron las noticias y ofrecieron una versión diagonalmente opuesta a la oficial, todo el tiempo a favor de la empresa minera y sus representantes.

A los nombres de periodistas independientes ligados a ficticios procesos, sumaron el del medio alternativo Prensa Comunitaria y radios locales, al punto de que la Asociación Guatemalteca de Prensa (AGP) llamó la atención el pasado 30 de noviembre sobre el asedio inusitado a la profesión, el cual limita el derecho universal a informar de la sociedad.

Sin periodismo no hay democracia, fue el documento de más de 100 firmas que acompañó la manifestación pacífica hasta Casa Presidencial con el propósito de visibilizar las constantes violaciones a la libre expresión en el segundo año de Gobierno de Giammattei.

«Desde una Presidencia que irrespeta a la prensa; un Ministerio Público que en sintonía con el Organismo Judicial fabrican casos y no investigan abusos contra periodistas, hasta oficinas de información pública obligadas a fomentar una cultura de transparencia que optan por convertirse en la primera barrera de censura», denunciaron en el llamamiento.

En el Día del Periodista y con la etiqueta en redes sociales #NoNosCallarán, señalaron, también, a oficinas de comunicación social detrás de campañas de descrédito contra reporteros por cuestionar su función, o el acoso a periodistas por su condición de género.

El listado incluyó intimidaciones a reporteros que suben de tono hasta llegar a ataques a su integridad física y su familia, una situación agudizada en los departamentos, donde son criminalizados por las autoridades locales, fiscales y jueces.

En esta oportunidad, el Observatorio de la AGP identificó 45 actos en los que están involucrados funcionarios y empleados de la Presidencia, el Congreso, el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.

El 26 de noviembre último, otro paro convocado por el Comité de Desarrollo Campesino presionaba la salida de Giammattei ante lo que consideran “un Estado represivo y fallido”.

GUATEMALTECOS RUMBO AL NORTE

Del botón una muestra: silenciosamente, sin mucha algarabía de los medios de prensa como sucede con las tradicionales caravanas hondureñas y salvadoreñas que cruzan esta nación, se estima que a diario salen entre 300 y 500 guatemaltecos rumbo al Norte y pagan en promedio 10 mil dólares a coyotes.

Para obtener el dinero, muchas veces se endeudan o dan en garantía sus casas y terrenos, por lo que se perpetúa el ciclo de la pobreza si no alcanzan lo que llaman “el sueño americano”.

Como despedida de año, Guatemala cerrará diciembre de luto por el trágico accidente vial en Chiapas, México, donde perdieron la vida 55 migrantes -la mayoría de esta nación-, quienes viajaban hacinados en un tráiler para escapar de la violencia, el hambre y la falta de oportunidades en sus comunidades de origen, fundamentalmente rurales.

Como en enero de 2021, con la masacre de Camargo, Tamaulipas, el dolor y el luto ensombrece hoy el futuro de las familias de las víctimas, a pesar del discurso optimista del Gobierno sobre la rápida recuperación económica (a nivel macro) del país, por encima de la media regional, con un estimado de crecimiento por encima del siete por ciento.

El porvenir de inversiones y comercio con Estados Unidos para generar empleos y contener la crisis migratoria, constituyen promesas desde la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, quien ante la reciente tragedia de los migrantes en Chiapas confirmó un listado de siete empresas privadas para “abordar de manera sostenible las causas de la migración con oportunidades económicas”.

En el caso de Guatemala, participará el Grupo Mariposa, dedicado a alimentos y bebidas, y con operaciones en toda América Latina, según el comunicado oficial.

Sin embargo, mientras el dinero llega -y si acaso no se fuga-, los guatemaltecos seguirán intentando cruzar la frontera estadounidense a pesar de que la muerte los pueda sorprender en el camino.

arb/mmc

(*) Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala