Marina Albiol cree que la presión de Consejo y Comisión sobre Valonia por el CETA muestra “lo poco que les gusta la democracia”

“Queda claro una vez más que a la Comisión y al Consejo sólo les interesa la democracia cuando sirve a sus intereses. Cuando esos intereses se cuestionan de forma legítima, entonces empiezan los problemas para aquellos que lo hacen”, ha dicho.

Albiol espera que el ministro-presidente de la región belga de Valonia, Paul Magnette, “siga resistiendo” a las presiones en los próximos días, pese a que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, se haya mostrado convencido este mediodía de que finalmente el parlamento regional belga desbloqueará el CETA. Y si bien Magnette ha dejado claro que no tiene nada en contra del libre comercio esta mañana en su rueda de prensa, “al menos parece que hay un socialista en Europa preocupado por el peligro que supone para los Estados los tribunales de arbitraje o la amenaza que tratados como el CETA representan para los servicios públicos”, ha dicho Albiol.

“Deberían tomar nota sus compañeros socialistas españoles, que en el Parlamento Europeo no dudan en defender ciegamente el arbitraje y dicen que el CETA es el tratado comercial más progresista en la historia de la UE”, ha añadido.

“Nosotros, desde luego, vamos a seguir oponiéndonos al CETA en las instituciones y en las calles. Además, debemos decir que si el acuerdo está paralizado ahora mismo no es porque a Magnette se le haya cruzado un cable, sino porque en la región de Valonia ha habido una movilización de oposición muy fuerte, gracias al trabajo de movimientos sociales, sindicatos y trabajadores”, ha apuntado.

Albiol y los eurodiputados de IU Paloma López y Javier Couso firmaron ayer en Bruselas la declaración de representantes públicos contra el CETA promovida por varios grupos del Parlamento Europeo. Junto a ellos estaba el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y responsable de Economía de IU, Carlos Sánchez Mato, quien ve “totalmente fundada” la preocupación mostrada por Magnette sobre la protección de los servicios públicos y el sistema de arbitraje dentro del CETA.

“Tanto el CETA como el TTIP son instrumentos que superan los sistemas legales de los Estados que lo suscriben y convierten en papel mojado las decisiones que deberían tomar los Gobiernos respectivos por el bien de la mayoría social”, dijo. Y ese es el motivo por el que ayer un número importante de representantes de ciudades y municipios de todo el Estado español se reunieron en Bruselas para mostrar su rechazo al CETA. “Hablamos de ciudades y municipios que hemos aprobado en nuestros respectivos plenos mociones que explican cómo la protección de los servicios públicos se ve enormemente amenazada”, explicó, tomando como ejemplo la ciudad de Madrid.

“En Madrid estamos poniendo en marcha determinadas estrategias para devolver a la órbita pública la prestación de servicios que habían sido externalizados o privatizados”, pero con la aplicación de un tratado como el CETA, “esos servicios se verán nuevamente amenazados, ya que permiten que las grandes transnacionales puedan demandar a las administraciones públicas simplemente por el hecho de que quieran prestar sus servicios de forma directa”.