La defensa del agua aumenta la persecución sobre las personas que lideran la lucha ambiental en Latinoamérica

Madrid, 22/03/2022.- La defensa del acceso al agua no contaminada está aumentando la presión, en forma de persecución, acoso e incluso asesinatos, sobre las personas que defienden los recursos naturales y la biodiversidad. El estrés hídrico va en aumento por la confluencia del cambio climático con prácticas extractivas que se están intensificando. Así lo denuncia Alianza por la Solidaridad-ActionAid con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra este 22 de marzo. Hoy, según datos de la OMS, aún una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y un 40% tiene escasez.

La situación es muy preocupante en algunos de los territorios donde trabaja la organización, como son América Latina, África y Oriente Medio. En África son las sequías generadas por el cambio climático, en Palestina la situación de ocupación de Israel y conflicto armado, y en América Latina son los agronegocios y la hidroeléctricas las que están detrás del expolio del agua. Algo que provoca no sólo vulneraciones de derechos humanos fundamentales, sino violencia contra quienes se enfrentan  a este acaparamiento.

Conviene recordar que el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés), advierte de que América Latina ya está siendo afectada por el incremento del nivel del mar,  la erosión costera, la acidificación del océano y las sequías extremas. El mismo informe también alerta de cómo afectará a la agricultura, tanto en la región andina por la desaparición de los glaciares, como en Centroamérica, donde ya hay importantes movimientos migratorios.

Actualmente, según la FAO-OCDE, América Latina y el Caribe representan ya el 14% de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones de productos y se prevé un aumento del 22% de los cultivos y del 16% de los productos ganaderos en seis años (2028). Sin embargo, no hay seguridad alimentaria en la región porque muchos hogares no pueden costearse los alimentos y la pobreza extrema está en aumento desde 2015, reconocen ambos organismos. Esta presión sobre el agua y la tierra se está incrementando sin que se tomen de manera urgente las medidas de adaptación al cambio climático.

En este contexto, crece la criminalización de las personas defensoras ambientales. El informe último de Global Witness, de 2021, recoge un total de 227 asesinatos en el mundo el año anterior. A la cabeza está Colombia. Entre los 10 con más crímenes de este tipo también están México, Brasil, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Se incrementa la presión sobre los recursos naturales como el agua 

Alianza ActionAid, junto a otras 10 organizaciones en la Comunidad Valenciana ha impulsado  un manifiesto para apoyar a las comunidades del sur global afectadas por el monocultivo  de la caña de azúcar, cuyos impactos han sido documentados en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia, en el informe  “El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿desarrollo para quién?”.  Por ejemplo, este año se estima que el 80% de El Salvador registre máximos niveles de estrés hídrico por la escasez del agua. Sin embargo, la actual Ley de aguas en ese país garantiza 37 mil litros de agua durante 15 años para la industria cañera, al tiempo que desprovee a las juntas comunitarias de agua.

La ONG reclama al Gobierno estatal una Ley de debida diligencia que obligue a las empresas españolas o que operan en todo el estado a identificar y evaluar el riesgo de que su actividad impacte negativamente, de manera directa o indirecta a través de su cadena de valor, en el disfrute de los derechos humanos y el medio ambiente, y que facilite el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Igualmente, Alianza ActionAid recuerda estos días casos de defensores como el del guatemalteco Bernardo Caal Xol, encarcelado en su país desde enero de 2018 (más de cuatro años) por la defensa del río Cahabón y del río Oxec tras la instalación de grandes presas hidroeléctricas que colapsaron los cauces, en territorio indígena, para exportar energía. Estas obras se hicieron vulnerando el Convenio 169 de la OIT, que obliga a una consulta a los pueblos indígenas para obtener su consentimiento informado.

Alianza-ActionAid lleva casi 40 años trabajando en proyectos de acceso al agua en Colombia, Nicaragua, Guatemala o Senegal gracias a financiación de la AECID, de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) y la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO).