ACNUR y la OIM urgen a la UE a desembarcar a los refugiados del Captain Morgan

La Agencia de la ONU para los Reefugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) piden a Malta y a otros Estados europeos que agilicen los esfuerzos para llevar a tierra firme y segura a unos 160 refugiados y migrantes rescatados en el Mediterráneo, que se encuentran en estos momentos en el mar a bordo de dos barcos del Captain Morgan.

Otro grupo formado por 21 personas, en su mayoría familias, mujeres y niños, ya fueron evacuados y desembarcados en Malta hace varios días. No obstante, es importante el desembarco lo antes posible de las restantes personas, las cuales llevan a bordo del barco unas dos semanas -el período de cuarentena estándar para la COVID-19-, pero que no cuentan con ninguna claridad sobre su posible desembarco. Resulta inaceptable que se mantenga durante más tiempo del necesario a las personas en el mar, especialmente si se encuentran en condiciones difíciles e inadecuadas.

Los países mediterráneos han estado en la primera línea de la recepción de llegadas marítimas durante los últimos años. Sus esfuerzos, y los de los buques de búsqueda y rescate de las ONG, han logrado evitar muchas muertes trágicas.

No obstante, ACNUR y la OIM también están profundamente preocupados ante las informaciones que señalan que los Estados habrían ignorado o retrasado la respuesta a las llamadas de socorro, especialmente teniendo en cuenta el contexto de reducción significativa en la capacidad de búsqueda y rescate por parte de los Estados y las ONG.

ACNUR y la OIM recuerdan a los Estados sus obligaciones en virtud del derecho internacional de ayudar de inmediato a las personas en situación de peligro. Estas obligaciones no se pueden sustituir por la oferta de combustible y ayuda. Los Estados deben hacer todo lo posible para rescatar a las personas en situación de peligro, ya que un retraso de incluso unos pocos minutos podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Las medidas de salud pública, como las cuarentenas obligatorias durante un espacio tiempo determinado, los exámenes médicos y el distanciamiento físico deben aplicarse sin discriminación y en el marco de los protocolos nacionales de salud contemplados. Los Estados deben continuar desembarcando a las personas rescatadas en el mar, de conformidad con las obligaciones del derecho marítimo internacional y garantizar el acceso al asilo y a la asistencia humanitaria

La capacidad de recepción en algunos Estados mediterráneos presenta aún mayores retos a causa de las medidas sanitarias necesarias implementadas por la COVID-19. Teniendo en cuenta este grave desafío, hemos ofrecido apoyo para garantizar la gestión pronta y eficaz de los recién llegados.

El desembarco inmediato también debe venir respaldado por una solidaridad tangible pro parte de otros Estados europeos a través de un mecanismo de reubicación oportuno y predecible y, una vez que las condiciones lo permitan, una cooperación efectiva en los retornos al país de origen para aquellos que no estén en necesidad de protección internacional.

Se necesita con urgencia un sistema claramente definido y acordado para la reubicación posterior al desembarco si finalmente queremos alejarnos de un ciclo perpetuo de negociaciones y acuerdos ad-hoc que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas.

La reubicación de 17 personas esta mañana desde Malta a Francia muestra que la solidaridad en tiempos de COVID-19 es posible, tomando todas las precauciones y medidas necesarias para garantizar la prevención de la propagación del virus.

ACNUR y la OIM reiteran de forma inequívoca que ninguna persona rescatada en el mar debe ser devuelta a Libia. El sufrimiento y el riesgo para la vida que suscitan la intensificación del conflicto, la detención arbitraria y las violaciones generalizadas de los derechos humanos, entre otros factores, significan que Libia no puede ser considerado un lugar seguro. La participación directa o indirecta de un Estado a través de embarcaciones comerciales en el retorno a Libia de migrantes y refugiados rescatados puede constituir una violación del derecho internacional.