Un millar de indígenas quekchí se manifiestan ante la Embajada de España en Guatemala contra ACS y Florentino Pérez

Cientos de indígenas quekchí se manifestaron ayer ante la Embajada de España en Ciudad de Guatemala para exigir la paralización de la obra de la hidroeléctrica RENACE, que construye ACS (Grupo Cobra), presidida por Florentino Pérez, para una empresa guatemalteca, sobre el río Cahabón. “Nos niegan el derecho a la información y a la consulta”, denunciaron los manifestantes, que habían viajado desde Alta Verapaz. Pidieron “detener los proyectos RENACE, realizar una consulta comunitaria, hacer una evaluación ambiental integral de proyectos de los que no informaron ni hubo consultas”. “Los pueblos indígenas defendemos nuestra naturaleza, nuestros ríos, nuestros animales… y pedimos respeto. ¿Qué más quiere Florentino Pérez, si el dinero no se puede comer?”, señaló una vecina de la comunidad de Pansamalá, en cuyas cercanías COBRA realiza la quinta fase de Renace sobre el río Canlich, tributario del Cahabón.
 
Precisamente, el Parlamento Europeo (PE) ha aprobado el pasado 16 de febrero, en su sesión plenaria en Estrasburgo, una resolución de urgencia sobre la situación de defensores de derechos humanos y la justicia en Guatemala en la que se manifiesta su preocupación por los derechos humanos en el país e insta a los Estados miembros, entre los que se encuentra España, a promover acuerdos comerciales internacionales vinculantes que refuercen el respeto de los derechos humanos, especialmente en el caso de las empresas con sede en la Unión Europea que operan en este país de Centroamérica.
 
Asimismo, la institución europea urge al Gobierno guatemalteco a adoptar medidas urgentes que protejan a los defensores de los derechos humanos de los ataques y amenazas a los que se enfrentan, dado que entre enero y noviembre del año pasado se registraron 14 asesinatos, 7 intentos de asesinatos y 223 agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos. En lo que va del año 2017, ya han sido asesinados otros dos: Laura Leonor Vásquez Pineda y Sebastián Alonzo Juan.
 
Alianza por la Solidaridad comparte la preocupación del Parlamento Europeo por el hostigamiento y criminalización de quienes luchan en defensa de la tierra, el medio ambiente y sus derechos económicos, sociales y culturales, exponiendo su vida por denunciar proyectos en los que participan empresas europeas, y más concretamente españolas.

Entre 2014 y 2015 se han realizado 93 consultas comunitarias en Guatemala de buena fe relacionadas con proyectos empresariales, cuyo resultado ha sido contrario a los mismos, por lo que urge a las autoridades de Guatemala a que garanticen la celebración previa de estas consultas libres y con pleno conocimiento de conformidad con lo previsto en el Convenio 169 de la OIT. Se hace especial mención de proyectos hidroeléctricos, mineros y petroleros, y en este sentido, Alianza por la Solidaridad recuerda el actual desarrollo del proyecto hidroeléctrico Renace, que ayer fue objeto de la protesta frente a la Embajada española y que la ONG ha denunciado en su campaña TieRRRa para promover “inversiones responsables” en el exterior.
 
Para proyectos como éste, la UE pide que “no se preste asistencia o apoyo europeos a la promoción” sin que se cumpla la obligación de celebrar previamente dichas consultas libres y con pleno conocimiento con las comunidades indígenas”.
 
El Parlamento comunitario también pide a la UE que se adopten acuerdos internacionales vinculantes que refuercen el respeto de los derechos humanos, especialmente en el caso de las empresas con sede en Europa que trabajan en terceros países. Exige a los Estados miembros, que aún no lo hayan hecho, que ratifiquen el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica. Además, pide que se destinen fondos para animar a Guatemala a aplicar un programa ambicioso de derechos humanos y a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que destinen fondos y ayuda técnica suficientes para este cometido.
 
Alianza lanzó en 2015 la campaña TieRRRa para promover las inversiones responsables de las empresas en países en desarrollo. Desde entonces, se han documentado dos casos en Guatemala, objeto de campañas de protesta y sensibilización tanto en el país como en España, en las que se han vulnerados los derechos humanos: la construcción de una hidroeléctrica en el río Cambalam por parte de la empresa española ECOENER-HIDRALIA, que finalmente logró suspenderse; y la construcción de la hidroeléctrica RENACE sobre el río Cahabón, que se encuentra en desarrollo en varias de sus fases. Es una obra que abarca casi 30 kilómetros de este río en territorio de los indígenas quekchí. En estos momentos se llevan recogidas más de 14.000 firmas.
 
Desde Alianza por la Solidaridad

1. Pedimos la suspensión de las obras en desarrollo que implican a empresas europeas (como la española ACS) en las que no se cumple lo especificado en esta resolución del Parlamento Europeo.
2. Reafirmamos la necesidad urgente de tomar medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, incluyendo la aprobación de una política pública de protección a defensores y defensoras; así como que se investiguen campañas de criminalización y amenazas contra estas personas.
3. Que el Gobierno español reclame a las empresas españolas que cumplan con los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como con la defensa del medio ambiente en Guatemala, independientemente de si son o no son promotores o contratistas.
4. Que se establezca un mecanismo en la Embajada de España en Guatemala que permita la recepción e investigación de las denuncias de las víctimas por las prácticas de las empresas españolas.
5. Que España recupere la defensa de los derechos humanos como pilar fundamental de la política de cooperación al desarrollo con Guatemala y que priorice las acciones de apoyo a los derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos en situaciones de mayor riesgo.

Que el gobierno español apoye de manera decidida la aprobación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.